Carlos Lavore, 14 de noviembre de 2019

INTRODUCCIÓN.

La disputa por la vida en el planeta, en este momento está planteada entre los intereses de los poderes financieros y económicos globales y la rebelión-resistencia de jóvenes en el hemisferio norte, y pueblos y comunidades en América Latina.

Es la lucha contra el despojo y la muerte, en torno a los minerales, el agua, las semillas, los bosques, los energéticos, las costas, los mares, las ciudades, en suma, la naturaleza y los espacios de vida, el cambio climático y el proceso de extinción.

Este trabajo es una aproximación resumida sobre lo que ocurre, en un intento por identificar despojos, visibilizar resistencias y proponer salidas políticas. Es decir, alternativas al megamercantilismo neoliberal que sigue su curso cambiando el ropaje cuando lo necesita.

 

EXTINCION.

Los polos se derriten, se incendian Amazonía, África y Siberia, las sierras y montañas de América Latina son devastadas por la minería, la fractura hidráulica destruye a la tierra por dentro, en tanto los transgénicos y la ganadería extensiva la destruyen por fuera. La maquinaria de destrucción de la vida es conducida por seres humanos, que son parte de la vida.

Polos y glaciares. 

El Ártico es un océano rodeado de tierra. La Antártida es una masa de tierra rodeada de océano. Aunque con procesos distintos, ambos polos están en situación irreversible de deshielo y a ello se suman los glaciares de montaña.

Deshielo en el Ártico.  Rusia, EEUU, Canadá, Noruega, Dinamarca, están con la atención puesta en el deshielo del Polo Norte y, en particular de Groenlandia. No les preocupa las razones del deshielo y sus consecuencias, sino las enormes reservas de gas natural y petróleo que allí se encuentran y que se están volviendo accesibles.

Deshielo en la Antártida. Un continente de casi 14 millones de km2, contiene el 90% de los hielos del planeta. Sus glaciares se derriten o se desprenden, la capa de hielo se reduce afectando las corrientes marinas de todos los mares. El 70% del agua dulce del planeta se concentra aquí y existe una gran riqueza en fauna, hidrocarburos y minerales, sobre la que tienen los ojos puestos las grandes potencias, apenas contenidas por los tratados aún vigentes.

Selvas y bosques.

En los primeros ocho meses de este año los incendios forestales devastaron millones de hectáreas en Siberia, Alaska, Indonesia, África (cuenca del Congo) y la Amazonía (2.5 millones de has., sólo en agosto). En ésta última la deforestación se produce para agroindustrias y ganadería extensiva, 6.5% (soja) y 65% respectivamente.

EU, Brasil y Argentina son los países con mayor superficie de cultivos genéticamente modificados (70, 40 y 24 millones de hectáreas, respectivamente) fumigados con agrotóxicos.

Los bosques tropicales son un sistema natural de oxigenación. Sin ellos el cambio climático se acelera. La cuenca del Amazonas es el principal pulmón del planeta, con una biodiversidad insospechada. Nada de ello cuenta ante la voracidad mercantil de las grandes transnacionales de la agricultura y la ganadería, la codicia del capital financiero que no tiene límites en la optimización de su tasa de ganancia, de su rentabilidad.

Minas y fósiles.

Desde Cananea en Sonora (1865) hasta Vaca Muerta en la Patagonia (2011), el territorio latinoamericano es un muestrario de despojo y extracción de riquezas naturales en distintas modalidades, todas con daños irreversibles a la naturaleza, a las comunidades y al patrimonio de las naciones. Riquezas que se sacan de los países sin agregarles valor y explotando mano de obra. A la lista tradicional de minerales, presidida por oro, plata y cobre, se suma recientemente el litio, indispensable para electromovilidad, computación y telefonía. Bolivia, Chile y Argentina tienen vastos yacimientos en los salares andinos (más de 60% de las reservas globales) y México en Sonora, San Luis Potosí y Zacatecas, que están en la mira de las grandes transnacionales.

Con cada agresión y atropello, un conflicto y un reclamo. La Barrick Gold y el proyecto Pascua – Lama afectando glaciares y cultivos en la frontera entre Argentina y Chile. Chumbivilcas, en Cuzco, Perú (afectación ambiental); Minas Gerais en Brasil (colapso de presa); Boyacá en Colombia (afectación ecosistemas); Oruro en Bolivia (afectación ríos y medio); Azuay en Ecuador (contaminación agua); Sierra Norte de Puebla en México (afectación de afluentes y biodiversidad), son ejemplos muy puntuales de minería a cielo abierto con sus respectivos movimientos de resistencia organizada.

Financiarización de la naturaleza.

Los bienes y recursos naturales convertidos en commodities (materias primas básicas definidas en cuatro grupos, energía, metales, ganado y granos) configuran un campo de acumulación y valorización que ha crecido aceleradamente en el curso de este siglo. Son un tipo de activo financiero que operan en forma especulativa, estimulados por desregulaciones que buscan atraer inversiones. El mercado mundial de commodities está en manos de grandes fondos de inversión, compañías de seguro, bancos, acompañados por empresas globales y multinacionales que operan en minería y alimentos. (Bruckmann, 2016)

Además de la capitalización de mercado de las grandes empresas, la industria minera despliega diversas estrategias basadas en la reestructuración de carteras, vendiendo y comprando activos mineros en todo el mundo, principalmente en América Latina.

Las inversiones están protegidas por los tratados comerciales firmados, que obliga a los gobiernos a indemnizar a las empresas si algún proyecto no se concreta. Se trata de tener control sobre las reservas mundiales y, en tal sentido, las concesiones se otorgan por muy largos plazos.

 

Sentido común.

Por muchos años, el despojo fue encubierto con el discurso de la modernidad, la generación de empleo, el progreso para los pueblos y un gran beneficio para las comunidades, expresado por empresas y gobiernos. Es parte del sentido común que sustenta al neoliberalismo. Puestos en evidencia los efectos y resultados del extractivismo y ante las dificultades que presentan las resistencias a los proyectos de muerte, hay una actualización discursiva en torno al concepto de minería sustentable, cuidadosa del medio ambiente y la biodiversidad, amigable con los habitantes. En boca de sus promotores, es una gran falsedad.

 

LA DERIVA MEXICANA.

El aporte del país al proceso de extinción no es menor. Los años que corren del siglo XXI son particularmente ominosos en la entrega de recursos no renovables y aún de los que son renovables. La explotación -que no aprovechamiento- de petróleo, minerales, agua, bosques, tierra para agroindustrias, biodiversidad, playas para gran turismo, suelo urbano, no se traduce en desarrollo y en bienestar para pueblos y comunidades, sino que es expresión de despojo, violencia, corrupción e impunidad.

Las reformas del Art. 27 constitucional y de las leyes de Minería y Aguas en 1992 marcaron el inicio de la entrega de recursos naturales y la explotación de mano de obra. Desde entonces se ampliaron y profundizaron las facilidades normativas, en particular con las “reformas estructurales” de 2013, que favorecen al capital financiero y a las grandes empresas extractivistas. Esas condiciones no han cambiado con el nuevo gobierno.

Un tercio del territorio nacional está concesionado para alguna actividad extractivista, hasta por 50 años renovables por otros 50. Muchas de ellas en sitios Ramsar y en aguas marinas. El 85% se ubica sobre superficies con alta integración ecosistémica (Fundar, 2017).

Nos ocuparemos aquí de minería y, en relación a ella, del agua.

Minería y saqueo.

Una mina puede durar entre 7 y 15 años y su operación requiere remover y triturar roca (cerros enteros y socavones), ocupar millones de litros de agua cuyo sobrante queda contaminado (cianuro y sedimentos), consumir gran cantidad de energía que se proporciona con hidroeléctricas cuyos embalses destruyen biodiversidad y, eventualmente, desplazan poblaciones enteras. De allí que sea una de las actividades que más conflictos genera entre poblaciones por un lado y empresas y Estado por otro.

Según la ley minera esta actividad tiene preferencia sobre cualquier otro uso o aprovechamiento (Art. 6) y permite la incorporación del suelo de propiedad social al mercado. Esto significa que todo el territorio nacional puede concesionarse.

Algunos datos.

Entre 2000 y 2010, la minería extrajo más del doble de oro que en 300 años de dominio español, beneficiando a un pequeño grupo de grandes empresas nacionales y transnacionales.

Entre 2010 y 2018 se duplicó la cantidad de proyectos mineros en sus distintas etapas: de 667 a 1.531, de los cuales 274 están en producción. A marzo de 2019, la superficie concesionada para minerales metálicos suma 223,491.5 km2 (incluyendo 7,391 km2 en aguas marinas) y el número de concesiones es de 25,607. Desde 1992 un total de 503,629 km2 ha tenido algún título de concesión minera, lo que representa 25.1% de la superficie terrestre (Fundar, 2019).

En 2018, el valor de la producción minero metalúrgica fue poco más de 12.5 mil millones de dls. Los principales aportes correspondieron a oro, plata, cobre, zinc. La industria minero-metalúrgica representó ese año, 2.4% del PIB. (CAMIMEX, 2019).

En el mismo año, la recaudación hacendaria por minerales metálicos y no metálicos (ingresos tributarios, no tributarios, nuevos derechos) fue de 21,857.8 millones de pesos. (CAMIMEX, 2019). A valor dólar, promedio 2018 de 19.35, equivale a 1,129 millones de dls, menos del 1% del valor de producción. La legislación tributaria permite a las empresas reclamar devolución de impuestos.

La industria minera es fuente de empleo de unas 380.000 personas, la mayoría contratada por outsourcing, sin prestaciones, sin seguro social (131.400 en el IMSS en 2018 según Fundar).

Perú, México, Chile, Brasil, Argentina y Ecuador, absorben el 90% de las inversiones para exploración en América Latina (casi 30% del total global). En México, la inversión total para el sector minero en 2018-2019 se estima en 5,343 millones de dls. (CAMIMEX, 2019).

La mayoría de las mineras son canadienses (según la fuente y la etapa, entre 65% y 77%). Entre las más importantes se cuentan Gold Corp, Corporation First Majestic, Panamerican Silver Corp, Barrick Gold y las nacionales Minera Frisco (Slim), Grupo Peñoles (Bailleres), Grupo México (Larrea), Altos Hornos de México (Ancira). Todas tienen filiales de distintos tamaños (junior, mediana, grande).

El Fondo Minero.

En 2014 se hicieron ajustes fiscales para incorporar nuevos derechos (Especial, Adicional y Extraordinario) y se creó el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero), destinado a mitigar los efectos de las actividades extractivas. El actual gobierno parece inclinarse por entregarlos para centros educativos y servicios de salud o bien aplicarlos a las Tandas del Bienestar en las comunidades mineras (La jornada, 2019). Es un recurso en disputa, dado el cuestionamiento de los gobiernos estatales y municipales donde hay actividad minera.

Agua.

Hay en el país 653 acuíferos, 408 con disponibilidad de agua, 245 con déficit hídrico. Existen 372 sin información. Entre 2010 y 2018 se desecaron 121 acuíferos en los que operaban 70 proyectos mineros. En junio de 2018 se emitieron 10 decretos para suprimir “zonas de veda” y establecer “zonas de reserva parcial” con el objetivo real de liberar volúmenes de agua que no podían concesionarse. Los decretos cubren 9 regiones hidrológicas (hay 37) en las que existen 250 proyectos mineros. La minería es una amenaza a la soberanía hídrica, vulnerando derechos humanos al agua de comunidades y pueblos. (Fundar, 2019).

El consumo es de aproximadamente 450 millones de m3 al año, suficiente para cubrir las necesidades de 3.3 millones de personas (Heinrich Boll, 2016).

La extracción de hidrocarburos por fractura hidráulica también requiere de grandes volúmenes de agua. Hay en operación más de ocho mil pozos y a pesar del pronunciamiento presidencial en su contra, no hay indicios de cambios normativos y sí la evidencia de un incremento en el presupuesto 2020 para esa modalidad, pasando de 6 a 10 mil millones de pesos. (La jornada, 2019). Las instancias de gobierno involucradas (ASEA, Conagua, CNH, Sener, Semarnat) no contemplan acción alguna y las iniciativas existentes en el Congreso no se discuten.

 

RESISTENCIAS.

“Si ustedes no actúan como adultos, nosotros lo haremos” se escuchó en la manifestación de millones de jóvenes el 15 de marzo de 2019 en la Unión Europea. Greta Thunberg expresa un reclamo por el cambio climático que resuena globalmente.

En México hay 560 conflictos socioambientales, 173 contra la minería, 86 por el agua, varios por extracción de hidrocarburos, energía, tala de bosques y otros (SEMARNAT, 2019). Más de dos mil comunidades y pueblos indígenas han declarado a sus territorios libres de actividades mineras.  (REMA, 2018)

La vida y la muerte en contraste franco y transparente. Jóvenes con plena conciencia de la catástrofe inminente haciéndose cargo de lo que el poder niega o disimula. Comunidades en resistencia organizada contra los proyectos de muerte y los gobiernos que los avalan. Las miradas son distintas, pero potencialmente convergentes ante un colapso inminente.

Los jóvenes europeos y las comunidades latinoamericanas en resistencia apuntan a la construcción de un nuevo sistema económico y productivo, alternativo al actual, superando promesas incumplidas y falsas opciones.

Señalamos aquí cuatro experiencias mexicanas, entre tantas, en que se pone de manifiesto lo que puede la organización comunitaria, con distintos enfoques y modalidades a partir de la historia propia. En todas ellas las mujeres tienen un rol protagónico.

En la selva chiapaneca, caracoles. Una experiencia inédita de organización y desarrollo autónomo. Un entramado cultural que teje lo social, económico, político, organizativo y comunicacional, desde su cosmovisión

12 “caracoles” o espacios autónomos con sus Juntas de Buen Gobierno y 27 municipios autónomos, desarrollados con formas de producción colectiva vinculadas a la tierra.

La cooperativa de cafeticultores indígenas zapatistas Yochin Tayel Kinal (2000), Caracol 4, ejido Morelia, municipio oficial Altamirano, es un ejemplo de búsqueda de conciliación productiva desde una base de apoyo.

En las montañas de Guerrero, Tlachinollan. En un medio en que se mezclan intereses de empresas mineras, crimen organizado, autoridades y fuerzas armadas, el pueblo Me´phaa de Juba Wajiín, núcleo agrario de San Miguel del Progreso, como parte del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT, 21 núcleos agrarios), logró la cancelación de la mayor concesión minera en el estado, el Conjunto “Corazón de Tinieblas” (casi 44 mil hectáreas) a la par que impugnaban legalmente a la propia Ley Minera (2017).

Es parte de un proceso de siembra de esperanza y recuperación del territorio con el acompañamiento invalorable del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

En la Sierra Norte de Puebla, Tosepan. “Nuestra fuerza es la unión”, es el lema de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, que agrupa a 35,000 socios de 430 comunidades en 29 municipios de la Sierra Norte de Puebla. Con una organización ejemplar, no jerárquica, desarrollan producción orgánica, turismo alternativo, procesamiento de bambú, construcción de vivienda, ahorro y préstamo, atención a la salud, educación, capacitación, incorporación de tecnología, defensa del territorio e integración de redes comunitarias.

Tosepan configura un modelo de economía social y, al mismo tiempo, de resistencia organizada al extractivismo minero y a los proyectos de infraestructura en su apoyo.

En Baja California Sur, organizaciones. Desde Guerrero Negro hasta Cabo San Lucas abundancia de recursos naturales y biodiversidad, en tierra firme, en la costa y en los mares. Sal, carbón, yeso, caliza, fosfatos, oro, plata, cobre, cromo, manganeso.

Hay 14 Áreas Naturales protegidas y 11 sitios Ramsar (humedales). Las costas son un muestrario de manglares y arrecifes, muchos de ellos afectados, o en riesgo, por la voracidad de la industria turística.

La defensa de los recursos naturales y las áreas protegidas está en manos de los ciudadanos organizados que, en diferentes momentos, han contenido la voracidad de las grandes empresas. Como en el Municipio de La Paz, que tiene abundancia de oro, pero carece de agua, y donde la sociedad hizo que el presidente de la nación desautorizara la apertura de minas en la Reserva de la Biósfera Sierra de la Laguna, aunque aún falta el soporte legal de la decisión.

 

REFLEXIÓN.

Soberanía nacional puesta en entredicho al concesionar 30% del territorio por 50 años renovables otro tanto a grandes empresas transnacionales y al capital financiero que tienen pleno control sobre esos territorios.

Economía sometida a una forma determinada de explotación de recursos y ocupación del territorio, con prioridades en la construcción de infraestructura y un andamiaje legal específico. Esto provoca una grave distorsión en la organización del espacio nacional.

Pueblos y comunidades en resistencia son objeto de hostigamiento, agresiones y asesinatos por parte de empresas y gobiernos en colusión. En muchos casos con la inclusión del crimen organizado. Su resistencia y aportes productivos son claves para la definición de un desarrollo soberano e independiente.

El extractivismo minero es devastador para la biodiversidad, el equilibrio ambiental, el territorio, las estructuras sociales y productivas y contribuye en gran medida al cambio climático y a la crisis planetaria.

La resistencia proactiva de pueblos, comunidades y organizaciones de la sociedad son un referente ineludible en la definición de proyecto de nación, plan de gobierno y políticas públicas.

 

PROPUESTA.

Concepción.

La nación debe recuperar el control pleno y real de sus riquezas naturales. Su aprovechamiento requiere planeación y participación activa de las comunidades indígenas, campesinos, trabajadores de las regiones de que se trate, academia y organizaciones vinculadas al tema.

El gobierno de México ratificó la Agenda 2030 (en 2015) y el Acuerdo de París (en 2016) sobre el cambio climático. Es necesario que honre los compromisos respetando la naturaleza, la biodiversidad, la cultura, las comunidades y los derechos humanos, poniendo fin a la irracionalidad del extractivismo y a la mercantilización de los recursos, bienes y patrimonio naturales.

El gobierno debe acelerar la sustitución de combustibles fósiles como fuente energética primaria; prohibir por ley la utilización de fractura hidráulica; planificar la extracción de minerales metálicos en función de nuestras necesidades y agregarles valor aquí, en México; restituir la protección de los acuíferos y planificar la utilización de las fuentes de agua. En el mismo sentido, la tala de bosques, la utilización de transgénicos y agrotóxicos; el manejo de la biodiversidad, la explotación de zonas turísticas y los grandes proyectos de infraestructura.

Políticas públicas.

Reconocer las formas organizativas comunitarias y sus derechos sobre la tierra, bienes comunes y patrimonios naturales, fortaleciendo sus capacidades productivas y dotándolas de los servicios públicos definidos constitucionalmente.

Congelar todas las concesiones otorgadas a las distintas modalidades extractivas, someterlas a revisión, cancelar las que correspondan, exigir reparación de daños al medio ambiente y a las poblaciones.

Promover la creación de empresas públicas gestionadas con participación de sus trabajadores y apoyar los emprendimientos cooperativos y/o comunitarios existentes.

Transparentar y reglamentar la utilización de los recursos del Fondo Minero. Fortalecer las áreas de gobierno competentes en la materia, en particular las Comisiones Nacionales Forestal (CONAFOR), del Agua (CONAGUA), de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y de la Biodiversidad (CONABIO).

Normatividad.

Revertir las contrarreformas de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Modificar el conjunto de las leyes vinculadas a la explotación de recursos, bienes y patrimonios naturales bajo el principio de Parlamento Abierto: Ley de Minería, Ley de Hidrocarburos, Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley de Aguas Nacionales, leyes en materia agraria, Ley de Bienes Nacionales, Ley de Inversión Extranjera, Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Ley General de Biodiversidad, Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y las que de una u otra forma estén vinculadas al aprovechamiento de recursos naturales.

 

COLOFÓN.

Dada la gran complejidad que presenta la extracción de minerales en todas sus fases (exploración, desarrollo, operación, cierre), en la cantidad de leyes involucradas, en las distintas dependencias de gobierno que intervienen (federales, estatales y municipales) y en los actores involucrados (gobierno, empresas, sociedad), tal vez sea oportuno considerar la creación de un órganismo autónomo con capacidad para atender integralmente esta rama productiva en concordancia con un proyecto de nación soberano, independiente e igualitario a partir de una planeación integral con participación social.

 

FUENTES DE INFORMACIÓN.

Publicaciones.

Las actividades extractivas en México: estado actual. Anuario 2016. Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC.

Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el final del sexenio. Anuario 2017. Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC.

Las actividades extractivas en México: desafíos para la 4T. Anuario 2018. Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC.

Cámara Minera de México (CAMIMEX). Informe anual 2019: “Situación de la minería en México 2018).

Francisco López Bárcenas, La vida o el mineral. Ediciones Akal, México 2017.

Carlos Taibo, Colapso. Libros de Anarres, 2017.

Zambrano, Luis, Planeta (in)sostenible. Editorial Turner de México, 2019.

Manuel Llano, Concesiones de agua para las mineras, Fundación Heinrich Böll, 2016.

Lavore, Carlos, coordinador, 2018. “Recuperar el territorio y la vida”. Fundación para la Democracia y Por México Hoy, 23 agosto 2018.

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Internet.

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