Javier Esguevillas Ruiz

Uno de los debates que de manera permanente se producen entre los grupos políticos y sociales vinculados al pensamiento y la participación política progresista, (tanto en América latina como en el mundo), gira alrededor de la necesidad de, por medio de políticas públicas, como alcanzar una sociedad más justa, donde la desigualdad y las z diferencias sociales sean reducidas a su mínima expresión. Indicar cuál es camino y el modo más eficaz para lograrlo, hace que el debate pase de la esfera de lo utópico y lo imposible, a uno sobre la capacidad y necesidad real para lograrlo, por parte de las fuerzas sociales y políticas progresistas, y su visión social sobre el desarrollo humano.

Se trata de debatir sobre cómo alcanzar un desarrollo equitativo y justo para todos los pueblos del planeta, en todos los estados y para todos los ciudadanos. Alrededor de este objetivo, históricamente se han venido adaptando formas y caminos diversos, todos bajo el nombre de modelos o propuestas progresistas. Es en este escenario donde ha existido buena voluntad pero no siempre se ha logrado plantear propuestas que logren ese nuevo espacio de igualdad y justicia a corto plazo.

Por ello, creo razonable plantear este mismo debate en estas líneas, bajo la búsqueda de la eficacia y ante la pregunta de qué debe de ser prioritario en una agenda progresista en la actualidad. Es decir, si para lograr el desarrollo, es precisa la existencia de un modelo democrático, un modelo económico basado en el mercado con sus matices o la existencia de un estado de derecho y el imperio de la ley en el seno de la sociedad actual. De ahí la necesidad de priorizar y explicar por qué lo hacemos de una u otra manera.

Como punto de partida, no creo estar muy equivocado si afirmo que, de manera tradicional, conceptos como economía (modelos) y democracia, ocupan un lugar prioritario en las exigencias y planteamientos progresistas cuando se reivindica el objetivo del desarrollo, ello, por encima de la necesidad de contar con un orden jurídico claro y justo, como prioridad. Sin embargo, bajo estas líneas pretendo poner sobre la mesa algunas ideas y planteamientos que van en sentido contrario. A modo de debate abierto planteo la necesidad de contar con un conjunto de leyes y normas en todas las esferas de la sociedad, que sean el principal objetivo del sector público y privado: cumplirlas y hacerlas cumplir.

Para ello es importante, por lo tanto, lograr un modelo de organización social, política y económica donde la ley sea de estricto cumplimento para todos y todas. Por otro lado, implica garantizar la existencia de fondos económicos suficientes por pate del sector público para poder realizar políticas y acciones de amplio contenido social, lo cual precisa de una sociedad donde la solidaridad fiscal, la no evasión de impuestos, el cumplimiento estricto de un conjunto de normas jurídicas fiscales, hagan que el Estado tenga sus fondos económico necesarios. Para ello me permito compartir los planteamientos que hace el Prof. Frank Emmert, en su artículo “Market Economy, Democracy, or Rule of Law? What Should be Prioritized to Promote Development” Y por otro lado aceptar, me referiré a ello más adelante, el concepto de capital social , que defiende el filósofo Prof. Peter Singer .

Para Frank Emmert, el uso durante las últimas décadas de una parte sustancial de los fondos de cooperación al desarrollo por parte de los países desarrollados ha estado abocado al cumplimiento de la idea de la condicionalidad de la ayuda con base en el logro de determinados objetivos. Lo cierto es que esta noción de ayuda condicionada ha seguido la premisa de vincular el acceso a dichos fondos a la implementación de políticas tendientes a la democratización y el libre mercado en países en vías de desarrollo. En tanto que estos últimos demostraran su esfuerzo por profundizar la consolidación democrática del Estado en todos sus niveles y poderes, sería acreedor a la ayuda internacional vía los fondos de cooperación para el desarrollo. Indudablemente, esta nueva dinámica que floreció junto con la cristalización de los Objetivos del Milenio en el año 2000, ha traído beneficios y estabilidad a zonas del mundo donde la desesperanza y el conflicto se han visto suplidas por procesos nunca vistos de desarrollo. Son datos que se podrían corroborar siguiendo el Informe Mundial del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Pero analizando con mayor profundidad la realidad, esto no necesariamente es cierto. La desigualdad, la inequidad y la discriminación siguen siendo una realidad en dos terceras partes del mundo. De manera más concreta, América Latina sigue estando marcada por estos problemas. Contrario a lo que preveía este esquema de condicionamiento del desarrollo, se trata de una región donde el boom económico no parece tener como consecuencia la mejora en la calidad de vida, la extensión de los beneficios sociales o la bonanza distribuida equitativamente para todos los estratos sociales. Tal como lo expresa Emmert,
Lo cierto es que los datos, nada equívocos de las instituciones de la Naciones Unidas encargadas de estos procesos, y los países donantes de fondos para desarrollo no han logrado, de manera sustancial, que la democracia haya aparecido en países donde se han concedido importantes fondos económicos para policías de cooperación.

En este sentido, si este tipo de cooperación internacional no ha logrado propiciar la formación de más democracias consolidadas, mucho menos ha conseguido generar más desarrollo, o al menos no con las características a las que se aspira desde una perspectiva progresista. Sin embargo, quizá debamos analizar de manera muy breve el concepto de democracia, para poder entender la postura de manera más clara, y poder argumentar a favor o en contra de la misma.

Apoyándonos en los planteamientos clásicos de la ciencia política, la democracia no es un estado o situación concreta, sino un proceso abierto y en recreación constante, que camina, que tiene una ruta y aquellos que participan en éste —los ciudadanos—, deben dotarla de contenido, de acción y de razón. No obstante, “en la actualidad, el modelo de sociedad, basado en el consumo y en ciertas formas de individualismo social, hacen que las conciencias de la sociedad estén orientadas al logro de beneficios de carácter económico más que otros.” En efecto, el éxito económico es el principal valor ético en el marco de la sociedad actual, pero su acceso está claramente acotado a un sector minoritario de la población, privando de él a la mayoría. Inmersas en estos modelos de sociedades, los sectores marginados del progreso económico de los países en vías de desarrollo, las personas tienden a estar más preocupadas en satisfacer sus necesidades básicas (alimentación, vestido, vivienda, salud, etc.), en un entorno donde los bajos salarios y los escasos e ineficaces servicios públicos de salud y educación obstaculizan sustancialmente el desarrollo personal de los ciudadanos.

Podemos en cierta forma afirmar, que siempre y cuando las personas no están seguras de cómo y dónde conseguir el dinero para su próxima comida o dónde van a vivir la noche siguiente o el próximo invierno, no es realista esperar que ellos inviertan mucho de su tiempo y esfuerzo en la búsqueda de la democracia, en ser activos participantes de la misma. Es por ello que no parece fuera de lugar determinar que la democracia no puede funcionar en una sociedad a menos que las necesidades primarias están garantizadas para todos sus miembros. Además de éstas, los ciudadanos tienen aún que cubrir un conjunto de necesidades secundarias que tendrán prioridad sobre su deseo de participar en la democracia en un nivel más profundo que el ejercicio del derecho al voto o de la información mínima necesaria que lo rodea. Entre las necesidades secundarias destacan “la seguridad personal, el respeto de otros derechos humanos fundamentales, la necesidad de servicios básicos de salud, el deseo de trabajo y el propósito, la libertad de buscar, dar y recibir el amor, la libertad para concebir y criar a los niños, la libertad para perseguir creencias espirituales, la libertad de aprender y crecer, y en general la libertad de tomar ciertas decisiones fundamentales acerca de la vida personal.” En ausencia de una plena cobertura de todas estas necesidades primarias y secundarias la democracia no será real.

Una vez más, siempre y cuando las personas no pueden tener la satisfacción de estas necesidades más o menos por sentado en la vida cotidiana, no van a estar seriamente interesados en la participación política. Por lo tanto, me permito sostener en este texto, que la democracia no puede funcionar en una sociedad a menos que estas necesidades primarias y secundarias sean correctamente asignadas para una abrumadora mayoría de los miembros de esa sociedad. Incluso el planteamiento debería de ser aún más sólido: no hay democracia sin las necesidades primarias y secundarias cubiertas.

Además, la democracia está compitiendo con otras “necesidades post-materialistas, como el deseo de la educación superior, la necesidad de un tiempo libre significativo, el deseo de la vivienda más cómoda, etc. Si la gente tiene que elegir entre la satisfacción de estas necesidades post-materialistas, muchos optarán por otros bienes y no necesariamente por razones políticas.” En la medida en que la democracia se trata de la delegación ciudadana de la dirección de la sociedad, la democracia sólo puede funcionar si la responsabilidad de retroalimentación de circuito está funcionando, entre ciudadanos y responsables públicos y privados. Esto significa que una gran mayoría de la gente necesita tener una idea bastante exacta sobre quiénes, cómo, y cuándo se han estado tomando decisiones (buenas o malas) que actualmente afectan a sus vidas, su economía y su futuro.

En efecto, una parte de la explicación yace en el sistema político. Pero no toda. Estas necesidades primarias y secundarias tampoco han sido cubiertas para la gran mayoría de la población por parte de los modelos económicos de libre mercado predominantes, desde ninguna de sus matices o límites. Por tanto, no parece tampoco razonable establecer que el liberalismo económico puede sustituir a la democracia como camino o factor detonante de desarrollo. De hecho es todo lo contrario. La mayoría de los datos arrojan que las cifras de desarrollo, igualdad, bienestar social siguen distando mucho de lo ideal. Estamos ante un siglo XXI, donde las cifras de la vergüenza siguen siendo cada vez más amplias.

Si la democracia no es el primer camino, abro el debate sobre ello, ni ninguno de los modelos económicos en la actualidad han demostrado serlo, ¿cuál es el origen sobre el que debemos de construir una sociedad más justa? ¿Cuál debe de ser la propuesta progresista al respecto, que la diferencie de los otros modelos de organización política o de entender la vida y la sociedad? El estado de derecho, la solidez jurídica del constitucionalismo que lo respalda, es el camino y debe de ser el primer paso.

Pero para ello, es necesario encontrar nuevas formas para promover el estado de derecho, que impulsen la credibilidad y solidez de los Estados en vías de desarrollo a través de nuevas fórmulas. Tanto la clasificación, como la búsqueda de la democracia alrededor del mundo ha sido parte esencial de prácticamente cada iniciativa de cooperación para el desarrollo proveniente del primer mundo en los últimos diez años.

Sin embargo, en palabras de Emmert, “aunque muchos hablan de estado de derecho, pocos parecen entender lo que esto implica”, lo cual impide la posibilidad de lograr mejores y nuevas fórmulas para promover con eficacia su existencia. Idealmente estos procesos deberían estar cimentados en cuatro pilares igualmente importantes encaminados a alcanzar objetivos concretos:
En primer lugar, debe existir la condición de que todas las formas de la acción gubernamental —ya sea aquellas que tienen efectos presupuestarios y/o impactan los derechos y libertades de las personas— deben basarse en un fundamento jurídico y deben de ser controladas, vigiladas y penadas por una aplicación imparcial de la justicia. Con este fin es necesario contar con disposiciones de ley que se remontan a los propios textos constitucionales o a artes suficientemente específicas de la legislación parlamentaria de cada estado, que autoricen la aprobación de este conjunto de acciones jurídicas hacia el control de lo público determinando sus límites. No puede existir ninguna acción pública desde la esfera de lo federal, de lo estatal, o local, que no sea delimitada de manera real por la ley, y su estricto cumplimiento.

En segunda, derivada de esta primera premisa, cada autoridad pública debe de estar obligada a que sus acciones u omisiones de la ley, es decir, todo el enramado jurídico de los estados, desde sus constituciones y cada una de las normas y legislación parlamentaria u otra norma obligatoria para con los ciudadanos, esté bajo control posterior jurídico de los tribunales. Ninguna acción habrá de estar fuera de la ley o, en todo caso, su incumplimiento habrá de ser penado y perseguido por la misma.

En tercer lugar, es necesario que haya verdadera independencia entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sobre todo en los países en vías de desarrollo donde esto aún no se ha alcanzado por completo.

En cuarto lugar, haciéndonos eco de los principios contemplados en proyectos como el Global Compact de Naciones Unidas, el concepto de responsabilidad Social Corporativa en el marco de las empresas privadas debe de adoptar rango de ley, que obligue a las mismas a trabajar a regirse por los principios que este proyecto conlleva. Al menos. Estrechamente vinculado a lo anterior, la acción de la justicia debe mostrarse en materia de fiscalización en torno a las actividades de las empresas privadas, que deben de cumplir no sólo con las normas fiscales, sino con todo el conjunto de acuerdos en materia laboral, o de equidad de género que han suscrito los países en el ámbito internacional por los Estados en donde están ubicadas. Lo mismo se extiende, por supuesto, al castigo de los fraudes a la hacienda pública.

Por último, hay que promover la transparencia de los procesos políticos que permitan la fiscalización de los medios de investigación con el objetivo que sean capaces de detectar y reportar las deficiencias de los mismos.

Parece razonable pensar que mientras estas bases no estén implementadas las actividades de promoción de otros aspectos del Estado de Derecho, como los programas de capacitación de jueces, fiscales, administradores y abogados del sector privado, o ayuda para la redacción de leyes de leyes mejores y más justos, sólo pueden tener un impacto limitado.

En relación a este conjunto de ideas, plantear una base ética solida por parte de todos los actores y sujetos de la sociedad se presenta como una condición indispensable para que la acción de la justicia tenga éxito como primer factor de desarrollo. Derivada de ésta es la necesidad de contar con los recursos que la propia validez de la ley ayuda a generar.

Hay otra gran pregunta que debemos poner sobre la mesa: ¿Cuánto, quién y cómo generar los recursos económicos necesarios para lograr políticas de redistribución de la riqueza en el corto plazo? Para responderla, podría ser interesante analizar el concepto de “capital social” defendido por Peter Singer. Originalmente, este término fue definido por el sociólogo y economista Herbert Simon, quien estimó que “capital social” es el responsable de al menos el 90% de los ingresos recibidos por las personas en países como Estados Unidos o los de Europa noroccidental, que son también de las más ricas del mundo. A diferencia de la visión individualista del desarrollo en donde la riqueza de cada individuo se basa centralmente en el esfuerzo personal, bajo la óptica del “capital social” se propone otra vía del desarrollo económico. De acuerdo a Simon éste depende “no sólo los recursos naturales, sino más importante aún, de la tecnología y la capacidad de organización de la comunidad, y la presencia de un buen gobierno.” Así, incluso “por razones morales —plantea el economista— […] podríamos abogar por un impuesto plano del 90%”, sobre los ingresos de las personas en las sociedades desarrolladas.

Partiendo de los conceptos éticos del Singer y Simon, cualquier propuesta política de corte progresista de gobierno debería estar avocada al cumplimiento de la ley, así como a la creación de un modelo fiscal progresivo, donde se pueda cargar hasta el 90% de los ingresos individuales para conformar un Estado donde la redistribución del ingreso sea posible. Todo ello bajo la premisa de un conjunto de normas gracias a las cuales el concepto de capital social sea prioritario en las policías de carácter fiscal.

El pensamiento progresista no debe de tener miedo a que la ley, aprobada y decidida por el mayor número posible de actores sociales, sea el eje sobre el que se mueva la sociedad del desarrollo del siglo XXI. Diseñando un modelo de política fiscal, por la que se graven los ingresos de manera indirecta y gradual en forma de impuestos, donde los que más tienen paguen más, mucho más. Precisamos de tener un andamiaje jurídico fuerte y sólido, donde se persiga ese fraude fiscal. Ello nos permitirá tener cuentas públicas con el dinero suficiente como para eliminar las desigualdades socioeconómicas del sistema y para evitar o sanear los efectos nocivos de las periódicas crisis económicas. Ahora bien, esto debe de estar muy vinculado con la existencia de un servicio público eficaz, eficiente y transparente, cuyo objetivo sea lograr una sociedad más justa y esté basado en el estricto cumplimiento de la norma y de la acción de gobierno.

No estamos entonces, ante la necesidad de acabar con el modelo que en la actualidad impera en el mundo desarrollado. Debemos de lograr que él mismo corrija de manera ostensible sus enormes fallos. Y ello es más sencillo o viable desde y con los países en vías de desarrollo, donde en muchas ocasiones la ausencia o debilidad del Estado, permite que éste sea reconfigurado en cuanto a sus características y líneas de acción. En las sociedades del norte desarrollado, la crisis actual muestra cuán difícil es salir de estas dinámicas de crisis, ya que se debe de cambiar el sistema desde dentro, donde ha sido en cierto modo exitoso.

Y este modelo, debe de ser explicado al conjunto de la población, para que elija a legisladores y gobiernos progresistas, mediante el voto, cada día más preparado y más reflexivo, para transformar la sociedad. Una visión progresista de la sociedad y del desarrollo.