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  • La sociedad civil alerta a la comunidad internacional sobre riesgos de retrocesos en materia de pluralidad, derecho a la información y libertades en la propuesta de ley de telecomunicaciones
  • La ley propuesta por el gobierno federal permite la censura previa, viola el derecho a la privacidad y sólo garantiza los derechos de las empresas y no los de la ciudadanía.
  • La sociedad civil exige que la ley secundaria integre un piso mínimo de 18 puntos.

Este martes 1ero de julio, se entregó a la embajada de Estados Unidos y al relator especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, el documento « La Ley de Telecomunicaciones que queremos » como parte de una alerta internacional. Este documento firmado por 151 asociaciones de la sociedad civil comporta 18 puntos imprescindibles que deben contemplar las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que se debaten esta semana en el Senado.

El documento exige una ley con una perspectiva transversal de derechos humanos, que garantice la libertad de expresión, los derechos a la información y comunicación, de acuerdo a los estándares internacionales. La iniciativa gubernamental que actualmente se discute en el Congreso va en contra de lo establecido en la Constitución mexicana y representa un grave retroceso para el ejercicio de nuestras libertades que tanto trabajo nos han costado como sociedad; las leyes secundarias en telecomunicaciones y radiodifusión deben de preservarlas y agregarles progresividad tal como lo plantea el artículo 1º de nuestra Carta Magna.

Entre otros puntos, el documento subraya la importancia de:
– Un internet que sea un espacio plural, abierto y equitativo.
– Respetar los derechos a la privacidad en las comunicaciones.
– Garantizar el derecho de los usuarios y las audiencias Estos derechos deben primar sobre cualquier interés particular.
– Fomentar la pluralidad informativa.
– Asegurar una perspectiva transversal de género, la protección de la niñez y el acceso a la información de las personas con discapacidades.
– Establecer limites claros a la concentración mediática y económica.
– Garantizar medios públicos con independencia editorial.
– Garantizar la autonomía financiera y la sobrevivencia de los medios sociales.
– No reducir los tiempos gratuitos en radiodifusión que están a disposición del Estado.

Nos encontramos en un momento determinante: en las próximas semanas se aprobará la ley segundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Los 151 firmantes del documento exigimos al Congreso y a los partidos políticos a que legislen bajo su mandato de garantizar el bien común, la libertad de expresión, el derecho a la información y a la comunicación con el objetivo de privilegiar los derechos de la ciudadanía sobre cualquier otro interés particular. De no ser así, esta reforma pondría en riesgo nuestros derechos y democracia