Si los derechos humanos de primera generación son los civiles y los políticos, los derechos culturales son considerados parte de una nueva generación que los amplía y profundiza.

Se trata de derechos orientados a garantizar que las personas y comunidades puedan manifestar sus diversas identidades en condiciones de igualdad, dignidad y no discriminación, así como a acceder a los bienes y servicios culturales, a la formación y educación en arte y cultura, a la preservación de su memoria histórica y de su patrimonio cultural, al uso de la lengua de su elección y la protección legal de las obras que crean.

En el año 2009, se concretaron reformas a la Constitución de la República de manera que el Estado Mexicano asumió la responsabilidad de tutelar los derechos culturales, pero en este 2016 el proyecto de Constitución que envió el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México a la Asamblea Constituyente significa un paso adelante en nuestra historia legislativa.

Esta iniciativa da respuesta cabal a la demanda expresada con anterioridad por colectivos, académicos y promotores culturales: rescata los principios de la Declaración de Friburgo y Agenda 21 de la Cultura, incluye la garantía del ejercicio de los derechos culturales, y además los enuncia por primera vez de manera explícita (aunque no limitativa) como un catálogo mínimo y ampliable de derechos.

La propuesta busca garantizar la propia identidad, asegurando el derecho a “elegir y que se respete la identidad cultural de las personas, en la diversidad de sus modos de expresión”. Esto nos remite al concepto de que toda persona es portadora de cultura, con derecho a pertenecer a una o más comunidades culturales (o a ninguna si fuera su elección) y a que se respete su memoria y se preserve su conocimiento tradicional.

Se establece también que toda persona debe tener derecho a “participar en la vida cultural de su comunidad a través de las actividades que libremente elija y a acceder a los espacios públicos para sus expresiones culturales”.

La iniciativa establece, como un derecho de todos, disponer de una formación que asegure la libertad de expresión.

Hoy, el eje de los programas culturales de la Ciudad es el desarrollo comunitario: priorizamos la intervención de espacios públicos, la formación artística con un enfoque social (los Faros son ejemplo de ello), la sostenibilidad de las iniciativas culturales y el desarrollo de capacidades colaborativas a través del arte; por eso me parece fundamental que la Constitución establezca el derecho a “ejercer las propias prácticas culturales” y a “emprender proyectos, iniciativas y propuestas culturales”.

La misma iniciativa menciona el derecho “a recibir una información libre y plural y a participar, por medios democráticos, en el diseño y evaluación de las decisiones que afectan el ejercicio de los derechos culturales”.

El texto asume de manera ejemplar tres circunstancias características de nuestra ciudad: Su naturaleza diversa, cuyo fundamento se basa en el reconocimiento de la pluralidad cultural, social y étnica de la capital del país con especial relevancia tanto en los pueblos indígenas y originarios, como en ser destino de migraciones y exilios, “lo que la convierte en una ciudad refugio”; las experiencias en materia de políticas culturales acumuladas por la ciudad, fundamentalmente por los gobiernos emanados del voto ciudadano desde el año 97; y finalmente una visión de futuro que incluye a la cultura como pilar del desarrollo y pieza clave de la gobernanza democrática.

Confío en que esta propuesta, producto de la reflexión y del trabajo colegiado de muchos, que rescata los principales textos del ámbito internacional, merezca la atención debida y sea enriquecida por una Constituyente sensible a una temática fundamental para nuestra vida pública.

*El autor es Secretario de Cultura de la Ciudad de México, integrante de la Fundación para la Democracia y de Por México Hoy.

Publicado originalmente en El Norte