A la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Al pueblo de México:

    Son ya más de tres décadas de políticas neoliberales, entreguistas y socialmente excluyentes, que han devastado al país y desmantelado instituciones fundamentales del Estado, concentrando la riqueza de manera desmedida en pocas manos, acrecentando la desocupación, la pobreza, la desigualdad, la injusticia y la dependencia.

    En los últimos meses, un alud de iniciativas de reformas recibieron la aprobación del Congreso, que culminó con la de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia energética. No hubo mandato alguno para estas reformas, dado que nunca formaron parte de la plataforma electoral de ningún candidato y fueron en cambio abordadas con premura legislativa sorprendente, quedando así carentes de legitimidad política y popular.

    Su aprobación no respondió a la visión de la mayoría del pueblo y mucho menos a la defensa de sus intereses. Ocurre en un momento en que la sociedad está acorralada por la violencia y se atropellan distintas formas de organización y manifestación. Así lo demuestran, dramática y cruelmente, acontecimientos recientes, entre los que destaca la indignante represión contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y la evidente incapacidad del Estado en su conjunto para atender y resolver un problema tan grave como este. 

    Desde que se anunció la reforma energética por parte del Ejecutivo, sectores democráticos de la nación nos planteamos, apoyados en la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución, la necesidad que una consulta popular fuera convocada.

    LOS CIUDADANOS TENEMOS EL DERECHO A SER CONSULTADOS, dicen la Constitución y la ley. Los Poderes del Estado tienen la obligación de consultar y escuchar a todos los ciudadanos sobre asuntos de trascendencia nacional, como es el caso de la reforma energética.

    La consulta que se demanda para que los mexicanos nos manifestemos respecto a las reformas de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, resulta procedente porque la economía nacional gira en alta proporción en torno al petróleo y los hidrocarburos, porque repercute en todo el territorio nacional e impacta al conjunto de la población.

    Nuestra petición se inscribe plenamente en los lineamientos de la Constitución y de la Ley Federal de Consulta Popular y para que sea convocada se han cumplido con amplitud los requisitos legales. Varios millones de firmas que respaldan la celebración de esta consulta fueron revisadas por el Congreso y el Instituto Federal Electoral. Hoy el dictamen del INE, validando que se ha cumplido con los requisitos de ley, se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual debe pronunciarse sobre la viabilidad de nuestro requerimiento.

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CONSTITUYE EL RESGUARDO ÚLTIMO DE NUESTRA INSTITUCIONALIDAD. Invitamos respetuosamente a sus Ministros a valorar nuestros argumentos y a reconocer la trascendencia y constitucionalidad de la consulta, para que la ciudadanía pueda expresarse democráticamente sobre un tema crucial para la vida del país, que está atravesando momentos sumamente difíciles. Abrir la puertas a una amplia participación ciudadana, contribuirá al fortalecimiento de la sociedad y de las instituciones.

EL PROCESO PARA REVERTIR LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES en materia energética está iniciado y ello significa la búsqueda de un camino distinto para un desarrollo nacional incluyente, socialmente justo, con crecimiento real de la economía, distribución equitativa de la riqueza, en paz y con un ejercicio pleno de la soberanía.

LLAMAMOS a los ciudadanos de convicción patriótica, progresista y democrática, a los miembros de organizaciones sociales y políticas afines con esta iniciativa, a sumarse a la CAMPAÑA POR LA CONSULTA POPULAR, plural y amplia, 

QUE impulse la celebración de la CONSULTA POPULAR sobre la reforma energética, con la mayor participación ciudadana, informada y consciente, el próximo 7 de junio del 2015.
QUE promueva y defienda nuestro derecho a ser escuchados y a la participación democrática de la ciudadanía en todas aquellas circunstancias y decisiones que le afecten.
Que se planteé realizar un esfuerzo permanente a favor de una política energética soberana, que estimule el crecimiento de la economía, la industrialización y el bienestar social.

INVITAMOS A SUSCRIBIR Y ADHERIRSE A ESTA PROPUESTA.

México, D. F., 25 de octubre del 2014.


soberaniaypetroleo@gmail.com                 soberaniaypetroleo.org


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