Por cerca de tres décadas, desde que el Presidente José López Portillo concluyó su sexenio, México ha perdido espacios significativos de soberanía nacional en todos los órdenes de su vida política y económica. Los gobiernos que le sucedieron al sexenio concluido en 1982, han aceptado en forma incondicional las políticas económicas derivadas de un sistema financiero internacional que respalda su sobrevivencia en la obtención de flujos de liquidez a costa de suprimir el desarrollo económico de las naciones. El resultado de esta sumisión es el desmantelamiento de la economía nacional, decrecimiento económico, desempleo, pobreza creciente; y lo más preocupante la pérdida de control por parte del Estado en el manejo de los recursos naturales estratégicos.

En esta tendencia, acentuada durante la última década, cobraron fuerza los denominados esquemas de inversión público-privados, bajo los cuales -y sin mucha sutileza- dependencias como CONAGUA pretenden entregarle el manejo del agua y el control de cuencas hidrológicas a corporativos privados que descaradamente reclaman el manejo de lo que cínicamente denominan “el prometedor mercado del agua”.

Asegurar que el agua siga siendo propiedad de la nación, y se conserve tal y como todavía la define la Constitución, como un bien estratégico y como un insumo fundamental para el desarrollo económico y el bienestar general de la población, es sin duda un asunto de orden existencial para el futuro inmediato del país y para las posibilidades mismas de todo programa económico que se oriente a recuperar a la nación del caos en el cual se encuentra. Perder el control soberano sobre el agua sería tan grave como perder la rectoría del Estado en el manejo del petróleo.

La nueva “Cultura del Agua”

La docena panista en el Gobierno Federal, se convirtió en un instrumento facilitador para que el país se entregara a los intereses financieros internacionales que bajo el eufemismo de la “Nueva Cultura del Agua”, le clausuraron a la nación toda política de gestión de más agua -impidiéndole la construcción de grandes obras de infraestructura hidráulica- y le impusieron el esquema fatalista de que México debe ajustar sus posibilidades de crecimiento solamente al agua lograda con la infraestructura existente, mejoras en la administración de los disponible, reciclaje, y los más importante, que el manejo del recurso pase a manos de intereses privados al consecionarles la construcción y operación de obras con ese propósito específico.

Bajo este esquema, el país ha venido sufriendo desde la desaparición de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y la creación de la Comisión Nacional del Agua en 1984, una serie de reformas a la Ley Nacional de Aguas, dirigidas a desregular el manejo del recurso y a crear los espacios para su privatización. Desde la creación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recurso Naturales (SEMARNAT), esta tendencia alcanzó mayor profundidad y tales dependencias empezaron a operar como virtuales enclaves de intereses financieros internacionales que, con ropaje ecologista, se han dado a la tarea de suprimir y negarle recursos a aquellos proyectos de infraestructura que pudieran fortalecer las capacidades nacionales de crecimiento económico y producción de alimentos; para solo respaldar aquellos que les permitan control sobre recursos naturales y negocios especulativos que debilitan a la economía nacional.

Por ejemplo, desde principios del sexenio de Vicente Fox, la SEMARNAT estableció convenios con el World Wildlife Fund (WWF), Fondo Mundial para la Defensa de la Vida Silvestre, una fachada ecologista del Imperio Británico y sus intereses financieros. En el convenio también participó el corporativo CARSO, propiedad del mega especulador Carlos Slim. Con ese convenio México se ajusta a las consideraciones ambientalistas a modo de quienes están tomando control de nuestros recursos naturales.

Después de estos acuerdos, ocurridos cuando José Luís Luege Tamargo ocupaba la SEMARNAT, la CONAGUA como entidad dependiente de esa secretaría y ahora dirigida por David Korenfeld, quedó totalmente sometida a los criterios del WWF en el manejo del agua, y a partir de entonces el mismo Grupo Carso ha venido exigiendo que se le entregue el manejo del mercado del agua en el país.

La envoltura de toda esta operación está normada en el proyecto global lanzado por el WWF bajo el candoroso título de la Nueva Cultura del Agua. Los funcionarios de la SEMARNAT y de la CONAGUA explican muy bien el contenido esencial de esa Nueva Cultura cuando dicen que los viejos parámetros que estimaron el agua como un insumo para la producción de bienes útiles para el consumo de la población, especialmente los alimentos, deben ser sustituidos por esquemas “más eficientes” donde el uso del agua se mida por su resultado en dinero. Y lo hacen explícito: el ex subdirector de la dependencia, Sergio Soto Priante, en su momento dijo que reditúa más dinero un metro cúbico de agua en la alberca de un hotel, que el utilizado en el riego de una planta de maíz o trigo.

Las Buenas Obras de Carlos Slim

A la sombra de la Nueva Cultura del Agua, uno de los principales beneficiarios ha sido Carlos Slim. Protegido por los corruptos esquemas de inversión publico-priva, el hombre-dinero propietario del Grupo Carso, aparece recurrentemente en proyectos hidráulicos orientados a los negocios y a la especulación, y por supuesto ajenos al desarrollo nacional. Así se observa su presencia en la construcción de un acueducto de cerca de setenta kilómetros, para abastecer a Ciudad Juárez Chihuahua, donde el mismo Slim, ya adquirió buena parte del Centro Histórico de esa ciudad. Al mismo tiempo el gobernador de ese estado, César Duarte, a principios del 2011 dio a conocer que la consultoría que lo asesora para los proyectos hídricos de esa entidad es el Grupo Carso, que también se propone construir una hidroeléctrica sobre el río papigochi, uno de los principales afluentes de la Cuenca del Río Yaqui que abastece a un millón de habitantes en el Sur del Estado de Sonora e irriga al Valle del Yaqui principal productor de trigo en el país.

La empresa IDEAL, también propiedad de Carlos Slim, fue favorecida con el contrato de construcción de la planta tratadora de aguas residuales ubicada en Atotonilco Hidalgo y considerada la más grande del mundo. El proyecto le daría tratamiento a las aguas residuales de la Ciudad de México y su área metropolitana.

Al Asalto del Río Yaqui

Previo a la aparición abierta del Grupo Carso con el gobernador de Chihuahua -anunciando los planes de tomar control sobre uno de los principales afluentes de la Cuenca del Río Yaqui- en Sonora, el Gobernador Guillermo Padrés, desde principios del 2010 anunció el propósito de construir un acueducto desde la Presa el Novillo, ubicada en la Cuenca del mismo Río Yaqui, para desviar el agua a la Ciudad de Hermosillo. Inicialmente el Grupo Carso aparecía como uno de los posibles beneficiados con la construcción y operación de la obra, pero las denuncias masivas de una poderosa oposición a la realización de esta obra en el Sur del estado de Sonora, obligaron a Carlos Slim, a dar una retirada táctica y el gobernador decidió entregarle la construcción de la obra a una fachada de empresas que podrían estar funcionado como mampara del mismo Grupo Carso.

La característica de esta política es subvertir el principio en que se cimentaron las bases mismas de la existencia de la nación. Lograr niveles crecientes de autosuficiencia alimentaria bajo la ecuación agua-alimentos, contrario a la que hoy se nos está tratando de imponer: el esquema agua-dinero. Lo que se pretende hacer con las aguas de la Cuenca del Río Yaqui, tipifica los planes criminales que estos intereses tienen diseñados para el país entero.

Supeditados a lo impuesto por el WWF en México, el gobierno federal y las dependencias relacionadas, han renunciado a toda política de gestión de más agua. Lo que es peor operan como saboteadores de los grandes proyectos de infraestructura hidráulica que México trazó desde los años sesenta para aprovechar más del cincuenta por ciento de los escurrimientos nacionales que aún siguen retornando al mar.
En torno a la política de de supeditación al manejo y administración del agua disponible, se quiere hacer valer la falacia de retirarle agua a la producción de alimentos para supuestamente proteger el consumo humano. Contrario a lo absurdo de estos dichos, la realidad es que somos deficitarios en cuanto a disponibilidad de agua, y que necesitamos más agua para consumo humano y para consumo agrícola. Porque a la hora de consumir un huevo, de comer una tortilla o de consumir un pedazo de carne, estamos ingiriendo metros cúbicos de agua. Estas falacias, pretenden encubrir el hecho de que quieren convertir el agua en mercancía a costa de destruir la capacidad nacional de producir los alimentos que la nación necesita.

Si estos planes se consuman en Sonora, y avanzan en otras partes del país, se le ocasionará una herida a la nación de la que difícilmente se recuperará. Evitarlo es tarea de quienes aún viendo a la nación aplastada, humillada y aterrada, sabemos que está viva y su futuro es posible.

Ciudad Obregón, Sonora, 17 de octubre de 2014