Por Andremar Galván (miembro del Colectivo de Apoyo para Personas Migrantes, COAMI)

En Estados Unidos, uno de los sucesos históricos más sobresalientes para su agenda política nacional e internacional reciente fue la aprobación (con 68 votos a favor y 32 en contra), de una reforma migratoria bipartidista. Ésta busca, por una parte, beneficiar a más de once millones de indocumentados que residen en el territorio estadounidense y que los reconocerá como ciudadanos sujetos de derechos en función del cumplimiento de ciertas características y requisitos. Pero por otro lado, se endurecerán los mecanismos de seguridad en la frontera y en el sistema de puntos para inmigrar de manera legal.

Aunado a lo anterior, la reforma migratoria pondrá en una situación complicada a los migrantes que circulan por el Estado mexicano lo porque, si bien, se cuentan con marcos normativos nacionales apegados al derecho internacional que reconocen los derechos humanos de toda persona, independientemente de su situación migratoria, como lo es la Ley de Migración y la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos, también existen enormes contradicciones en la implementación del reglamento de dicha ley, además de que los lineamientos para trámites y procesos migratorios establecen una serie de requisitos que el migrante indocumentado proveniente de Centroamérica no puede comprobar. Ello, sin contar que la implementación de nuestra ley es abordada desde una perspectiva en seguridad nacional y no desde los derechos humanos

Pros y Contras de la Reforma Migratoria en Estados Unidos

La migración en Estados Unidos es un tema transversal que camina acompañado del desarrollo económico y político de su nación. Anteriormente, la política de control migratorio y fronterizo de Estados Unidos se caracterizaba por responder a las necesidades de los empresarios, principalmente del sector agrícola, quienes demandaban mano de obra a muy bajo costo para trabajar en los campos.

Ahora, además de responder a las necesidades de los empresarios y a la tendencia de militarización, la política migratoria responde a una presión social emergente de grupos conservadores anti-inmigrantes que se han caracterizado por utilizar un discurso con tintes xenófobos y discriminatorios que presentan a los inmigrantes indocumentados como una amenaza para la nación porque contribuyen con la inseguridad y el desempleo para las comunidades locales.

De ahí se desprende una paradoja: ¿Qué hacer con los más de once millones de personas indocumentadas ubicados en territorio norteamericano que son excluidos e invisibilizados por estar inmersos en una dinámica migratoria ilegal que los condena a la indefensión y falta de seguridad jurídica, pero que los reconoce como actores fundamentales en los comicios electorales presidenciales y en la implementación de políticas económicas que permiten abaratar los precios de sus productos para competir en los mercados internacionales?

Cabe recordar que el Presidente Obama obtuvo el 71% del voto hispano durante los comicios electorales de 2008. Los latinos fueron una parte fundamental para lograr su reelección en 2012, por lo que la reforma migratoria se genera en un contexto en el que ambos partidos –demócratas y republicanos- ven en los indocumentados un actor potencial para triunfar en futuros comicios.

Como lo sugiere la Ley de Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y de modernización del Sistema de Inmigración (S. 744), la reforma migratoria está centrada en cuatro puntos:
 ¿Dónde situar a los más de once millones de indocumentados que viven en Estados Unidos?
 ¿Cómo hacer más segura la frontera sur de Estados Unidos?
 ¿Cómo evitar que las y los empresarios no contraten personas indocumentadas?
 Endurecer el sistema de inmigración legal
LO NEGATIVO: LA PERSISTENCIA DEL ENFOQUE EN SEGURIDAD NACIONAL.

La Reforma promueve duplicar el número de agentes de la patrulla fronteriza, aviones teledirigidos, así como la instalación de nuevos muros y mecanismos de seguridad como cámaras de largo alcance e infrarrojo, con el fin de monitorear la frontera con México las 24 horas del día. Como resultado, se espera que el 90% de quienes traten de cruzar, serán detenidos o retornados a sus países de origen en los primeros seis meses de la implementación de la ley.

Las empresas estarán obligadas, a partir de mecanismos fiscales, a revisar el status migratorio de sus trabajadores; de lo contrario, habrán sanciones económicas fuertes y acusaciones en cuanto al contrabando y trata de personas para quienes contraten indocumentados.

Al tiempo que se crearán el doble de estaciones migratorias que existen ahora, así como bases de operaciones en países expulsores como México, se destinará un fondo económico más amplio al enjuiciamiento de aquellos que crucen de manera indocumentada a Estados Unidos.

Desde el enfoque de reunificación familiar, ya no se permitirá la solicitud de entrada de los hermanos y/o hermanas de quienes cuenten con un documento migratorio ni de aquellos hijos y/o hijas que estén casados y sean mayores de 31 años. Se podrá solicitar la internación de cónyuges e hijos, sin embargo, desconocemos si serán las mismas medidas de internación que las que existen ahora en México.

LO POSITIVO: LA CREACIÓN DE UNA VISA MIGRATORIA

Los más de once millones de personas indocumentadas que residen de manera irregular en Estados Unidos podrían obtener un documento migratorio provisional como “inmigrante registrado.” Las condiciones para adquirirlo serían: que ya se hallan desarrollado los planes de seguridad y vallas fronterizas; hallan llegado desde antes del 31 de Diciembre del 2011; no tengan antecedentes penales ni hayan cometido delitos menores; y paguen una multa de $500 dólares por haber permanecido de manera irregular.

Las personas que cuenten con este documento migratorio tendrán permiso para trabajar, pero no para recibir todas las prestaciones de ley, entre ellas salud y asistencia social. La duración de esta visa será por seis años y será renovable por la cantidad de $500 dólares siempre y cuando se manifiesten las actividades a las que se dedique, la temporalidad y el ingreso que percibe mensualmente. Asimismo, las personas que fueron deportadas sin antecedentes penales y que cuentan con cónyuge y/o hijos ciudadanos podrán solicitar su reingreso, así como aquellas que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad.

El cambio de documento migratorio de visa provisional a residente permanente (“Green card”) podría ser solicitada después de haber transcurrido 10 años con su documento provisional vigente, presentando actualización de pago de impuestos, si tienen un trabajo formal y vigente, si saben inglés, y pagando los $1,000 dólares de costo de documento migratorio. Sólo aquellos que ingresaron a Estados Unidos siendo menores de edad podrán hacer su cambio a residente permanente en cinco años e inmediatamente después, realizar la naturalización.

Se privilegia el “brain drain,” que se refiere a la priorización de la inmigración de personas altamente calificadas, donde también se favorecen las condiciones para que puedan emprender un negocio, así como el aumento de sueldos por título. Además, se hace una diferenciación en cuanto a aquellos inmigrantes que cuenten con capacidades extraordinarias permitiéndoles ser exentos de los límites de la visa como residentes permanentes.

RETOS DEL ESTADO MEXICANO FRENTE A LA REFORMA MIGRATORIA ESTADOUNIDENSE

Ante este panorama, México tiene un trabajo enorme que hacer debido a que se deben crear las condiciones necesarias para garantizar el pleno ejercicio de derechos de aquellas personas que regresen, que crucen por territorio mexicano para llegar a Estados Unidos, así como de aquellas que se queden en México porque no logran cruzar.

Hay que recordar que la nueva Ley de migración reconoce principios básicos del derecho internacional, principalmente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Estatuto de Refugiados de 1951, de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, entre otros. A la par, cuenta con una Reforma Constitucional en materia de derechos humanos que reconoce los principios básicos del derecho internacional, garantiza el principio “pro persona” a partir del bloque de constitucionalidad que menciona que los tratados internacionales tienen mismo rango jerárquico que las prerrogativas establecidas en la Constitución Mexicana, además de que garantiza el ejercicio efectivo del derecho a libre tránsito, a solicitar asilo, al debido proceso, entre otras.

Muy distante de la realidad, la aplicación de la Ley de Migración no ha logrado resolver los problemas a los que se enfrentan las y los migrantes de tránsito (también llamados transmigrantes), que buscan cruzar México para llegar a Estados Unidos.

Por el contrario, los secuestros masivos y hormiga se siguen cometiendo ya no sólo en el tren conocido como “La Bestia”, sino ahora también en los autobuses de transporte, donde se siguen cometiendo extorsiones, delitos y violaciones a derechos humanos por parte de autoridades que están coludidas con miembros del crimen organizado. De tal suerte que se siguen violentando algunos artículos como el 76° referente a los albergues y centros humanitarios, el 81° referente al apoyo de autoridades de seguridad pública como la policía federal y el 92° referente a la verificación migratoria con previa orden.

La implementación de la política migratoria con perspectiva en seguridad nacional ha desembocado en la criminalización de las personas migrantes indocumentadas y ha colocado en una situación tensa a sus defensoras y defensores, pues pareciera que por evidenciar la incapacidad, corrupción y abuso de autoridad del INM y del crimen organizado, son enemigos públicos del Estado mexicano.

En acuerdos bilaterales entre México y Estados Unidos, como la Iniciativa Mérida —la cual pretende combatir el crimen organizado transnacional y el tráfico de armas—, se materializa el fenómeno de la externalización de las fronteras. Es decir, a partir de este tipo de acuerdos, Estados Unidos proporciona insumos económicos y en especie al gobierno mexicano para que se resguarde y militarice la frontera sur de México con el fin de resguardar los intereses particulares del gobierno norteamericano, lo cual atenta de manera directa a la soberanía nacional del Estado Mexicano.

A diferencia de la Reforma Migratoria que se pretende llevar a cabo en Estados Unidos, en México no se ha regularizado a un número considerado de personas migrantes que se encuentran de manera indocumentada. Por el contrario, se han endurecido los requisitos para poder regularizar a las personas. Únicamente por vínculo familiar o por oferta laboral pueden solicitar su regularización siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en los lineamientos para trámites y procedimientos migratorios como son solvencia económica, el manejo de otro idioma, y estar dado de alta en el hacienda, entre otras.

Qué decir de aquellos que han sido víctimas de algún delito en su cruce por México, cuando la discrecionalidad de la autoridad migratoria determina en qué grado fue afectada la víctima y a partir de ello, puede o no otorgar una visa humanitaria y debe renovarla cada año. Víctimas que en ocasiones pueden ser considerados como solicitantes de asilo porque han sido violentados sus derechos humanos por alguna autoridad o grupo del crimen organizado.