Raúl Álvarez Garín

*Se trata de un texto inédito de Raúl Álvarez Garín. En el momento en que lo escribió, se repartió de manera impresa en una sesión del Consejo del PRD en la etapa previa a las elecciones del año 2000 que concluyeron con  la salida (momentánea) del PRI. Al interior de la izquierda partidista se debatía sobre la posibilidad de apoyar al candidato de la derecha para sumar al voto útil, y en respuesta Álvarez Garín nos recuerda la importancia de trabajar sobre un proyecto de nación y no atenerse a las coyunturas electorales. Desde aquella fecha, hace 17 años, la conversación sobre una nueva constitución vuelve a resurgir de cara al centenario de nuestra Carta Magna (el próximo 5 de febrero de 2017) y muchos de sus argumentos siguen siendo vigentes para pensar en las bases de un país que requiere ser reconstruido.

La Fundación para la Democracia publica este texto, junto con muchos otros que hablan del trabajo de este luchador social ejemplar, a dos años de su aniversario luctuoso, gracias al apoyo del Comité 68, y atendiendo a la necesidad de conversar sobre el país que queremos.

Desde hace algunos años, cada 5 de febrero nos convocamos, de muy diversas maneras, todos aquellos que apreciamos que existe una grave crisis en la vida política de México por el incumplimiento generalizado de los ordenamientos constitucionales. En esta ocasión es oportuno externar algunas opiniones en torno a estas cuestiones de la mayor trascendencia, porque cada vez con mayor fuerza y frecuencia se escuchan planteamientos de la necesidad de llevar a cabo profundas modificaciones de fondo o, incluso, hacer una nueva Constitución.

Pero la conveniencia de una nueva Constitución ha sido planteada por fuerzas políticas que no sólo tienen propósitos distintos, sino que su intencionalidad es radicalmente opuesta. Por una parte están las presiones de las fuerzas impulsoras del modelo neoliberal que pugnan por una normatividad jurídica acorde a la globalización. Por otro lado, desde hace algunos años y de manera muy general se expresaron en el sentido de convocar a un nuevo Congreso Constituyente, primero el EZLN, luego el PRD y hace dos años hizo lo propio el EPR.

También abogados y especialistas políticos, tanto de la ANAD como del Partido del Centro Democrático, han adelantado planteamientos al respecto y existen señalamientos sobre la necesidad de refundar la República sobre nuevas bases con el objetivo de crear nuevas condiciones de gobernabilidad.

Más recientemente Porfirio Muñoz Ledo hizo la propuesta de impulsar un cambio de régimen político para pasar a un sistema semipresidencialista o semiparlamentario.

¿Qué tipo de Constitución requerimos?

Para adelantar argumentos en la discusión de fondo a la que nos convoca el planteamiento de Muñoz Ledo diremos, en primer lugar, que es urgente e importante identificar algunos conceptos y formas teóricas clásicas que dan lugar a los diferentes tipos de ordenamientos constitucionales que rigen en el mundo y exponerlos con la mayor claridad.

Para esta discusión basta con distinguir entre constituciones de tipo programático (como la de México) y otras de tipo funcional y de principios (como la de los Estados Unidos). Se sabe que las constituciones programáticas, en la medida en que son propósitos declarados de objetivos sociales y políticos por conseguir en el futuro, dan la impresión de siempre ser incumplidas cuando se confrontan con la realidad y sólo cumplen su función de gobernabilidad por consenso en la medida en que la población identifica con claridad y sin dudas los esfuerzos de los gobernantes por traducir en hechos las intenciones preestablecidas.

Las constituciones de tipo funcional y de principios tienen en cambio una gran estabilidad y duración porque no dicen nada de los objetivos sociales que se persiguen. Los planes gubernamentales específicos son sólo eso, planes y no existen compromisos constitucionales y por ello pueden variar de un régimen a otro.

Una nueva Constitución sólo será creíble y ampliamente respaldada por el pueblo, en la medida en que los compromisos sociales estén elevados al rango de mandatos constitucionales inequívocos

Es evidente que estas diferencias conceptuales son de la mayor importancia para el caso de México, porque el compromiso político que se debe establecer en una nueva Constitución, como expresión de un nuevo pacto o un nuevo contrato social, sólo será creíble y ampliamente respaldado por el pueblo, en la medida en que los compromisos sociales estén elevados al rango de mandatos constitucionales inequívocos; en otras palabras, en México sólo será aceptable una nueva Constitución que incluya compromisos programáticos de gran trascendencia en sus ordenamientos fundamentales. Requerimos en consecuencia de una nueva Constitución de carácter programático.

Esta es una primera diferencia con la propuesta de Muñoz Ledo, porque la esencia de un régimen semipresidencialista o semiparlamentario tal y como él propone, consiste en restringir los poderes presidenciales excesivos y darle mayores atributos al legislativo. Sin embargo, esa nueva situación deseable  y hasta óptima para efectos de poder decisivo en cuestiones estrictamente políticas, podría resultar contradictoria en la ejecución de metas y compromisos específicos de desarrollo social, por ejemplo, donde se requiere de una operatividad indispensable y de una responsabilidad inequívoca.

En la medida en que las funciones presidenciales en un régimen semiparlamentario se reducen a cuestiones de alta administración (manejo del servicio civil de carrera), de la diplomacia, de las fuerzas armadas, la Hacienda y de representación formal nacional e internacional, las cuestiones y proyectos sociales operativos, en manos de un poder legislativo atomizado corren el riesgo de verse entorpecidas en su ejecución por disputas políticas partidistas, ajenas a la tarea a desarrollar, sin que se pueda distinguir con facilidad la responsabilidad personal y de partido comprometidas en ese desempeño.

Nuevos compromisos programáticos

La Constitución de 1917 estableció como compromisos sociales programáticos el reparto agrario, la protección del trabajo, la educación científica y gratuita y la disposición de extender al mayor número de conciudadanos un conjunto de beneficios derivados del ejercicio pleno de la soberanía y la independencia nacional. En el curso de los años post revolucionarios estos compromisos se fueron materializando con mayor o menor velocidad en función de las resistencias interpuestas por los intereses creados y de la disposición de los gobiernos por cumplir y hacer cumplir los mandatos constitucionales.

Sin embargo, desde hace más 20 años con el advenimiento de las doctrinas neoliberales, el pacto social de los mexicanos ha sido seriamente quebrantado y de aquí deriva la condición de ingobernabilidad creciente que se ha venido viviendo en el país y que se expresa de múltiples formas sociales y políticas de miseria económica y descomposición política y social. Desde hace más dos décadas, el gobierno dejó de lado el compromiso de dar cuentas exactas de los objetivos sociales que deben procurarse por disposición constitucional.

El problema planteado es cómo reconstruir un nuevo pacto social y dar espacio al relanzamiento de un nuevo proyecto nacional con vigencia relativamente duradera

Hoy en día, el problema planteado es cómo reconstruir un nuevo pacto social y dar espacio al relanzamiento de un nuevo proyecto nacional con vigencia relativamente duradera, eso significa identificar el conjunto de compromisos sociales que deben ser elevados a rango constitucional para que se cumplan tendencialmente, si no es posible de otro modo, pero en condiciones imperativas. Además, deben asegurarse mecanismos para lograr que el mandato de la voluntad popular sea debidamente atendido por los representantes correspondientes o que, en su defecto, la remoción de los funcionarios sea pronta y expedita por la vía de procedimientos plebiscitarios debidamente formalizados, pero ampliamente facilitados en su ejecución.

Los nuevos compromisos programáticos deben incluir en primer lugar el derecho a la subsistencia familiar digna, mediante el empleo productivo y la adecuada remuneración de uno de los miembros mayores de la familia.

Se trata de asegurar constitucionalmente el derecho al trabajo bien remunerado, porque en el mundo moderno ese es el único medio legítimo generalizado para garantizar la subsistencia propia y de los dependientes directos. Hoy existen todas las condiciones técnicas y productivas necesarias para asegurar la subsistencia digna de las familias mediante el empleo productivo de sólo un miembro adulto de cada familia y, para ello, es suficiente con que se ajuste adecuadamente la duración de la jornada legal de trabajo, sobre todo, cuando las desigualdades sociales se profundicen.

El derecho al trabajo, a la subsistencia digna mediante el trabajo, es fundamental en esta sociedad moderna en la que las concentraciones de capital y los avances tecnológicos y productivos han arrasado y destruido las economías tradicionales llevándolas a la ruina, sin proporcionar a cambio empleos suficientes para subsistir en las nuevas condiciones. En otras palabras, las fuerzas del capitalismo salvaje destruyen las formas tradicionales de sobrevivencia y no crean ni fomentan medios alternativos.

Los fenómenos de la migración del campo a las ciudades y de los países pobres a los países industrializados están asociados a los problemas de miseria y marginalidad que en una parte mayoritaria han sido causados por los estragos producidos por la expansión salvaje del capitalismo en todas las áreas y todos los ámbitos del planeta. La etapa de desarrollo de transferencias masiva de excedentes del campo a las ciudades está (o ya casi) agotada y llegando a límites social y políticamente peligrosos, en consecuencia, ahora se plantea urgentemente revertir el fenómeno para iniciar un proceso de revaloración del campo como vía eficaz para que la población permanezca arraigada a la tierra y reforzar y revitalizar toda la cultura nacional asociada a los modos de sobrevivencia propios de los mexicanos. Así, la valoración del trabajo en el campo, la reducción de la jornada legal, entre otras cuestiones, son aspectos importantes que requieren de una revisión y nueva propuesta.

Los derechos sociales modernos y universales

En sentido contrario a la línea de crítica desarrollada por los ideólogos neoliberales a los sistemas de educación, salud y seguridad social, en los que se atribuye la “baja calidad” y mal trato a los usuarios al carácter público de las instituciones encargadas de proporcionar esos servicios y, especialmente, en contra de las críticas al carácter masivo de los servicios públicos, existen sólidos argumentos que demuestran que las soluciones públicas y colectivas pueden abordar con éxito ambiciosos programas de educación, salud y seguridad social verdaderamente modernos y universales.

En una nueva Constitución de carácter programático se deben de incluir precisiones categóricas del perfil moderno y universal de los servicios (educación, salud, vivienda, alimentación, seguridad, etc.) que debe proporcionar el Estado a toda la población para reducir al máximo el margen de discrecionalidad  de los funcionarios encargados de poner en práctica las políticas públicas correspondientes.

Un sistema educativo moderno, que se proponga preparar a los niños y jóvenes mexicanos, para que estén en capacidad y posibilidades reales de incorporarse a los requerimientos y exigencias de un mundo casi sin fronteras y que se está transformando a pasos acelerados mediante el uso de altas tecnologías, no sólo es una necesidad individual generalizada, es también una condición de sobrevivencia como Nación. Hoy más que nunca tiene vigencia el aforismo de Alfonso Reyes que decía  requerir “ser generosamente universales, para ser genuinamente nacionales”, porque sin una comprensión e inserción plena y a fondo de lo que está ocurriendo en todo el mundo no será posible identificar nuestra situación y ubicar consciente y racionalmente el papel que nos proponemos jugar en él.

El sistema educativo del país tiene que ser rediseñado a fondo para fincar nuestra identidad no en el aislamiento, sino en el aprecio emotivo y racional de nuestra historia y de nuestras virtudes populares.

El derecho universal a la salud puede y debe garantizarse constitucionalmente sin restricción alguna. De hecho el sistema público de salud puede y debe ser universalizado con los más altos índices de calidad, tal y como venía sucediendo tendencialmente en el país y tal y como se podía prever que sucedería con la unificación y homologación de los sistemas del IMSS, del ISSSTE, los servicios asistenciales del Estado y los sistemas médicos de otros sectores como el de las fuerzas armadas del país, que en conjunto tienen una capacidad de cobertura de más de 80% de la población del país y que debidamente racionalizados pueden rápidamente garantizar la cobertura total de la población.

Las transformaciones que se están produciendo en el mundo como resultado de la acelerada expansión del conocimiento y de las modificaciones tecnológicas que se prevén o que ya están en curso en el ámbito económico, están redefiniendo nuevas formas de desempeño y de organización de la vida y del trabajo, del tiempo libre y de los tiempos de estudio y actualización del conocimiento y los saberes indispensables para el trabajo productivo.

En adelante el proyecto nacional no podrá sustentarse en el buen desempeño de las “empresas nacionales”, como un subproducto de sus éxitos mercantiles, sino en el buen desempeño de los mexicanos mismos y en la calidad que se logre implantar en la vida social y política cotidiana del país.

En una nueva Constitución debe quedar establecido que, por mandato del pueblo en pleno ejercicio de su soberanía, el Estado Mexicano se instituye para garantizar en el ámbito de nuestro territorio una vida natural, digna, limpia y sana, sin peligros de corto o largo plazo derivados de procesos industriales peligrosos. Para lograr ese propósito, el Estado Mexicano y los mandatarios encargados del éxito de esos propósitos deberán estar obligados a organizar la vida económica, política y social del país de manera que todos los ciudadanos puedan subsistir mediante el trabajo productivo y en condiciones de educación, salud, vivienda y bienestar acordes con los niveles socialmente aceptables en el mundo moderno.

El conjunto de derechos sociales que habrán de establecerse en la nueva Constitución con carácter imperativo deben estar orientados a garantizar legalmente un mínimo de satisfactores inmediatos y de preparación para el desarrollo potencial de las mejores capacidades de las personas.

La persistencia de condiciones de pobreza y de miseria en amplísimos sectores sociales tiene que ver en gran medida con la falta de democracia y sobre todo con la ausencia, falta de credibilidad y desconocimiento de los derechos establecidos en las leyes. Por eso mismo, una Constitución de carácter social imperativa crea o refuerza las condiciones de participación y de cobertura política para que la población exija el cumplimiento de las disposiciones legales que obligan a los mandatarios. Las relaciones de igualdad, pobreza y democracia han sido ampliamente clarificadas y en el mundo contemporáneo ya no caben las falsas explicaciones que atribuyen la pobreza a incapacidad humana o a situaciones naturales inevitables, por el contrario, la persistencia de la pobreza tiene que ver con el mantenimiento de condiciones de opresión y explotación impuestas coercitivamente.

El problema de la democracia en México es que está obstruida por el incumplimiento de los requisitos más elementales en los que supuestamente se sustenta. En primer lugar, el voto ciudadano está seriamente conculcado por los controles corporativos que sancionan con el despido a los trabajadores que osan rebelarse a las condiciones del sistema. La condición del fraude electoral generalizado se encuentra en la imposibilidad de expresar la voluntad popular en las organizaciones primarias de la ciudadanía, en los sindicatos, en las colonias, en las organizaciones campesinas, etc.

Para abordar los grandes problemas nacionales en un contexto democrático se requiere de una representación real y fidedigna de la ciudadanía y de los sectores que eventualmente deben dirimir sus diferencias en conflicto. Mientras no exista democracia en las organizaciones primarias de la sociedad, las soluciones políticas concertadas en otros medios estarán cuestionadas por la falta de representatividad de los protagonistas. Así sucedió con la cuestionada política de los Pactos económicos impuesta desde 1987 y así está sucediendo con los intentos de mediación de los partidos que resultan a todas luces insuficientes para expresar el conjunto de intereses que deben concurrir al análisis y solución de los problemas nacionales.

Pero todos estos problemas de requisitos políticos no son de orden constitucional, ni tampoco de ordenamientos legales ultradetallados para prevenir fraudes, impunidad, corrupción, tráfico de influencias y todos los subterfugios que se ponen en juego para violar la ley. En todos esos casos que dependen más de la cultura política y de las percepciones más inmediatas de lo que debe ser la justicia, se requiere facilitar la acción popular con procedimientos como el derecho de reclamación y la legitimación de procedimientos plebiscitarios para la revocabilidad de mandatos. (Simplemente no es admisible que se presenten casos escandalosos de denegación de justicia prolongados por años y años porque los líderes charros de un sindicato se niegan a aceptar resoluciones aplastantemente mayoritarias de las bases, como son las luchas por democracia sindical en varias secciones del SNTE).

El ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos se verá significativamente reforzado en la medida en que se desarrolle un sistema de participación política intensiva basada en la democracia de base y en la más completa y amplia información de los asuntos relevantes y canalizada por el curso y las implicaciones que se vayan generando en los debates de cada tema.

En una nueva Constitución se debe garantizar no sólo el acceso a todas las fuentes de información indispensables para dilucidar el fondo de los problemas en cuestión, sino también la difusión adecuada de los informes y propuestas indispensables para instruir adecuadamente la conciencia ciudadana. Cada vez son más numerosos los asuntos de trascendencia nacional y política que se debaten en condiciones críticas de restricción de la información necesaria para explicar el caso (68, Fobaproa, megaproyectos industriales como el corredor Transístmico, etc).

La participación ciudadana responsable en numerosos asuntos de gran interés público depende en buena medida de tener acceso a las fuentes primarias de información y de la capacidad de procesar conflictos complejos que en todas las alternativas posibles conllevan simultáneamente costos y beneficios de distinto tipo. Sólo una ciudadanía debidamente informada y comprometida en el procesamiento directo de esos conflictos puede resolver democráticamente y con convencimiento casos de extrema conflictividad precisamente por el choque de intereses diferentes involucrados.

Del ya insostenible monopolio de la información y la secrecía absoluta del saber, se ha pasado a la utilización oportunista del “timing” y de la información privilegiada, pero incluso esos reductos de la ventaja y el abuso pueden echarse abajo con sólo generalizar el acceso irrestricto a la información y a la toma de decisiones en tiempo real, lo que será cada día más factible en la medida en que se forje una sociedad informada y dotada de los medios y equipos necesarios de procesamiento y análisis de información masiva y relevante. Todo lo que se haga desde este momento en términos de derechos y propósitos conducentes a sociedades más informadas y educadas, será indudablemente determinante en el objetivo de lograr una sociedad más democrática.

En esta ocasión no se trata, ni podríamos tampoco desarrollar, ni siquiera en sus rasgos más generales, todo un conjunto de posibles formulaciones que podrían y deberían estar incluidas en una nueva Constitución de carácter programático y concebida como garante de un nuevo pacto social, pero es evidente que toda una serie de demandas y propuestas del pueblo mexicano, como son la Ley Indígena derivada de los acuerdos de San Andrés, las definiciones rigurosas y actualizadas de los bienes nacionales y del carácter estratégico de ciertas actividades económicas que se reservan de manera exclusiva al Estado y de otra serie de aspectos fundamentales de los derechos y aspiraciones de los mexicanos deberán estar debidamente contemplados en un nuevo ordenamiento jurídico.

Pero en lugar de un nuevo pacto social que sería, como en su tiempo fue la Constitución de 1917, una verdadera condición de gobernabilidad, por incluir a los desposeídos como parte fundamental del proyecto de desarrollo del país, lo que parece que nos proponen diversas fuerzas políticas y personalidades es un pacto político entre fracciones de la clase gobernante para fijar las normas de los arreglos posibles entre ellos.

En la parte propiamente política, un riesgo mayúsculo de la propuesta de transitar a un régimen semiparlamentario es abrir el paso a modificaciones excesivas y complicadas de reglas de operación y funcionamiento de grupos y subgrupos parlamentarios, con muy escasa representación social, pero posiblemente influyentes en decisiones políticas trascendentes, que acaben por alejar todavía más a la gente de las decisiones fundamentales de la conducción del país, dejándolas en manos de políticos profesionales.

La propuesta de un régimen semiparlamentario conlleva las ideas de profesionalizar la política permitiendo la reelección de los diputados y legisladores (con el falso argumento de que así se premiaría la reelección a los que tienen buen desempeño y se castigaría con la sustitución a quienes no responden ante sus electores). En esta lógica se ubica también la propuesta de segunda vuelta electoral, en caso de que ninguno de los candidatos a la Presidencia de la República obtuviera la mayoría absoluta, propuesta que se argumenta con intenciones aparentes de lograr mayor legitimidad en el mandato como condición de gobernabilidad, pero que se concibe en la práctica como espacio de negociaciones y transacciones cupulares de grupos minoritarios, en el contexto obligado de forjar mayorías más aparentes que reales, ya sea por estar débilmente integradas o incluso ser contradictorias.

Tampoco puede pasarse por alto el grave riesgo de otorgar carta de naturalización y de legitimación consciente o inconsciente al conjunto de reformas constitucionales contrarevolucionarias y reaccionarias promovidas por el salinismo y los gobiernos de inspiración neoliberal. Parece evidente que en el momento en que se proceda a una reforma constitucional del régimen político se estará en la disyuntiva de restablecer el sentido original de los mandatos de la Constitución de 1917 o de aceptar implícitamente los cambios impuestos por el neoliberalismo y ese riesgo no puede aceptarse de ninguna manera.

Una nueva Constitución que afecte el régimen político nacional requiere de formalidades como la convocatoria expresa a una Asamblea Constituyente o diversos procedimientos de legitimación y ratificación de los nuevos ordenamientos legales: convocatoria especial, asamblea proyectista y referéndum especial para aprobar la nueva Constitución.

La nueva Constitución mexicana y el TLC

En los medios políticos y académicos bien informados, se ha venido desarrollando una discusión teórica y política respecto a las implicaciones constitucionales, en el sentido más amplio del término, del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá.

En sentido estricto la firma del TLC es un acto constitutivo de orden económico y político porque sienta las bases para un proyecto de integración trinacional que ha empezado por ser comercial y económico pero que rápidamente ha derivado en una integración de tipo político. La serie de modificaciones legales de orden constitucional promovidas por los gobiernos de Salinas de Gortari y de Zedillo para ajustar la legislación mexicana a los requerimientos derivados del TLC no dejan ninguna duda al respecto.

Pero la homologación completa de los sistemas normativos de los tres países no es automática porque descansan en principios y criterios diferentes. El sistema legal norteamericano tiene como eje principal de sus consideraciones el principio de la libertad (y específicamente el de la libertad de comercio) y en cambio en los sistemas canadiense y mexicano se enfatizan los derechos sociales como componentes indispensables de los principios de igualdad en un caso y de consideraciones protectoras y “tutelares” ante las evidentes desigualdades culturales y de recursos en los litigios económicos, más resaltadas, por ejemplo, en las leyes laborales, pero también presentes en las leyes de asuntos indígenas, agrarios, etc.

Las presiones para homogeneizar las disposiciones legales entre países involucrados en proyectos económicos multinacionales como el TLC pueden tener efectos desastrosos de desintegración nacional si extienden sus efectos hasta modificar el contenido histórico del carácter federal de la nación mexicana, que ha sido principalmente de nivel y orden administrativo. Es previsible que la promoción de carácter estatal de disposiciones económicas de asociación con capitales extranjeros en un ambiente de competencia y de promoción de ventajas comparativas al amparo del federalismo, puede derivar fácilmente en posiciones desintegradoras del proyecto nacional, todo lo cual está evidentemente conectado con el régimen político nacional.

En términos generales debemos advertir que todas las modificaciones constitucionales que se propongan deben de ser examinadas en el contexto de esta tendencia general a homologar las disposiciones nacionales con las normas legales dominantes en el contexto económico globalizado, en este caso las norteamericanas. Por esta simple razón no pueden aceptarse de manera precipitada propuestas de cambios en el régimen político nacional, sin que medie una amplia y profunda discusión que examine las implicaciones previsibles de los cambios que se pretenden. No es exagerado decir que un sistema legal construido tomando la libertad individual como elemento rector de su filosofía política corresponde exactamente con los más puros ideales del neoliberalismo.

Todas estas consideraciones generales tienen el propósito de señalar la gran importancia que tiene el tema de un posible cambio de carácter del régimen político nacional y de algunas de las implicaciones que se pueden vislumbrar en esta perspectiva.

Si la política y, en consecuencia el gobierno, son fundamentalmente la acción concertada de voluntades con propósitos comunes, es evidente que un gobierno democrático y eficiente se logra más fácilmente cuando se recogen las principales aspiraciones populares y menos cuando sólo se tejen normas de relación entre fuerzas políticas de parcial o escasa representación social.

Raúl Álvarez Garín

4 de febrero de 1999