Resulta muy grave que altos mandos militares, el secretario de Marina entre ellos, estén llamando a dar carpetazo al caso Iguala-Ayotzinapa: seis asesinados y 43 desaparecidos, y que se pida a madres y padres que se conformen para siempre con sus desaparecidos y sus muertos.
La política no es para los militares con mando y en el ejercicio de sus funciones. Déjese esta tarea a quienes tienen responsabilidades políticas, porque sería muy grave que ahora las decisiones políticas del gobierno y sus voceros se ubicaran en las fuerzas armadas.

El caso de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos o muertos no está cerrado con que se haya anunciado la identificación de uno de los desaparecidos, a partir de los estudios de un laboratorio austriaco. Tampoco porque se encuentren detenidos poco más de dos decenas de policías municipales o porque esté en prisión el ex presidente municipal de Iguala y su esposa, arraigada. Estos dos últimos, por cierto, sin cargos hasta ahora ni por las desapariciones forzadas ni por los asesinatos.

El caso no puede cerrarse con lo que hasta hoy se ha hecho del conocimiento público.

Falta mucho:

– La presentación de 42 estudiantes desaparecidos, de aceptarse como válida la identificación del número 43.

– Profundizar la investigación sobre los vínculos financieros de la delincuencia organizada con el ex presidente municipal de Iguala y su esposa (hecho conocido por altos funcionarios federales y estatales desde varios años atrás), y las ramificaciones de estos vínculos hacia el medio político (en el estado de Guerrero: otros municipios, Legislatura local, gobierno local, partidos políticos, legisladores federales), hacia jueces, ministerios públicos, agentes de los diferentes cuerpos policiacos o de seguridad (¿?) y sancionar, de acuerdo con la ley, a quienes hayan delinquido, por comisión u omisión, trátese de quien se trate.

– Plantearse el saneamiento y la restructuración a fondo del sistema nacional de justicia, de administración y de procuración, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Procuraduría General de la República hasta las instancias inferiores dependientes de estas instituciones, así como de los diferentes cuerpos de seguridad (¿?), como parte de la indispensable reforma de los mecanismos de ejercicio del poder.

– Fortalecimiento del sistema de normales rurales, paso indispensable de una verdadera reforma educativa.

Vuelvo al principio: el dolor y la indignación de madres, padres, hermanos, no es válido, no es ético, no es humano que se pida se acabe porque oficial, burocrática y políticamente se quiere ya cerrar un caso criminal. Falta mucho por investigar o por hacer públicos los resultados de lo investigado y aplicar la ley según corresponda.

Es necesario que los tres poderes del Estado, en lo federal, estatal y municipal, de acuerdo con sus responsabilidades, no den por cerrado el caso, en particular el Ejecutivo y el Judicial federales, los más directamente responsables de llegar al fondo en la solución de estos crímenes.

El gobierno, los funcionarios con las más altas responsabilidades, deben entender que el problema sólo se resolverá si se logra credibilidad, por parte de la opinión pública, empezando por los padres y las madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sobre la conducción y finalización del problema que hagan las autoridades.

Criminalizar las movilizaciones sociales sólo ahondará los problemas y hará más difícil y prolongada su solución. La observancia y la aplicación de la ley será lo que devuelva la tranquilidad social a la República.

En esta perspectiva, ante la pérdida de credibilidad de las instituciones nacionales, el Ejecutivo federal debe solicitar al Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los casos de desapariciones forzadas que designe una comisión que lleve a cabo las investigaciones del caso Iguala-Ayotzinapa, en sus aspectos directos e indirectos. Esto ayudaría a dar credibilidad a las informaciones sobre el caso.