Palabras de Adolfo Gilly en la entrega del Premio Amalia Solórzano de Cárdenas 2017 a Abel Barrera y Tlachinollan.

La señora Amalia Solórzano de Cárdenas estaría hoy aquí –tal vez esté, a su modo silencioso- contenta y orgullosa de que el premio que lleva su nombre lo reciba hoy Abel Barrera Hernández, antropólogo, hombre honesto y leal,  y junto con él su Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y todos sus integrantes, el abogado Vidulfo Rosales entre ellos, que se juegan la vida cada día, serenos y silenciosos, en su tarea de de defensa de la vida y de los derechos de los pueblos de Guerrero; y como todos los grupos de derechos humanos que aquí no nombro, en defensa de México, de su existencia como nación democrática y protectora, y de todos nosotros, quienes aquí vivimos, trabajamos, aprendemos el pasado e imaginamos el porvenir.

En esta lucha, muy larga y dolorosa, fue precursora Rosario Ibarra de Piedra en su larga lucha por la aparición con vida y la libertad de su hijo Jesús Piedra Ibarra  con sus compañeras de dolor y de pelea, a quienes quiero desde este inicio rendir reconocimiento y homenaje.

Abel Barrera fundó Tlachinollan en 1994, veintitrés años ya. Desde entonces ha desarrollado su ininterrumpida y riesgosa actividad en casos grandes y en casos individuales, que parecen más pequeños y, en realidad, son tan graves y grandes como cualquier otro delito y crimen de violación de nuestros derechos en la República Mexicana, y en cualquier lugar del mundo que reciba el nombre y el titulo de República.

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En estos momentos Tlachinollan lleva el acompañamiento jurídico de largo aliento de la Policía Comunitaria en Guerrero, en defensa de su actuación y su libertad de organización y por el reconocimiento legal de sus sistemas normativos desde su fundación. Desarrolla acciones de acompañamiento comunitario a los pueblos indígenas en defensa de todos sus derechos básicos, especialmente el derecho al agua. Acaba de lograr  una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Guerrero (CEDH) al gobierno del estado a favor de la comunidad El Coyul en defensa de su derecho de acceso a la educación ante la carencia de maestros.

Le está dando seguimiento a dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso denominado “Inés y Vale”, donde está determinado que esas dos mujeres, de 25 y 17 años de edad, en un contexto de pobreza y marginación, fueron violadas sexualmente y torturadas por elementos del ejército en la Montaña de Guerrero. La denuncia se hizo en el año 2002, la CIDH asumió el caso en 2010, Tlachinollan y Abel, tercos como su oficio lo exige, hicieron propio el caso y no cejan. El listado de sus acciones en curso es, por supuesto, más extenso. En la suma de esos casos, grandes y pequeños, Abel Barreda y Tlachinollan han ganado el reconocimiento y el respeto nacional e internacional.

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La Fundación MacArthur, internacionalmente reconocida, le otorgó en 2007 el Premio MacArthur para Instituciones Creativas y Efectivas. Dijo entonces así Abel Barreda su gratitud: “Nos llamamos Centro de Derechos Humanos Tlachinollan en honor al nombre antiguo de Tlapa, que significa Lugar de los Campos Quemados”.

“Nuestra utopía de Tlachinollan es que los pueblos indígenas vivan con dignidad, en un ambiente de respeto y con reconocimiento como sujeto de derecho público por parte de las autoridades. La afectividad se construye. Nos hicimos eco del sufrimiento pero también de la utopía”. Y después: “La justicia tiene rostro. Es una lucha legítima, canalizada se junta con el movimiento universal de los derechos humanos. Es el respeto a los derechos humanos: solidaridad, fraternidad y sobre todo la justicia”.

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En el año 2010 Abel Barrera recibió el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, El 27 de mayo de 2011 Amnistía Internacional le concedió su Premio Anual de Derechos Humanos por “su lucha con un gran riesgo personal por los derechos indígenas del estado de Guerrero”. En esa ocasión estas fueron sus palabras de agradecimiento:

“En México la lucha por la justicia y los derechos humanos se ha tornado en una experiencia cada vez más dolorosa y peligrosa. La muerte ha cercado nuestras sierras y avenidas porque se ha impuesto como un destino fatídico la guerra contra el narcotráfico a la que se aventuró el Gobierno Federal dejando inerme a la sociedad.

“En el Sur de México los pueblos se mantienen en pie de lucha defendiendo sus territorios y su propia sobrevivencia. En Guerrero los indígenas y campesinos pelean con ahinco por romper los muros del silencio, destruir la injusticia y remontar el lastre de la discriminación y el racismo. […]

“La gesta por los derechos humanos en nuestro país ha sido heroica. Los ciudadanos y ciudadanas han abierto nuevos caminos con la fuerza de sus manos y con el acero de su dignidad. En Guerrero los defensores y las defensoras se han forjado en medio de la represión, enfrentando la persecución y los encarcelamientos. Tlachinollan nació en medio de esta revuelta, dentro de un estado y una región donde hombres y mujeres han pagado con su vida el costo de nuestros derechos. Aún persiste en el estado el dolor por los desaparecidos y la indignación por la impunidad de la que goza el ejército mexicano”.

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Esta mención se enlaza directamente con la presente epopeya de Tlachinollan y múltiples organizaciones en la lucha por los derechos humanos: los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, cuya desaparición forzada tuvo lugar en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuando además fueron asesinadas otras seis personas, tres de ellas estudiantes de Ayotzinapa.

En su castillo de falsificaciones en torno al caso Ayotzinapa el Procurador General de la República dijo una verdad: “El ejército no se manda solo”. En efecto: el ejército obedece el mando del Gobierno Federal de la Nación, del cual formaba parte destacada el Procurador General. Es imposible  que este funcionario no supiera quién, desde dónde y por qué ordenó y ejecutó la operación Ayotzinapa y quiera reducir la controversia a un ejército que, como él bien dice, obedece solamente órdenes superiores.

Su “verdad histórica” –que los estudiantes fueron incinerados en el basural de Cocula- fue desmantelada hasta los cimientos por la investigación y el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la investigación del caso, con el acuerdo del gobierno federal y de los representantes de las familias de las víctimas. El GIEI trabajó en el país durante dos períodos de seis meses cada uno y publicó dos voluminosos y muy detallados informes de sus actividades, sus hallazgos, sus pruebas y sus conclusiones.

Ese informe está espléndidamente resumido en un libro del presidente del GIEI, Carlos Martín Beristain, “El tiempo de Ayotzinapa”, México y España, Editorial Foca, enero 2017, 268 páginas. Nada, salvo repeticiones de la “verdad histórica” del Procurador General de aquel entonces, ha podido responder el Gobierno Federal y sus dependencias.

No diré más aquí de ese caso, histórico por si mismo. Lo que una vez sucedió se puede ocultar por un tiempo, pero no se puede borrar: “Temamos a la historia”, decía José María Morelos.

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En estos nuestros días, después de más de tres años la lucha de las madres y padres de los estudiantes de Ayotzinapa, de sus compañeros normalistas y de las organizaciones de derechos humanos que los apoyan, entre ellas la más cercana la guerrerense Tlachinollan, continúa sin reposo. Con su tenacidad nos protegen a todos, hasta donde proteger en estos tiempos sea posible.

 

Así dijo Abel Barrera, en una entrevista reciente con Luis Hernández Navarro:

“La Comuna de Ayotzinapa –parte luminosa de los padres y madres- proviene de la cultura comunitaria, de comunidades pequeñas, pobres, padres y madres campesinos, que viven del maíz, y tienen adentro de su corazón la comunidad. Al mismo tiempo, Ayotzinapa es también un colegio de estudiantes que luchan por la educación, por su porvenir como maestros, por espacios colectivos donde su cultura consiste precisamente en poder compartir la cultura, los sueños, la formación.

“La Comuna de Ayotizinapa es la clave de la resistencia y no por nada sigue siendo la cuna de la resistencia. Es la misma de los padres y madres, que han podido dar lecciones de cómo es preciso acuerparse para poder encontrar la verdad. Esto es importantísimo. Si, regresan a sus casas a ver a sus otros hijos. Pero saben el mandato de sus hijos desaparecidos y prosiguen su lucha sin tregua y sin pausa. Esa es la cultura de la comunidad, esa es la Comuna de Ayotzinapa”.

En la persona de Abel Barrera Hernández, también ellos reciben hoy el Premio Amalia Solórzano de Cárdenas. Salud y gratitud, madres y padres de los 43 de Ayotzinapa. Salud, Tlachinollan. Salud, antropólogo, organizador y compañero Abel Barrera Hernández.

Adolfo Gilly

Palacio de Minería, México, 17 octubre 2017