La actual situación de México es la herencia de seis sexenios y once meses de neoliberalismo. Es el periodo en el que el Estado se propuso acabar con la obra constructiva –política, social y económica- y las instituciones de la Revolución Mexicana que ampliaban y fortalecían el ejercicio de la soberanía nacional y la autonomía económica. En estos últimos once meses, y por eso alargo el periodo neoliberal hasta la fecha, no se percibe aun cambio importante en las políticas económicas y en la lucha por el rescate del ejercicio de la soberanía, aun cuando ya no se da una obra destructiva, y aunque es de desearse un pronto cambio de orientación en el modelo de desarrollo. Volviendo al tema, los años 1983-2018 han sido de sometimiento y seguidismo políticos y creciente dependencia económica de los intereses de dominación hegemónicos en los Estados Unidos.

Esta política de destrucción y desmantelamiento de nuestro país, diseñada en el exterior, se aplicó por las altas autoridades nacionales conscientemente. Fue muy exitosa en concentrar de manera desmedida la riqueza en grupos de población cada vez más reducidos y en desmantelar las estructuras productivas orientadas a la integración de cadenas productivas para dar valor agregado a las materias primas, al abastecimiento de los mercados internos y a la competencia con los grandes consorcios internacionales. Uno de los más fuertes impulsores de esta política ha sido la corrupción en los sectores privado y público, protegida por la impunidad brindada por el Estado. La violencia y la inseguridad se generalizaron en todo el territorio nacional y la delincuencia organizada se expandió y fortaleció.

Son estos los resultados principales del modelo de cesión de soberanía, dependencia política y económica y exclusión social, impuesto por los intereses dominantes en la política y las finanzas norteamericanas.

Si estamos repasando las catástrofes que han asolado a México, esta es una de ellas, una de las de mayores efectos destructivos y disruptivos en el paso del siglo XX al XXI. He aquí algunos datos:

En 2018, la pobreza alcanzó a 52 425 887 mexicanos, el 41.9% de la población total; en condiciones de pobreza extrema se encuentran 9 310 152 personas (7.4%); por debajo de la línea de pobreza por ingreso insuficiente se encuentran 61 100 000 (49%) mexicanos y 25 500 000 (20.4%) sufren carencia de alimentación.

En cuanto al ingreso, el 1% de la población con el ingreso más alto obtiene el 21% del PIB; el 40% con el ingreso menor recibe el 2.6%. Esta es una de las medidas que mejor ilustran la dimensión de la desigualdad social y económica.

El retraimiento del Estado en la conducción de la economía ha representado que el crecimiento, que de 1934 a 1974 fue en promedio del 6% respecto al PIB, cayera en el periodo que va de 1974 a la fecha, que Francisco Suárez Dávila ha denominado acertadamente del estancamiento estabilizador[1], al 2%. Este año, 2019, lo más probable es que el crecimiento del PIB arañe el cero.

Otros efectos de esta conducta han sido la cesión de los principales mercados nacionales a productores del exterior, principalmente norteamericanos, un proceso de desindustrialización y la maquila como base de la estructura industrial, un fuerte abatimiento de las producciones agropecuarias, forestales y pesqueras, grave pérdida de empleo formal (sólo entre 2005 y lo que va de 2019 se perdieron 5.5 millones de plazas de trabajo con ingreso superior a 3 salarios mínimos[2]) y aumento de la informalidad (56.3% de la fuerza de trabajo[3]).

Otro efecto del periodo neoliberal ha sido el incremento de las remesas, los envíos monetarios de trabajadores mexicanos en los EEUU a sus familias, que en 2018 alcanzaron la cifra de 34 mil millones de dólares, cantidad superior a los ingresos por exportación de petróleo o por turismo, que todo indica este año podrán llegar a 35 440 millones de dólares y a 37 200 en el 2020, lo que representa sin duda un alivio para las familias receptoras, que se utiliza en su mayor proporción en el consumo, y que en vez de festinares como un sostén de la economía, debiera constituir una gran vergüenza para los gobiernos de nuestro país de este periodo, incapaces hasta ahora de generar los empleos y las condiciones necesarias para que desaparezca esta indignante migración, forzada por la pobreza y la falta de oportunidades dentro de nuestro territorio para millones de mexicanos.

 

El periodo neoliberal ha sido también de desmantelamiento institucional. En ello destaca la desaparición de varias instituciones de la banca de fomento –banca rural, pesquera-, la disminución de la actividad crediticia de Nacional Financiera y el Banco de Comercio Exterior y la extranjerización de la banca comercial, que igualmente ha disminuido drásticamente sus apoyos a las actividades productivas y ha sustentado sus altas ganancias en la especulación con papeles del gobierno federal.

Desde los años 90 se cancelaron los servicios de asistencia técnica a los productores rurales, se canceló la política de industrialización fomentada o complementada por el Estado, prácticamente desapareció la industria de los fertilizantes, la petroquímica se achicó y ha habido una fuerte declinación en la producción petrolera (de 3.4 millones de barriles diarios que se produjeron en 2003-2004, la producción actual se sitúa por debajo de 1.7 millones de barriles por día), acompañada del debilitamiento productivo y empresarial de Pemex, condición que comparte la Comisión Federal de Electricidad.

En materia de reformas constitucionales regresivas respecto al espíritu avanzado y democrático con el que nace la Constitución en 1917, las más graves del periodo neoliberal han sido las llamadas estructurales o estratégicas: educativa, laboral, energética, en telecomunicaciones, etc.

Sin lugar a dudas, la de mayores consecuencias sobre presente y futuro, es la energética, que las mayorías legislativas del Congreso, a iniciativa del jefe del Ejecutivo federal, aprobaron en diciembre del 2013, modificando de fondo los artículos 27, 25 y 28 constitucionales. Con ella se ha perdido el control de los recursos del subsuelo por parte del Estado, se ha debilitado el ejercicio de la soberanía nacional  y constituye un paso más en el desmantelamiento y debilitamiento de la industria petrolera estatal y de Petróleos Mexicanos en particular.

A todo esto debe agregarse la fuerte corrupción en las esferas púbicas y privadas, que ha ido en las recientes administraciones anteriores desde lo más alto hasta lo más bajo, protegida por la impunidad brindada por el Estado, como ha podido observarse en los casos bien publicitados de Aguas Blancas, Acteal, Tlatlaya, los 43 de Ayotzinapa, El Charco, El Bosque, Tanhuato, Apatzingán, etc.; y, en otra categoría los casos del Pemexgate, Oceanografía, OHL, Higa, Odebrecht. Esto es, delitos cometidos por elementos del Estado con alto costo en vidas y agravios sociales y, de otro lado, los grandes fraudes económicos. Además, deben señalarse el aumento de la violencia e inseguridad de la gente por todo el país y el crecimiento de la delincuencia organizada, su expansión territorial y la incapacidad del Estado para recuperar el control del territorio y abatir a este tipo de delincuencia.

Otra cuestión de la que no debemos desentendernos es la disminución de presencia e influencia, si no es que la franca ausencia, del Estado mexicano en la vida internacional. De haber sido un país considerado en la actividad internacional, desde varias administraciones atrás ha dejado de ser tomado en cuenta para las decisiones trascendentes en este campo. Si bien las últimas presencias internacionales con consecuencias positivas fueron la participación en la Grupo Contadora y los Acuerdos de Chapultepec, la que siguió fue la imposición del Acuerdo de libre comercio de América del Norte, que ha fortalecido la integración subordinada de nuestra economía a la norteamericana, y ahora a esperar lo que pueda venir del T-MEC en el mismo sentido.

Resumiendo: desigualdad, pobreza, estancamiento y subordinación en lo económico, retroceso constitucional, desmantelamiento institucional, ausencia en el campo internacional, inseguridad, violencia, corrupción e impunidad, son las consecuencias del modelo o proyecto de desarrollo que se impuso a México a partir del predominio neoliberal. Esta es la herencia que configura nuestro presente.

 

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El cambio efectivo de esta situación podrá empezar sólo cuando se empiece a instrumentar un nuevo proyecto de nación, que tenga como grandes objetivos y marco para su desarrollo, el rescate y ejercicio pleno de la soberanía nacional, el crecimiento de la economía, el predominio de la igualdad como principio de la convivencia social, la vigencia de un auténtico Estado de derecho y la equidad en las relaciones internacionales.

Este proyecto de nación debiera formularse a partir de una amplio debate en el que se dé una intensa participación ciudadana, que de manera democrática recoja los puntos de vista de la población en todo el territorio nacional y en función de ello, se formulen y se lleven a la práctica los planes de trabajo.

Un capítulo fundamental del proyecto de soberanía y crecimiento, que será su columna vertebral, es el de una profunda reforma hacendaria-fiscal-tributaria, que garantice se cuente con los recursos de inversión suficientes para asegurar que puedan ponerse en práctica políticas de crecimiento de la economía, que se sostengan en el largo plazo.

Complemento de esta reforma debiera ser la realización de una Convención Nacional Hacendaria, en la que mediante una amplia discusión en la que participen los gobiernos federal, estatales y municipales, así como conocedores del tema, se establezcan las proporciones en que debiera distribuirse la recaudación entre las tres categorías de gobiernos, así como sus responsables de gasto y fuentes de tributación.

Sin recursos, sin crecimiento, no habrá con qué atender los serios rezagos sociales, ni generar crecimiento, dar sustento a las políticas económicas que permitan superar las dependencias nocivas y entrar en etapas francas de desarrollo, ni habrá condiciones para los profundos cambios y recuperaciones institucionales que el país reclama. Esto es, teniendo certeza en el crecimiento de la economía, podrá con confianza diseñarse el proyecto de nación que deba luego ejecutarse.

En los terrenos de la economía y de la ampliación de los espacios de ejercicio de la soberanía, se tendrán que identificar aquellas acciones que permitan, mediante proyectos productivos, ir recuperando y ampliando los espacios de acción soberana. Tendrán que ser proyectos industriales, agrícolas, de integración de cadenas productivas, de investigación científica, innovación tecnológica, infraestructura, que integrados en secuencias racionales vayan realizándose gradualmente.

Una industria que es indispensable recupere su condición de conductora del crecimiento económico y la industrialización, es la petrolera. Recursos naturales, hasta donde se sabe, existen con suficiencia. Se requiere un manejo de ellos en función del interés nacional, con racionalidad de presente y futuro: garantizar mediante la exploración la existencia de reservas suficientes que respalden la explotación en el largo plazo, desarrollo de las cadenas de la petroquímica, erradicar la inseguridad en el abasto de combustibles a partir de elevar las producciones nacionales de refinados, apoyo a la investigación y al desarrollo tecnológico. Y como parte vital de la política energética, considerar el impulso creciente de las energías no convencionales: solar, eólica, de la biomasa, maremotriz, y no contaminantes, como la hidroeléctrica.

Cualquier proyecto de autonomía política debe tener como uno de sus ejes, la educación. Metas concretas de un proyecto educativo nacional debe considerar la universalización del cumplimiento de cursar los grados obligatorios según la Constitución –jardín de niños, primaria, secundaria y media superior-, la alta calidad en todo el sistema público, la equidad en las condiciones materiales de los centros educativos en todo el territorio nacional, la garantía por parte del Estado de brindar acceso y permanencia en la educación superior y en los postgrados a todo aquel que satisfaga los requisitos académicos, entendiendo, desde luego, que la educación, además de constituir elemento esencial de la igualdad social, es también factor decisivo en el desarrollo económico, social y cultural de una nación. Se requiere, por otro lado, crear condiciones para la capacitación permanente y el mejoramiento económico y social del magisterio. Un magisterio desatendido en lo económico y sin las consideraciones debidas por parte del Estado y la sociedad, no podría cumplir el decisivo papel de formador de la niñez y la juventud de México.

Con la misma importancia de la educación, debe visualizarse la necesaria universalización de la seguridad social –atención a la salud, pensión de retiro, seguro de desempleo-, que será sin duda determinante para la estabilidad laboral.

Una de las luchas políticas que tendrán que enfrentarse ya, es por crear las garantías y tomar las medidas prácticas que permitan hacer exigibles ante el Estado los derechos ya reconocidos a todo ciudadano o a todo habitante del país en la Constitución: al trabajo, a la salud, al agua, a la vivienda, a la educación, etc.

Problemas que hoy afectan a la gente a lo largo y ancho del país son la inseguridad, la violencia y el crecimiento de la delincuencia. El combate en forma directa, mediante la utilización de cuerpos militarizados, no puede abandonarse. Pero el Estado, para vencer estos flagelos, tiene que ir recuperando el control del territorio nacional. No se trata de una figura retórica. Se trata de que el Estado, efectivamente, se haga del territorio que hoy tiene perdido: calles, colonias, poblaciones, desde pequeños poblados hasta las grandes metrópolis, campos, bosques, selvas, praderas y montañas. En cada porción del territorio debiera haber presencias del Estado que desplacen a los elementos nocivos: trabajo formal, escuelas, clínicas, universidades, grandes hospitales, actividades agropecuarias y forestales,  artesanía e industria, actividades artísticas y culturales, policía de cercanía. Sólo estas presencias, sin duda bien recibidas por la ciudadanía, podrán desplazar y recuperar los territorios perdidos ante la delincuencia, la inseguridad y la violencia. El solo combate con cuerpos armados ya se probó, por varias décadas, incapaz e insuficiente.

Una economía en crecimiento requiere reconstituir la banca de fomento, crear una banca comercial mexicana, desarrollar una política de industrialización y de desarrollo regional (considerando la promoción de cadenas productivas con amplio horizonte de crecimiento: biotecnología, nanotecnología, tecnologías de la información, fuentes de energía de bajo impacto ambiental, desarrollo de nuevos materiales, etc.[4]), reactivar productivamente el campo.

 

Una sociedad equitativa exige dar prioridad a la creación de empleo formal, a un sistema educativo de calidad y a la universalización de la seguridad social.

Ahora bien, la puesta en práctica de las políticas de recuperación social, económica e institucional, debieran obedecer a planes de desarrollo concebidos para el largo plazo, 25 a 30 años, con responsables y tiempos de ejecución, revisable y ajustable anualmente, presentado por el Ejecutivo al Congreso, ante el que tendrían que rendirse cuentas. Esto es, debe establecerse un sistema de planeación democrática.

La política internacional debiera regirse rigurosamente por los mandatos constitucionales: respeto a la autodeterminación, no intervención en asuntos de otras naciones, solución pacífica de las controversias, defensa de la paz, y, por otro lado, dar relevancia a la integración política y económica con América Latina; a la erradicación de las migraciones forzadas por la miseria, mediante la acción multinacional; el fomento a un comercio internacional equitativo.

Entre las reformas constitucionales debiera cobrar prioridad la revisión y reversión, con sentido de rescate de la soberanía y eliminación de prácticas antidemocráticas, de las reformas estructurales: educativa, laboral, de telecomunicaciones, energética. En este último caso, considerar la reversión de las reformas de diciembre del 2013 de los artículos 27, 25 y 28 de la Constitución.

En fin, estas considero debieran ser algunas de las acciones a emprender para reencauzar al país por sendas progresistas y democráticas, lo que debiera ser tarea de todos.

[1] Francisco Suárez Dávila: “El nuevo desarrollismo incluyente vs el estancamiento estabilizador: una política hacendaria diferente para sustentarlo” en “Consideraciones y propuestas sobre la estrategia de desarrollo en México”. Grupo Nuevo Curso de Desarrollo. UNAM. Junio de 2019.

[2] IDIC: “Precarización: el resultado del error en los pronósticos de crecimiento”. La Voz de la Industria Vol. 7 Nº 170. 19 de septiembre de 2019.

[3] Encuesta nacional de empleo y ocupación (ENOE), agosto de 2019.

[4] Consideraciones y propuestas sobre la estrategia de desarrollo de México. Grupo Nuevo Curso de Desarrollo. UNAM. 2019.

 

XLI Jornadas de Historia de Occidente. Centro de Estudios de la Revolución Mexicana “Lázaro Cárdenas” –

UNAM-Unidad Académica de Estudios Regionales. Jiquilpan de Juárez, Mich.

11 de octubre del 2019.