Jueves 22 de mayo

El 2014 se ha llamado el año del campo, porque las discusiones que se están dando actualmente probablemente darán pie a una reforma al campo en los próximos meses. Alfonso Ramírez Cuellar, presidente nacional de El Barzón, propone que se aborde el problema del campo desde el mercado agroalimentario. Los problemas de la concentración económica no nos permiten avocarnos únicamente a los productores de alimentos, existe un debate importante entre los productores y los consumidores que no puede ignorarse.

En materia de telecomunicaciones se han establecido nuevos organismos para promover la competencia. Es crucial que se siga esta línea en el mercado alimentario, que siendo un mercado mayor que el de telefonía móvil y que el de publicidad televisiva, no recibe la atención necesaria sobre el problema de la concentración económica. Además de ser un mercado de más de un millón de pesos, es relevante pues está ligado a los problemas de la dependencia alimentaria, la insuficiencia alimentaria, la desnutrición, la obesidad, la diabetes y la calidad de los alimentos.

Los números que presenta Alfonso Ramírez Cuellar son alarmantes. Cuatrocientos setenta empresas concentran el setenta y cinco por ciento de la venta de alimentos. Mientras, un millón cuatrocientos mil producen para el autoconsumo. Este escenario desfavorece a las pequeñas y medianas empresas pues se plantea difícil entrar al mercado y prácticamente imposible prosperar en este mercado.

El otro problema que resalta el presidente de El Barzón es la dependencia que actualmente existe de productos como el trigo, el maíz amarillo, el arroz, la leche y los alimentos para animales de los que se obtienen productos lácteos y carnes. Hoy en día hay déficit de 50 mil millones de pesos en el mercado de carnes. En el caso de los alimentos procesados, la dependencia es mucho mayor.

La concentración de las empresas comercializadoras las ha colocado en una posición privilegiada para fijar tanto el pago al productor como el precio para el consumidor. Esto da pie a que se abuse del consumidor y se sacrifique el ingreso del productor. Por ejemplo, en el caso del maíz, hay dos millones de productores a los que se les paga entre dos y cuatro pesos, pero la venta del kilo de tortilla alcanza los diecisiete pesos. Aunado a esto, el problema desata una volatilidad de precios de los alimentos que inclusive va en contra de los índices de precios al consumidor y atenta contra las medidas del Banco de México para controlar la inflación.

La solución que propone El Barzón es reconstruir en primer lugar la presencia del Estado en el mercado agroalimentario. Sin embargo, el planteamiento no consiste en la creación de múltiples organismos regulatorios como CONASUPO o en el control absoluto del Estado sobre el mercado. La propuesta es que el Estado tenga una participación del treinta por ciento para que sea un nuevo jugador en el acopio y la venta.

Es de vital importancia también que exista una nueva legislación con la que los productores puedan asociarse para enfrentar a los compradores nacionales y que existan definiciones claras sobre las empresas preponderantes en el mercado agroalimentario. Asimismo, debe promoverse que en este mercado se eliminen las barreras a la entrada y que cambien los parámetros para que proceda la desinversión cuando una empresa tenga un control absoluto del mercado.

La lucha contra el campo y por la competencia en el mercado agroalimentario ha de ser primero una lucha contra la oligarquía alimentaria.

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El tema de los pueblos indígenas ha estado siempre vigente, pero hoy más que nunca debido a las crecientes agresiones contra los pueblos y la resistencia que éstos han ofrecido para proteger sus territorios. Magdalena Gómez plantea que la reflexión sobre los pueblos indígenas debe hacerse partiendo del contexto de neoliberalismo en el que vivimos actualmente. El Estado defensor de la soberanía al que apelaban antes los pueblos indígenas ha sido suplantado por un Estado intermediario y facilitador de las empresas transnacionales. El Estado-nación emanado de la Constitución de 1917 está ahora al servicio de lo que el guatemalteco Luigi Ferrajoli ha denominado los “poderes salvajes”. Hablamos de un cuarto poder, privatizador, económico, supranacional, que se ha colocado por encima de la función social del Estado y ha impedido que los pueblos puedan ejercer los derechos que ya habían conseguido frente a este Estado.

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Es el proyecto neoliberal que ya predomina en los países de América Latina el que contraviene las demandas de los pueblos indígenas afirma Magdalena Gómez. Incluso en Estados plurinacionales como Bolivia, los pueblos están teniendo conflictos sobre la tierra. La ofensiva del capitalismo continúa generando nuevas maneras de intervenir y ocupar territorios. Un ejemplo de esto es la minería. En 2001 la Reforma Indígena le negó a los pueblos el aprovechamiento de recursos naturales, pero en 2005 las reformas a la ley minera le otorgaron a las empresas extranjeras concesiones hasta por cien años.

 

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Los mecanismos para continuar privatizando la tierra siguen multiplicándose: atentados contra las tierras ejidales, despojo, despoblamiento, cooptación con programas sociales y criminalización de los enclaves de resistencia son tan sólo algunos. Sin embargo, también han proliferado los esfuerzos de los pueblos indígenas para defender su tierra en todo lo ancho del continente. En Panamá lograron detener reformas mineras, en Bolivia impedir que una carretera atravesara sus territorios, en México evitaron que se construyera la presa La Parota.
Al mismo tiempo, la Dra. Magdalena Gómez nos recuerda que los pueblos indígenas también enfrentan el despojo en el terreno de lo jurídico y lo mediático. La Constitución mexicana, por un lado minimiza la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas -entregando su gestión a las entidades federativas- y por otro le da un rango constitucional a los programas indigenistas, es decir la “antiautonomía”. Así, el Estado reivindica elementos como la lengua y la educación intercultural como los únicos derechos permitidos de los pueblos, invisibilizando sus usos y costumbres, sus territorios y sus luchas.

Esta incapacidad del Estado mexicano de escuchar y defender los intereses de los pueblos indígenas no ha hecho más que alejar a los pueblos de la lucha jurídica advierte Magdalena Gómez. Ahora, las reformas estructurales que afectan a todos, en el caso de los pueblos indígenas ponen en duda la justiciabilidad de sus derechos adquiridos en el ámbito internacional. No obstante, aún sin la posibilidad de reclamar y ejercer sus derechos, los pueblos indígenas seguirán resistiendo desde la construcción de autonomías de facto acordes a sus propias cosmovisiones.