Las notas que siguen ponen el énfasis en algunos de los múltiples aspectos que hacen al funcionamiento de la ciudad y a la vida de sus habitantes. Tienen el propósito de aportar a la comprensión de lo que está ocurriendo y formular algunas proposiciones, en el contexto de las discusiones abiertas a partir de la reforma política y el proceso constituyente. Se asume que lo que ocurre en la ciudad es responsabilidad de todos.

Desde la primera elección democrática del Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal en 1997, dos modelos de ciudad han estado en disputa, aún bajo un mismo signo partidario. Uno, el que se inicia en esa fecha, de una ciudad para todos, delineado en contraposición a los postulados neoliberales ya vigentes entonces y otro, el que se despliega en el presente siglo en progresiva sintonía con el modelo impulsado por los sucesivos gobiernos nacionales. Desde entonces el discurso progresista fue sostenido en los hechos por ciertos programas sociales y una legislación de avanzada en relación a derechos civiles, pero ese discurso es contradicho en todo lo que hace a la estructura, configuración, funcionamiento y gestión de la gran ciudad, involucrando en ello a los tres poderes, al conjunto de las representaciones políticas y a la ciudadanía en general.

La reforma política del Distrito Federal, aprobada el 16 de diciembre de 2015 y declarada constitucional el 20 de enero de 2016, abrió el proceso para la elaboración de la Constitución Política de la CDMX y con ello, la oportunidad para plasmar el modelo de ciudad que exprese a la mayoría de los habitantes. El desafío es imaginar la ciudad de todos y poner en juego las capacidades políticas para construirla entre todos. Tenemos por delante la tarea de establecer claramente lo que está ocurriendo con la ciudad y su contexto metropolitano y regional, su gobierno, sus formas de representación, la participación ciudadana, la institucionalidad vigente, los mecanismos de gestión y el papel de los medios de comunicación privados en la conformación de la opinión pública y la cultura del espectáculo, para, desde allí, dibujar el camino a recorrer con proposiciones y acciones.

La planeación urbana en la hoy Ciudad de México, se ejercitó por última vez durante la administración de Cuauhtémoc Cárdenas como Jefe de Gobierno del Distrito Federal, período 1997 – 2000. A partir de entonces, los órganos de regulación y control correspondientes desaparecieron o se fueron desvaneciendo o fueron distorsionados o sustituidos. Así, la liquidación del Fideicomiso de Estudios Estratégicos sobre la Ciudad de México, la promulgación del Bando 2 que permitió la acción avasallante del sector inmobiliario en las delegaciones centrales, la aplicación pervertida de la Norma 26, con admisión de la autoridad o las autorizaciones discrecionales de uso del suelo.

Desde entonces el destino territorial del Distrito Federal y del Área Metropolitana, es determinado plenamente por el capital financiero inmobiliario quien decide qué, cómo, cuándo, dónde. Si alguna contención había sobre la mercantilización del espacio urbano, ésta empezó a esfumarse a partir del año 2000, para quedar solo en las manos de la tenaz resistencia de organizaciones ciudadanas ante distintos atropellos y despojos.

El capital financiero es el constructor de la ciudad y el destructor de la vida social y la naturaleza: deforestación para abrir espacio al concreto; segundos pisos para beneplácito de la industria automotriz y para llegar más rápido al siguiente congestionamiento; grandes edificios corporativos, hoteles y viviendas, jalonando el corredor de primer mundo Reforma – Santa Fe con moderna arquitectura globalizada y alta tecnología; grandes centros comerciales, de espectáculos y supermercados en toda la ciudad (1); mega conjuntos habitacionales de interés social en el área metropolitana alejados de las fuentes de trabajo (2); construcción indiscriminada de edificios de vivienda de renta media y alta para “compactar la ciudad” (3); miles de cajones de estacionamiento en todas las intervenciones; disfuncionalidades como la operación de la Central de Abasto, vialidades saturadas incapaces de absorber el tránsito generado por el volumen de construcción, privilegios al transporte individual y sistemas de transporte colectivo insuficientes, dibujan el contorno de una ciudad espacialmente fragmentada, socialmente segregada y funcionalmente deficiente.

Hay una descontrolada apropiación de valor por parte del capital privado que refuerza la concentración de riqueza y a cambio de ello se configura una urbe con problemas cada vez más graves en infraestructura, equipamiento, provisión de servicios y medio ambiente, que se manifiestan en inundaciones, crisis por provisión de agua o recolección de basura, colapsos frecuentes del sistema de movilidad y últimamente la reaparición de contaminantes ambientales que se creían desterrados. Las respuestas son siempre contingentes, coyunturales y desestructuradas, consecuencia de la falta de planeación y de previsión. Lo son también porque la mirada política está centrada en la gestión de imagen antes que en la gestión de la ciudad, en el control de daño político antes que la prevención del daño a los habitantes. Y lo que el gobierno no da, el libre mercado no lo provee.

Contribuye la existencia de una estructura de gestión en la que conviven formas administrativas anacrónicas, con otras que son espacios progresistas (reductos de una visión distinta) y con otras que intentan plasmar una nueva institucionalidad.  Por su parte, el espacio deliberativo no representa el interés de la ciudadanía sino el de los grupos de poder, al igual que el sistema de impartición de justicia, anacrónico, lento y discrecional. Esta institucionalidad, en conjunto, es refractaria a la participación ciudadana en la toma de decisiones, en el control de la acción pública y en el diseño y definición de la ciudad a partir de una discusión abierta y plural. El modelo de gestión que expresa está en sintonía con el modelo hegemónico impuesto en el país, para el cual planeación y participación son anacronismos que se sustituyen con mercadotecnia y publicidad.

Un ejemplo de “nueva institucionalidad”. Sólo como una referencia parcial, con la actual administración varias dependencias tienen actuación directa vinculada a la cuestión urbana: SEDUVI, SEDECO, SOBSE, SEMOVI, PAOT, PROCDMX, cada una con su propia “bandera” de gestión, con la impronta de cada titular y sin referencia visible a un plan general de desarrollo urbano. Cada tema o proyecto es tratado a partir de sí mismo y entre todos suman una serie de intervenciones desarticuladas entre sí, pero todas, de una u otra manera, vinculadas al capital privado en su operación.

En particular, la Agencia de Promoción, Inversión y Desarrollo para la Ciudad de México (PROCDMX) es paradigmática de esta nueva institucionalidad en gestación para poner al Estado al servicio del libre mercado, no de su regulación. En los hechos es un organismo público que trabaja para la inversión privada con la coartada de la modernización de espacios y servicios públicos. Los grandes proyectos que encabeza PROCDMX son grandes negocios de inversión planteados sobre espacios que son patrimonio de la ciudad y sus habitantes. En general se resuelven con discreción, cenacularmente, en círculos cerrados, entre pares de los negocios y luego, si es necesario, se presentan a consulta para que los ciudadanos incorporen sus observaciones o se ofrecen medidas de “mitigación” para acallar reclamos. (“El corredor y el sentido”, CL, 20 noviembre 2015).

Hoy la Agencia pasó a un segundo plano en virtud de sus desaciertos y de una formidable resistencia ciudadana a sus iniciativas, pero es un crudo ejemplo de cómo se viene concibiendo el “desarrollo” de la ciudad desde hace varios años y de cómo se adecúa la institucionalidad.

La “modernización” institucional incluye transferir al sector privado la prestación de una serie de servicios bajo diferentes modalidades de subrogación o concesión y siempre con alta rentabilidad, para lo cual muchas veces la ciudad subsidia el negocio. Sin embargo este proceso no va acompañado de mayor eficiencia en la prestación de los servicios ni se traduce en una administración más eficaz, ni en ahorros para el ciudadano.

La participación ciudadana, que debió ser el anclaje principal para una gestión diferente de la nacional, no fue materia de mayor preocupación en los últimos años. A pesar de la apertura democrática iniciada en 1997 y de las iniciativas tomadas entonces, no puede hablarse de logros sustanciales en el proceso de tener una participación ciudadana abierta, plural, comprometida y conciente.

De suyo, el compromiso y la participación vecinal, en general, son de muy bajo perfil. Buena parte de los ciudadanos son prisioneros de una cultura del tipo de “atender nuestras necesidades es tarea del gobierno”, y que se traduce en una “no participación”, inercial, heredera de viejos paternalismos. Y de una cultura mediática que alimenta el comportamiento individual con exclusión de toda otra forma. Diferente es el caso de las organizaciones sectoriales de la sociedad civil, verdaderas impulsoras de espacios de transformación y de obtención de derechos.

En el comportamiento gubernamental, en distintos niveles, el cálculo clientelar, el interés de grupo, el negocio y la proyección personal desde la gestión de la ciudad, sustituye la mirada del bien común, la construcción de ciudadanía y una real apertura a la participación. Al mismo tiempo subyace el viejo temor de los políticos  -afirmados en una lógica de poder vertical-  a la participación organizada de los ciudadanos en su territorio, en su espacio.

Hay ejemplos de propuestas desarrolladas desde la ciudadanía, desde los vecinos que, con muy contadas excepciones, no encuentran receptividad en las autoridades. En parte porque éstas pertenecen a una institucionalidad que no está preparada para la participación y no la estimulan, no la promueven, no les interesa, no saben manejarse con ella. Pero principalmente, porque la participación democrática y consciente de la ciudadanía se contrapone con el modelo neoliberal, es disfuncional.

En el accionar concreto de gobierno, los ciudadanos somos prisioneros de tomas de decisiones verticales, discrecionales, impregnadas de opacidad e impunes en el tiempo. Los ciudadanos no definimos el tipo de ciudad que queremos habitar. Las autoridades electas  no representan realmente al conjunto ni trabajan para todos. Los programas y acciones son definidos por unos pocos funcionarios, inconsultamente. Las normas que nos rigen, mil veces adecuadas y corregidas, son decididas por un reducido número de representantes…de sus propios intereses. El territorio de la ciudad no está en manos de sus ciudadanos, está en manos del capital financiero inmobiliario y a él se someten la mayoría de las regulaciones y de los comportamientos.

El discurso que acompaña  esta forma de decidir sobre la ciudad tiene implicancias que van más allá de lo circunstancial y que debe analizarse. Es el discurso engañoso de tener, todos, una ciudad moderna, tecnologizada, con los espectáculos al día, en sintonía con las grandes ciudades del mundo. “Participativa”, sólo porque el ciudadano puede participar en el uso de esa ciudad, de su “glamour” mercantilista, aunque no tenga oportunidad de decidir sobre ella. De “beneficio para las mayorías”, que es en realidad construcción de imaginario porque  la utilidad real es para unos pocos. El discurso esconde lo que hay detrás (una ciudad con segregación, desigualdad, inseguridad e injusticia), usurpa lenguaje progresista si es necesario para que las palabras disfracen la apropiación y el despojo y justifiquen el abuso. Ofrece cada día un plan o una acción distintos, con gran despliegue publicitario y mediático para alimentar sensaciones de ejecutividad. Todo en nombre de la sociedad receptora de los beneficios, algunos de los cuales son ciertamente genuinos y sirven para una suerte de cosmética de la gestión.

En refuerzo al discurso, desde antes, una ciudadanía sometida a constante bombardeo mediático en torno al paradigma del libre mercado va internalizando inconscientemente sus valores supremos. Simultáneo con el cambio de la economía de producción a la economía de especulación, de lo fabril a lo financiero, de la ética del trabajo a la estética del consumo, se desarrollan nuevos significados en los lenguajes sociales, culturales, económicos y políticos, entronizando la mercantilización, el consumo, el hedonismo, el individualismo, el egoísmo. Nuevas formas de interpretación de la realidad y de vivir lo cotidiano desde los valores del mercado.

Los medios juegan con visiones fragmentadas y construcciones virtuales de la realidad, apelando a las emociones, diluyendo compromisos colectivos, desactivando pertenencias, introduciendo el miedo a lo externo concreto y la desconfianza hacia el otro. En suma, deconstruyendo al ciudadano y construyendo al consumidor volcado sobre sí mismo.

Todo es mercancía y espectáculo: el goce instantáneo, la gratificación personal antes que nada, la educación para el éxito, la salud como estética y hasta la forma de relacionarse con el otro es subsidiaria del acto de comprar, de preferencia en los grandes y modernos centros comerciales distintivos de la urbe moderna (1).

Los medios de comunicación son artífices de esta transmutación de valores que se está operando en el conjunto de la sociedad para la construcción de un sentido común acorde al modelo hegemónico, que alimenta la fragmentación social, el debilitamiento de lo comunitario  y la segregación territorial, al mismo tiempo que su aceptación inconsciente como insoslayable signo de época.

El discurso mercantil y especulativo no incluye valores de solidaridad, de comunidad, de cooperación desinteresada. Aunque, por razones de vacua legitimación, el discurso institucional refiera a ellos: “entre todos podemos”, “decidiendo juntos”, …, desarrollando un lenguaje equívoco, que muchas veces oculta intenciones, otras apela a conceptos rebuscados o formulaciones incomprensibles reservadas a unos pocos y siempre enfatiza el sentido social y el costado humano de la acción de gobierno. Todo en beneficio de la ciudadanía, misma que si bien le va, es consultada pero nunca decide.

Para el neoliberalismo, no hay alternativa al libre mercado y la sociedad debe articularse en su torno, desde las individualidades. Esta cruda falacia requiere de un discurso que suavice las aristas de la ortodoxia y vaya construyendo el lenguaje de la modernidad, de la modernidad neoliberal presentada como política progresista, con una pauta cultural ajena a nuestra historia.

Siempre hay alternativa y siempre hay otra forma de hacer las cosas. No es el individualismo lo que define al ser humano, sino su espíritu gregario, de solidaridad y cooperación. De realización en comunidad. De verse reflejado en el otro. Desde esta certeza la gestión de la ciudad debe ser reformulada democráticamente.

Una prioridad es tener una visión integral de la ciudad, en sus problemas y en sus posibilidades, establecida desde la relación entre naturaleza, espacios construidos, gobierno y habitantes, desarrollada y asumida por todos. Como un marco de referencia, institucional y ciudadano, para toda actuación.

La planeación democrática y participativa es el principal instrumento para una rectoría eficaz de la gestión urbana. Desde la visión regional hasta la escala comunitaria del barrio, la colonia o el pueblo. Conteniendo las necesidades e intereses de los sectores públicos, privados y sociales, en el sentido de un pacto para el desarrollo armónico de la ciudad, con respeto a los derechos de todos.

Todo modelo de gestión al servicio de los ciudadanos, puede y debe plantearse contemplando la participación consciente y crítica, organizada y politizada. En el territorio, a diferentes escalas, definiendo prioridades programáticas y teniendo posibilidad de controlar la aplicación de recursos. En los órganos de gobierno, discutiendo la formulación de políticas. En el intercambio de información y conocimiento para alimentar la construcción de ciudadanía.

Cualquier intervención urbana puede y debe plantearse a partir de la participación ciudadana, vecinal, comunitaria, colectiva. Desde el principio y como sujeto activo en la valorización del espacio público. En la elaboración del diagnóstico y la discusión de propuestas de solución, la formulación de un programa de necesidades, proyecto, viabilidad y formas de financiamiento. En cada fase está la posibilidad de la participación corresponsable, de modo que la realización de cualquier negocio no se convierta en atropello y despojo.

Otro instrumento fundamental es la palabra, hoy monopolizada por las corporaciones mediáticas. Una ciudad para todos requiere el ejercicio de la palabra por parte de todos, para lo cual la ciudad necesita medios propios, independientes, despojados de paradigmas hegemónicos, difusores del pensamiento crítico, informantes objetivos de lo que ocurre en la ciudad, impulsores de una cultura libertaria.

Tenemos por delante la elaboración de una propuesta integral, hoy inexistente, que permita desarrollar una ciudad para todos; disputar políticamente, palmo a palmo, día a día, la construcción de una democracia participativa y de un sentido común descolonizado; articular las múltiples resistencias, reclamos e indignaciones; recuperar nuestra palabra y su proyección cultural; darle sentido a la política; reformular la institucionalidad vigente y su normatividad y sumar la fuerza política ciudadana capaz de llevar adelante las transformaciones que se necesitan. La búsqueda de un nuevo estatus jurídico para la entidad, puede constituir el marco adecuado y puede ofrecer una oportunidad propicia.

Cuatro premisas para un constituyente.

  1. La realización de la ciudad requiere una relación armónica entre naturaleza, espacios construidos y seres humanos (sustentabilidad). Significa controlar férreamente al capital financiero inmobiliario y propiciar una distribución progresiva de la renta. Tener un sistema de planeación del desarrollo urbano elaborado con participación ciudadana, privilegiar los proyectos comunitarios, no más mega-desarrollos ni super vías sin aprobación ciudadana. Recuperar áreas naturales y de forestación urbana y rural. Ampliar y profundizar los derechos sociales y civiles obtenidos.
  1. Un gobierno democrático necesita de una participación ciudadana activa (democracia participativa) en la programación del gasto público, en los programas operativos anuales y en el control de gestión. Significa mayor proximidad entre gobernantes y gobernados en todos los niveles, redimensionar las alcaldías y subdividir a éstas en espacios territoriales cuya dimensión facilite el control ciudadano. Significa órganos de representación política ciudadanizados, abrir espacios a la participación en diferentes modalidades, desarrollar conciencia, construir ciudadanía.
  1. El Estado debe recuperar su función rectora. Significa desarrollar una institucionalidad racional, eficiente, moderna, que responda a las necesidades de la mayoría de los habitantes no de los funcionarios ni del capital privado. Que sea espacio de gestión, no de lucro político, ni de negocios particulares, ni de corrupción. Con una normatividad clara y de fácil interpretación, que no deje espacio a la impunidad, ni se use políticamente. Incluye la revisión integral del sistema de procuración e impartición de justicia, así como la integración del legislativo.
  1. La ciudad requiere un sistema de medios de comunicación propios, no del gobierno, con capacidad para encarar la disputa cultural que el momento impone. Para tener su propia palabra y romper con la lógica del consumo, la enajenación del pensamiento, la espectacularización de la vida y la política y la mercantilización de las ideas y los individuos. Para informar y dialogar, explicar políticas y programas, apuntalar la construcción de una ciudadanía solidaria y comprometida con la ciudad.

NOTAS

  • La proliferación de estos espacios en la ciudad tiene múltiples impactos: en el modelado urbano al incorporarse a la trama sin planeación alguna, en el sistema de movilidad con la alteración del flujo vehicular, en el sistema de relaciones sociales con el desplazamiento de formas históricas de organización del comercio (mercados, tianguis, estanquillos) y con impacto en la cultura, en la construcción de subjetividades egoístas al reforzar el individualismo consumista, el hedonismo, la gratificación personal. Estos espacios retroalimentan el mecanismo mediático que opera en la misma dirección y por el cual se debilita la cohesión social, se fragmentan las relaciones y se refuerza el vínculo individuo-mercancía.
  • En lo que va del presente siglo, en el área metropolitana se han construido cientos de miles de viviendas de interés social (Tecámac, Zumpango, Ecatepec, Ixtapaluca, etc.) ocupando miles de hectáreas de tierra cultivable con pequeñas casas de 35 m2, lo que representa un atropello a la razón, un despojo por apropiación de renta y una estafa que involucra a inmobiliarias, autoridades y organismos financieros. Las urbanizaciones están alejadas de las fuentes de trabajo, no cuentan con equipamientos de la escala apropiada, el sistema de transporte es insuficiente y los municipios no tienen capacidad para atender los servicios. En consecuencia, el 40% de las viviendas fueron abandonadas, lo que se traduce en pérdidas individuales, públicas y ambientales, pero no para el capital financiero y las inmobiliarias.

La publicidad, la mercadotecnia y el tratamiento mediático de los grandes planes de vivienda bombardearon de la peor manera las aspiraciones de miles de jóvenes trabajadores que vieron el sueño de la casa propia al alcance de la mano, para recoger luego frustración y descontento.

De todos modos, el impacto de esa masa de viviendas sobre el conjunto de la ciudad no hace más que multiplicar sus problemas.

  • Bajo la excusa de compactar la ciudad y respondiendo sólo a las necesidades del capital, se produce otra modalidad del despojo por apropiación de renta, y además, se hace a partir de la irracionalidad de no contemplar capacidades de la infraestructura, equilibrio ambiental, relaciones comunitarias e impacto sobre el funcionamiento de la ciudad. Esta oferta va dirigida a un nivel socio económico que deja afuera a los sectores de bajos ingresos a quienes sólo les queda la opción del área metropolitana.

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