Los derechos humanos tienen como fundamento la dignidad de todas las personas, sin importar sexo, raza, etnia, nacionalidad, condición social, preferencia política, opción religiosa u otra razón. Cuando hablamos de derechos sociales nos estamos refiriendo a un conjunto específico de derechos, a cuyo cumplimiento los Estados están obligados a generar las condiciones necesarias que permitan su ejercicio, sobre la base de la dignidad y la igualdad inalienables todas las personas.

Los derechos sociales forman parte de ese bloque de derechos conocido como Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, DESCA, por la suma de sus iniciales, que están reconocidos en diversos instrumentos internacionales, de los cuales los más relevantes son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo Adicional, el “Protocolo de San Salvador”, instrumentos que México ha firmado y ratificado.

Los derechos considerados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) son:

  • El derecho a la libre determinación de los pueblos
  • La obligación de no discriminación
  • El derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en el gozo de los DESC
  • El derecho a un trabajo libremente escogido y aceptado
  • El derecho al goce de condiciones de trabajo justas, equitativas y satisfactorias
  • El derecho a la libre sindicación
  • El derecho a la seguridad social
  • El derecho a la más amplia protección y asistencia posible a la familia.
  • El derecho a un nivel adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuadas, y a una mejora continua de las condiciones de existencia
  • El derecho al más alto nivel posible de salud física, mental y social
  • El derecho a la educación
  • El derecho a los beneficios de la cultura y del progreso científico y tecnológico

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado el 17 de noviembre de 1998 por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, y conocido también con el nombre de Protocolo de San Salvador, recoge los contenidos principales del PIDESC, y los amplía para la región de América Latina y el Caribe en el sistema interamericano de protección a los derechos humanos, agregando a los anteriores los siguientes derechos:

  • El derecho a un medio ambiente sano
  • Los derechos de la niñez
  • Los derechos de protección de los ancianos
  • Los derechos de protección de los minusválidos, respetando los términos que se utilizan en dicho Protocolo

Al igual que muchos otros derechos, su reconocimiento proviene de las luchas sociales, principalmente aquellas dadas a lo largo de los siglos XIX y XX. Estas luchas se dan en un contexto en el que predomina el avance de la gran empresa como un ente de influencia o que sobrepasa al Estado. Por su parte, los trabajadores, base del crecimiento de las empresas, se veían relegados de cualquier beneficio económico y social. De ahí la necesidad de los obreros y otros sectores de la población de que los derechos económicos y sociales fueran reconocidos y respetados, tanto como los civiles y políticos.

Sin embargo, durante mucho tiempo el debate sobre las generaciones de derechos humanos pretendió ubicar a este bloque por debajo de los derechos civiles y políticos (libertad de expresión, elección de gobiernos, libertad de asociación, libertad de pensamiento, entre otros), hecho que se enmarcó en la lucha ideológica, política y económica entre el sistema capitalista y el sistema socialista.

El principal argumento que siempre se utiliza para sostener dicha diferenciación postula que aquellos derechos catalogados como civiles y políticos involucran obligaciones negativas e inmediatas (por ejemplo no reprimir, no censurar, etc), y son de contenido específico y sin ningún costo para el Estado, mientras que los económicos, sociales y culturales comprenden obligaciones positivas, de realización progresiva, y son de contenido impreciso e incluyen altos costos.

En su lucha por hacer estos derechos exigibles social, política y jurídicamente, en los últimos años la comunidad internacional ha sido enfática en destacar y demostrar que no existe una clara distinción entre la naturaleza de los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Desde esta perspectiva de derechos humanos los derechos sociales conllevan las mismas características que cualquiera de los otros derechos humanos: son UNIVERSALES, porque nos pertenecen a todas las personas; son INALIENABLES, ya que nadie nos los puede arrebatar; son INDIVISIBLES, porque no pueden ser reducidos o fraccionados; y son INTERDEPENDIENTES porque del ejercicio de uno o de unos dependen los otros.
De la misma manera, su reconocimiento genera en instrumentos internacionales obligaciones generales para el Estado, al igual que cualquier otro derecho. Estas son, RESPETAR, PROTEGER, PROMOVER Y GARANTIZAR,

1) RESPETAR.- El Estado no debe obstaculizar o impedir el goce de cualquier de los derechos humanos.
2) PROTEGER.- El Estado debe proteger a las personas y sus derechos frente a la injerencia de actores no estatales, como las empresas o los particulares. Esta obligación también implica que el Estado debe de proveer a las personas de recursos jurídicos para proteger sus derechos, por ejemplo leyes, tribunales, etcétera.
3) PROMOVER.- Debe adoptar medidas legislativas, de política pública, de asignación de recursos, etc., que faciliten que toda la población goce de todos los derechos humanos sin excepción.
4) GARANTIZAR.-Debe proveer y hacer efectivos los derechos humanos, toda vez que un solo grupo o persona no pueda ponerlos en práctica por razones ajenas a su voluntad (por ejemplo, por su condición social o a consecuencia de desastres naturales).

Respecto de todos los derechos enlistados, las obligaciones generales de los Estados son:

Respetar. Exige que el Estado se abstenga de adoptar medidas que obstaculicen o impidan el goce de los derechos humanos.

Proteger. Demanda del Estado medidas para velar por el respeto de los derechos humanos por parte de terceros (por ejemplo, las empresas o individuos particulares), por lo que proteger implica también proveer de mecanismos para su defensa, lo que se conoce como exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos. El Estado debe otorgar garantías, exigibles por la ley, e incluso frente a los tribunales, para prevenir que los derechos sean violados o restringidos por la acción de terceros.

Realizar. Entraña las obligaciones de promover y hacer efectivo cada derecho humano. Es decir, el Estado debe adoptar medidas que faciliten el goce de los derechos humanos por toda la población (medias legislativas, de política pública, de asignación de recursos, etc.), con el fin de lograr la plena realización de los derechos humanos. Como norma general, aunque supeditada al propio texto de los Pactos, los Estados Parte están obligados a hacer efectivo directamente un derecho concreto del PIDESC, cada vez que un individuo o grupo no puede poner en práctica por sí mismo y con sus propios recursos un derecho, por razones ajenas a su voluntad. El Estado tiene, pues, la obligación de asegurar de manera plena el disfrute de los derechos, y debe adoptar las medidas necesarias para garantizar a todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción la oportunidad de satisfacer adecuadamente las necesidades reconocidas en los instrumentos de derechos humanos, que no pueden alcanzar mediante el esfuerzo personal o grupal.

Las obligaciones de respetar, proteger y satisfacer son las fundamentales; pero también el Estado debe sancionar a los servidores públicos y personas que en actos de corrupción violen los DESC. Tiene, asimismo, la obligación de no ejercer discriminación; la de adoptar medidas inmediatas una vez que ratifica los pactos; la de garantizar niveles esenciales de derechos, aun en periodos de limitaciones graves de recursos, y la obligación de progresividad, así como la prohibición correlativa de regresividad en la procuración de la plena efectividad de los derechos.

En la consecución de los DESC, las políticas económicas y sociales que adopten los Estados son fundamentales, dado que se trata de derechos programáticos en los que se debe ir avanzando progresivamente, utilizando los máximos recursos disponibles de los Estados, y contando también para ello con la cooperación internacional. Como lo señala la Declaración de principios sobre la exigibilidad y realización de los DESC en América Latina, proclamada el 24 de julio de 1998 por las redes, ONG de derechos humanos, de promoción del desarrollo, organizaciones sindicales, de pueblos indígenas y de defensa de los derechos de la mujer, reunidos en la ciudad de Quito, Ecuador, durante el Primer Encuentro Latinoamericano sobre la Exigibilidad de los DESC, “Los derechos económicos, sociales y culturales fijan los límites mínimos que debe cubrir el Estado en materia económica y social para garantizar el funcionamiento de sociedades justas y para legitimar su propia existencia. Para el logro de este orden económico-social mínimo los instrumentos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales no imponen fórmulas uniformes, pero requieren al menos que el Estado arbitre los medios a su alcance para cubrir las necesidades mínimas de la población en las áreas involucradas y defina políticas de mejoramiento progresivo del nivel de vida de los habitantes, mediante la ampliación del disfrute de esos derechos”.

La escasez de recursos no exime a los Estados de ciertas obligaciones esenciales en la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales. Siempre debe haber acciones expeditas, constantes y eficaces para hacer efectivos progresivamente los DESC.

Es obligación del Estado, los tres poderes y los distintos niveles de gobierno, cumplir con las obligaciones derivadas de los pactos internaciones en materia de DESC, para lo cual deben adoptar medidas legislativas, judiciales, administrativas, económicas, sociales y educativas para garantizar los derechos consagrados.

En el caso de los derechos sociales existen también obligaciones particulares que dependen de sus características específicas, y eso se tiene también que revisar precisamente al estudiar y reflexionar sobre cada derecho. Por tal motivo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), junto con la colaboración de la sociedad civil, ha realizado un arduo trabajo para desarrollar el contenido mínimo y los estándares básicos para el cumplimiento de cada uno de estos derechos, los cuales están plasmados en las Observaciones Generales que emite este Comité.

Los anteriores lineamientos son de suma importancia para la exigibilidad de los derechos sociales, pues como ya dijimos anteriormente, éstos son plenamente exigibles y conllevan obligaciones específicas para los Estados, entre ellas la realización del contenido mínimo de cada uno de ellos.

Entonces, si El Estado está obligado a respetar y cumplir con todos los derechos humanos, independientemente de su naturaleza o contenido positivo o negativo ¿por qué existe un arduo trabajo para diferenciar tajantemente la naturaleza y exigibilidad de los derechos sociales?

Como ya mencioné antes, durante gran parte del siglo XX se dio una lucha por la imposición de dos sistemas económica y políticamente antagónicos: el socialismo y el capitalismo. En esta ocasión sólo mencionaremos en parte al sistema capitalista, ya que es el que obstaculiza o niega a los derechos sociales, por considerarlos como una traba en el avance del mercado y del desarrollo.

El sistema capitalista pone efectivamente en su centro al desarrollo del mercado y de la empresa privada. Su fin es el consumo y la acumulación de la riqueza. Su eje la oferta y la demanda. Sin embargo este sistema sufre una radicalización principalmente a lo largo del siglo XX, ya que en este periodo las empresas ya no son sólo de manufacturas o industrias locales. Este nuevo tipo de empresa, que se expande después de la década de los años 50 del siglo pasado, y más intensamente desde la década de los 70, distribuye su trabajo y etapas de producción a lo largo del planeta, colocando pequeñas y medianas empresas al servicio de una mayor: la Empresa Trasnacional.

Es así como la empresa se transforma en un actor preponderante. Las empresas trasnacionales han tomado el control de la economía y producción de muchos países, e intervienen directamente en su vida política, imponiendo medidas de ajuste estructural en puntos clave, mientras ideológicamente impulsan el individualismo, la competitividad y la eficiencia. Tienen una clara oposición a que el Estado tome medidas que, desde su perspectiva, obstruyen el avance y fluidez del mercado, tales como la protección y planificación del mercado local, nacional y regional; pero sobre todo la protección de los derechos sociales, como pueden ser los derechos laborales, a la seguridad social, u otros que puedan ser vistos como posibles objetos de mercado: servicios de salud, educación, producción y distribución de alimentos, construcción y comercio de la vivienda, o la explotación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente.

Durante la década de los noventas el llamado proceso de globalización logra consolidar la presencia de estas empresas, surgiendo entonces actores e instituciones internacionales cuyo objetivo es orientar a los gobiernos en su actuar y sus políticas. Gran parte de los gobiernos han respondido ante estas demandas y atienden a los “consejos” dictados por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial de Comercio (OMC), cuyos lineamientos son íntegramente de corte capitalista neoliberal, y están cada vez más lejos de la sensibilidad y el respeto de los derechos humanos. Es así como se escuchan criterios como el expresado por el FMI, que en 2012 proponía aumentar la edad de jubilación y bajar las pensiones ante el crecimiento de la esperanza de vida, por “el riesgo de que la gente viva más de lo esperado”.

Desde aquel sector que defiende y protege la economía global y la iniciativa privada se genera ahora un discurso en el que se enfatiza la necesidad de impulsar el desarrollo humano y social. En este caso el desarrollo se ha ligado a una promesa de bienestar con respecto a la calidad de vida; es decir, como el avance en los niveles de crecimiento económico, social, cultural y político de una comunidad o país.

Pero el modelo de desarrollo que actualmente predomina, y que delinea las políticas públicas, y muchos gobiernos implementan, se basa en un patrón de explotación y extractivismo, en el que los recursos humanos y naturales son sólo medios para conseguir una acumulación material, y el establecimiento y preservación de un esquema dirigido a garantizar el privilegio y dominio de unos cuantos.
Es precisamente este modelo de desarrollo el que ha generado y acrecentado la desigualdad social que afecta a la población. La calidad de vida se ha visto avasallada con un tipo de parámetros mercantiles, en el que el éxito se conoce por la capacidad de consumo de los individuos, y, al contrario del paradigma de los derechos humanos, los principios rectores del sistema neoliberal colocan al mercado por encima de cualquier otra consideración, estando la calidad de vida sometida al escrutinio del mercado, en el que la felicidad y bienestar de los individuos depende de su capacidad de consumo constante. Es decir, que en él se pierde de vista el principio de la dignidad humana como eje rector.

Desde este punto de vista el desarrollo responde sólo a los intereses del mercado y a la consolidación de un sistema neocolonizador, que concibe e impone todo bajo un único estándar: el occidental. Nuevamente hablamos de un “desarrollo” económico “global” basado en la acumulación de riqueza, la explotación de los recursos naturales y la precariedad de los derechos sociales, e incluso de los derechos civiles y políticos, puesto que se pretende la implementación de una democracia electoral controlada, pero no participativa, que entrega el poder a unos cuantos (una élite empresarial y política), y no toma realmente en cuenta la opinión, los derechos y las expectativas de la sociedad en general.

Desde ese punto de vista la pobreza no es considerada como la máxima expresión de la violación a los derechos humanos, sino sólo como la falta de bienes materiales y posibilidades, como el consumo, el empleo y la propiedad. Es un hecho que atañe al individuo; es decir, se responsabiliza a la persona por no ser capaz de salir de su condición social, pero se le niega y obstaculiza su acceso a sus derechos sociales, económicos, civiles y políticos. Ello no obstante, si se toma en cuenta la perspectiva de derechos humanos, la pobreza es la consolidación de múltiples violaciones y la negación de derechos; es decir la omisión e irresponsabilidad del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones.

Con la implementación de una política pública que sigue los lineamientos del mercado, el Estado ha delegado sus responsabilidades a los particulares y a la población en general. Los derechos sociales han experimentado un retroceso, y corren incluso el peligro de verse completamente negados. Un claro ejemplo de ello es la continua flexibilizaciòn de la fuerza de trabajo, la restricción o disolución de la seguridad social, el debilitamiento de los sindicatos y la privatización de servicios que son parte del contenido mínimo de esos derechos. La democracia se ha limitado a la realización de elecciones populares y periódicas, pero sin el acceso a la participación en la toma de decisiones por parte de la población.

El debate en torno a esa visión de “desarrollo” y “progreso” ha cuestionado su validez y dirigido la atención a aspectos que se deben atender para lograr los avances y mejoras que permitan satisfacer de mejor manera las necesidades humanas. Esto ha generado una amplia movilización social que lucha, defiende y reivindica los derechos sociales como derechos humanos, promoviendo la participación ciudadana y la exigibilidad de aquellos como un componente indispensable para la construcción de la democracia y la incidencia en la política social con perspectiva de derechos, lo cual implica un concepto más amplio de desarrollo, como es el de desarrollo sostenible, que está ligado a lo social, lo cultural, lo económico y lo medioambiental.

Es lo que actualmente se conoce e impulsa como desarrollo con inclusión social, en el que se busca como objetivo el disfrute de los derechos y el acceso a oportunidades para mejorar con equidad la calidad de vida de la población, y un sistema de procuración y administración de justicia que sea accesible y efectivo para toda la población, particularmente para los sectores más discriminados y vulnerables, que al mismo tiempo permita la incidencia de la sociedad en la toma de decisiones y el diseño de acciones por parte del Estado. Un desarrollo con inclusión social debe buscar ciertamente como resultado la mejora en la calidad de vida de las personas, pero también su mejora en los procesos.

Desde diversos sectores de la sociedad civil en los últimos años se generan alternativas de desarrollo, entendidas como críticas, “descolonizadoras”, orientadas hacia la redistribución de la riqueza y la explotación razonable de los recursos, con estrategias distintas y otros ajustes estructurales, como, por ejemplo, el concepto del “buen vivir”, cuyos aportes se nutren gracias a las culturas indígenas. Sin embargo, estos mismos ejercicios, sobre todo los provenientes de las mismas comunidades indígenas, enfrentan obstáculos principalmente en lo que toca a los derechos sociales y colectivos.

Las dificultades están mayormente dirigidas al ámbito jurídico, principalmente cuando los Estados no determinan o reconocen quién tiene derecho a pedir qué. Estos obstáculos son claramente visibles cuando las autoridades ven la demanda y exigencia de los derechos como una amenaza para intereses de actores particulares, o incluso del propio Estado. Ello se puede ver de manera más clara cuando se aborda el tema de la libre determinación, más aún cuando ésta se encuentra ligada con la toma de decisiones sobre el control y la explotación de los recursos. (Contralínea, junio 2014)

A partir de todo esto se generan movilizaciones sociales en las que se exige a los Estados su obligación de garantizar un entorno socioeconómico y jurídico que promueva y permita un acceso total y sin discriminación alguna a condiciones en las que las personas puedan gozar plenamente de sus derechos sociales, como son la soberanía alimentaria y el acceso a los alimentos (derecho a la alimentación); el acceso a los servicios de atención a la salud, pero también a los métodos preventivos y a la información sobre ellos; el acceso de la población a todos los niveles de la educación, en forma gratuita y de calidad; la disposición de financiamientos para la adquisición de vivienda; la garantía de condiciones de trabajo seguras y sanas, con seguridad social; la satisfacción de los derechos a un medio ambiente sano y a la participación ciudadana, principalmente cuando se trata de la toma de decisiones en materia de planeación de política pública.

Pero igualmente se exige la incorporación de estos principios a las legislaturas y a las jurisprudencias locales; es decir, su aplicación en el sistema de acceso a la justicia. Los mecanismos jurídicos de regulación que protegen derechos sociales y ponen como principio la compensación para el más débil, como el derecho laboral y a la seguridad social, han sufrido en los últimos años un contragolpe por parte de los sectores neoconservadores. Las reformas legales llevadas a cabo en México, como la laboral, la educativa (que en el fondo no es sino una regulación laboral del magisterio), e incluso la hacendaria, delimitan estos derechos y son una muestra contundente del peso de las empresas privadas y del embate de un sistema que pretende negar derechos.

Del mismo modo ha crecido la tendencia de los gobiernos a relegar sus obligaciones bajo el pretexto de que cumplir con los derechos sociales requiere de una amplia inversión y erogación de recursos que no se disponen, justificando así el abandono o la privatización de los servicios que les dan cumplimiento, por ejemplo el acceso al derecho humano fundamental al agua. Sin embargo, como bien lo destaca el propio Comité, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce que la limitación de los recursos públicos no justifica la insatisfacción de estos derechos. En la Observación General No. 3, el Comité destacó que los estados están obligados a utilizar el máximo de sus recursos posibles para garantizar los derechos y señalar las razones por las cuales incumplen sus obligaciones, y que, en caso de insuficiencia económica, tienen el deber de acudir a la cooperación internacional. Pese a ello, el Comité señaló que, sin excusa alguna, los estados tienen la “obligación fundamental de asegurar como mínimo la satisfacción de los niveles esenciales de cada derecho” (párrafo 10).

En contraste a lo dictado por el Comité DESC, en muchas ocasiones la reacción de las autoridades ha sido la represión y la criminalización de la protesta social ante la movilización y continua exigibilidad social. Lo más grave es que a la par de estas acciones, los propios gobiernos y los particulares actualmente utilizan el discurso de los derechos humanos y el desarrollo para disfrazar y justificar la implementación de estas políticas sociales y económicas de corte neoliberal, las cuales, como ya he mencionado, son en realidad contrarias a los derechos humanos, cuyo principio es la dignidad inherente a todo ser humano.

Por tal motivo debemos recordar que es obligación de los Estados establecer políticas públicas que estén planeadas, ejecutadas y evaluadas desde la perspectiva de derechos humanos, y no aquellas políticas sociales y económicas que puedan significar el retroceso o negación de los derechos sociales. Es indispensable que las autoridades garanticen espacios y mecanismos que permitan contar con la mayor participación de la sociedad, permitiendo con ello que los bienes materiales y oportunidades sean accesibles y asequibles para todos, sobre todo para que los grupos en situación de discriminación no queden excluidos.

Los derechos sociales son un contrapeso a las desigualdades y exclusión que genera el desarrollo bajo el modelo capitalista, y se sitúan también como un contrapeso a los embates del poder absoluto que pretenden consolidar los derechos privados empresariales. Los derechos sociales son la garantía y el reconocimiento de la inclusión social, de la igualdad de oportunidades, de la equidad y la justicia social, como elementos fundamentales para la democracia.

Estados como México deben recordar que los instrumentos internaciones firmados establecen definiciones, criterios y lineamientos para que sean adoptados como medidas necesarias de orden jurídico, político, social y económico, a fin de lograr progresivamente, de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos humanos, incluidos los derechos sociales.