José Enrique Sevilla Macip

El economista británico E.F. Schumacher estableció en un célebre ensayo que, en vista de que el hombre es pequeño, lo pequeño es hermoso. Acuñó la expresión para presentar un argumento a favor de un desarrollo sostenible basado en proyectos a nivel micro que pudieran afectar directamente la calidad de vida de las personas. El Programa Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA), un esfuerzo conjunto de la Organización de Alimentación y Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas y el gobierno mexicano es un caso que ejemplifica el aforismo de Schumacher. Con la proporción de asistencia a comunidades extremadamente pobres mediante el financiamiento de proyectos tan simples como mecanismos para el acopio y utilización de agua de lluvia, el programa tiene un efecto dual tanto como un impulso hacia la obtención de seguridad alimentaria cuanto como activo en materia de desarrollo sustentable. Y aunque el PESA ha sido un programa de bajo perfil durante sus primeros diez años de operación (se introdujo en México formalmente en 2002), aquí se hará hincapié en la importancia de sus objetivos y sus contribuciones potenciales al desarrollo de las comunidades rurales en el largo plazo.

A principios del presente siglo, la seguridad alimentaria no era un tema que estuviera en las prioridades de la agenda pública mexicana. En aquel entonces, de acuerdo con un estudio, apenas cinco estados de la República sufrían una situación de “completa inseguridad alimentaria”: Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Yucatán. No es mayor sorpresa dado que, con la excepción de Yucatán, se trata también de las entidades más pobres del país. Ahora bien, según la FAO, las causas de fondo de la inseguridad alimentaria se reducen a tres: a) baja productividad agrícola; b) amplia variabilidad en reservas alimentarias entre las cosechas de uno y otro años y; c) desempleo y la consecuente inseguridad de ingreso en el ámbito rural. En lo que respecta al caso mexicano, son los pésimos niveles de productividad los más preocupantes. Amén de un progresivo despoblamiento del campo (la FAO estima que la población urbana en México podría alcanzar un máximo de 82% para 2030), así como la errática integración del agro en las cadenas de producción, la baja productividad termina en una agricultura meramente de auto consumo, mientras que apenas el 1% del volumen alcanza los mercados internacionales.

En tal escenario, el gobierno mexicano solicitó la introducción del PESA (programa piloto que la FAO había estado desarrollando desde 1994) con la intención de “contribuir al desarrollo de capacidades para promover la producción agrícola, el desarrollo de nueva tecnología y de mercados locales en las zonas más pobres del país, de modo que se pueda garantizar un mejor ingreso familiar, así como la seguridad alimentaria”. La metodología del programa está basada en una estrategia regional dividida en tres etapas: promocional, producción alimentaria y creación de ingreso. Los tres niveles están vinculados mediante componentes de micro finanzas. La primera etapa incluye pequeños proyectos como estufas ahorradoras de maderas, construcción de graneros y mecanismos para el ahorro y uso eficiente del agua, así como un componente de educación nutricional y de higiene. Por su parte, las etapas dos y tres implican cultivos extensivos, construcción de invernaderos, agricultura orgánica y hasta turismo rural. Las tres fases operan mediante la coordinación transversal de tres actores: las agencias de los gobiernos estatales (Grupos Operativos PESA), las agencias de desarrollo rural (organismos autónomos, encargados generalmente de estudios de viabilidad técnica de los proyectos) y las comunidades beneficiarias.

Hay que resaltar el componente más innovador y potencialmente benéfico de este esfuerzo, a saber, la participación de las comunidades. Sea mediante la discusión de los proyectos, sea como fuerza de trabajo, los receptores de los fondos están constantemente involucrados en el desarrollo de las iniciativas. Ello, además de incrementar las habilidades creativas de las comunidades rurales, fortaleces las redes de interacción social y promueve la diseminación de valores cívicos de participación. Igualmente notable es el enfoque de género, recientemente introducido en el manual de operación del PESA, dando prioridad a grupos vulnerables como las mujeres e indígenas, que acumulan un 51% de la población receptora. En cuanto a los resultados tangibles de implementación, en 2011, el gobierno reportó un incremento del 100% en el área de cobertura, pasando de abarcar 8 estados a 16. En el mismo año, dos mil millones de pesos de fondos federales se autorizaron para proyectos en estos estados que, de acuerdo con datos oficiales, fueron canalizados a 260 mil iniciativas que beneficiaron a un aproximado de 180 mil familias en los sitios más pobres del país. El año pasado, el lanzamiento de nuevas unidades de producción en lugares previamente no explotados resultó en la obtención de 7 mil toneladas de huevo y aproximadamente la misma cantidad de carne.
Ahora bien, para entender las cifras arriba mencionadas, vale la pena tomar en consideración PROCAMPO, la iniciativa principal del gobierno mexicano en materia agropecuaria, que consiste en una transferencia monetaria directa para compensar a los productores nacionales vis-à-vis aquellos extranjeros —principalmente norteamericanos—fuertemente subsidiados por sus respectivos gobiernos. Establecido en el trasfondo de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1993, PROCAMPO intenta incrementar la productividad de los agricultores mexicanos para que fueran capaces de competir en un área de libre comercio. No obstante, y haciendo a un lado los escándalos de corrupción que han ensombrecido al programa en la última década, los resultados de este programa son decepcionantes. El porcentaje de población rural por debajo de la línea de pobreza permanece tan alto como el 60%, mientras que la contribución en valor agregados del sector agropecuario al producto nacional bruto ha continuado disminuyendo consistentemente a lo largo de las dos últimas décadas, según datos recientemente publicados por la FAO. Lo que es más, solo en 2012, SAGARPA destinó más de 12 mil millones de pesos a PROCAMPO, prácticamente seis veces lo que el gobierno federal destina al PESA. La única explicación es la rentabilidad política del primero. Lo pequeño puede ser hermoso, pero en lo que concierne a la política, lo opuesto es más preciso: mientras más grande mejor. Y PROCAMPO es enorme.

En los últimos años, la seguridad alimentaria, considerada en el marco del desarrollo sustentable, se ha consolidado como un tema de primera importancia en el escenario internacional. Así ha de permanecer en el futuro. En este breve escrito se trataron las principales consideraciones del PESA, programa diseñado por un organismo internacional —la FAO— y su implementación específica en México. A pesar del bajo perfil que representa la iniciativa en el discurso oficial, su enfoque micro y la participación de los beneficiarios en su puesta en práctica podrían resultar fundamentales en la promoción de la seguridad alimentaria. Por un lado, las necesidades nutricionales no pueden esperar por el largo plazo; necesitan ser atajadas de inmediato. Por otro, la corresponsabilidad entre la sociedad y su gobierno pueden significar la mejor garantía para del desarrollo de comunidades auto sustentables y cívicamente maduras, en lugar de la perpetuación del clientelismo político como característica fundamental del campo mexicano. Al final, es en esa “espléndida pequeñez” —G.K. Chesterton dixit— de las acciones locales donde las sociedades se pueden apoyar para garantizar un futuro de auto suficiencia alimentaria.