Emitidas el 22 de octubre de 2018 en Apatzingán de la Constitución

Agradezco al H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo la alta distinción de que me hace objeto al concederme la Condecoración Constitución de Apatzingán. La recibo con gusto en nombre de quienes en México luchan por el rescate y pleno ejercicio de la soberanía de la Nación.

Agradezco de manera particular, a los diputados Sandra Luz Valencia y Alfredo Ramírez Bedolla por haber propuesto mi nombre para recibir este importante reconocimiento.

La Constitución de Apatzingán, promulgada a unos pasos de donde ahora nos encontramos hace 204 años, nace de los Sentimientos de la Nación, documento que cosntituye el cimiento de nuestro derecho constitucional, concebido por las luces de José María Morelos, y por lo que principalmente aportara el Congreso de Anáhuac, reunido en Chilpancingo en septiembre de 1813, donde, entre otros conceptos se expresó que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, principio que se reafirma en Apatzingán al establecer en el texto constitucional que la soberanía reside originariamente en el pueblo (Art. 5º), que el gobierno no se instituye… sino para la protección y seguridad general de todos los ciudadanos (Art. 4º), que ninguna nación tiene derecho para impedir a otra el uso libre de su soberanía y que el título de conquista no puede legitimar los actos de la fuerza (Art. 9º); principios que se refuerzan con el Art. 10, que señala: Si el atentado contra la soberanía del pueblo se cometiese por algún individuo, corporación, o ciudad, se castigará por la autoridad pública, como delito de lesa nación.

En el Congreso de Anáhuac se declaró rota para siempre jamás, y disuelta la dependencia del trono español: que [este Congreso] es árbitro para establecer las leyes que le convengan para el mejor arreglo y felicidad interior, para hacer la guerra y la paz y establecer alianzas con los monarcas y repúblicas del Antiguo Continente no menos que para celebrar Concordatos con el Sumo Pontífice Romano. Este Congreso escuchó la declinación de Morelos al título de Alteza que le asignaba la asamblea, pidiendo se le reconociera sólo como Siervo de la Nación.

La que se proyectaba como ley suprema de la nueva nación, la Constitución de Apatzingán, se sustentaba en dos principios básicos: la cabal independencia de la Nación y la soberanía de ésta ejercida por el pueblo a través de las instituciones y mecanismos que el mismo estableciera.

La defensa de estos principios: independencia y soberanía, esto es, la búsqueda por hacer realidad el ejercicio y respeto  a la soberanía en la vida y desarrollo de nuestra Nación, ha constituido uno de los ejes en torno a los cuales han girado las luchas del pueblo por sus libertades, la igualdad, su bienestar y la equidad en las relaciones internacionales. Y nunca como ahora, esos principios se encuentran vulnerados y disminuidos en la vida cotidiana y en el esfuerzo por el desenvolvimiento de nuestro país.

Hoy la Nación ejercita con graves restricciones su soberanía, no gozamos de la independencia plena ni de la igualdad por las que se ha luchado a lo largo de nuestra historia. La dependencia actual se manifiesta en forma diferente a la de otras épocas, pero no por ello deja de ser dependencia.

Casi cuatro décadas de políticas neoliberales han traído como consecuencia una más extendida, más fuerte y más compleja dependencia, política y económica, así como una creciente desigualdad social y la concentración desmedida de la riqueza en grupos cada vez más reducidos de la población.

Casi cuatro décadas en que se han destruido tejidos productivos en industrias básicas, como la petroquímica y los fertilizantes; en la empresa mediana y pequeña, la que mayor empleo genera; en la agricultura, la ganadería, el aprovechamiento forestal y la pesca; en que se nos ha convertido en país maquilador; la economía ha crecido precariamente; la pobreza afecta a más de la mitad de la población; casi cuatro décadas en las que la inseguridad y la violencia campean por toda la República, del brazo de la corrupción y la impunidad; tiempos de cesión de los mercados nacionales a productores del extranjero; de agresividad de la minería extactiva a comunidades y al medio ambiente; tiempos también de extranjerización de la banca comercial, entregadas las grandes instituciones más a la especulación que a cumplir funciones de crecimiento de la economía o de bienestar social; de reformas constitucionales que han entregado el control de los hidrocarburos a intereses que se han beneficiado y se benefician del yugo que representa nuestra dependencia del exterior.

La explotación del petróleo, primero, por la importancia comercial que empezó a cobrar, después, por la importancia política y geopolítica que ha tenido el control de su abundancia, producción y transformación industrial, ha sido, en todo tiempo, motivo de conflictos internacionales y de presiones externas para nuestro país.

Al independizarse el país, trasladó a su legislación minera la que regía en la colonia: la corona tenía la propiedad y el control del subsuelo, y concesionaba a particulares la explotación de sus diferentes substancias. La corona, es decir el soberano depositario de la soberanía, fue substituido por el pueblo, que delegó el ejercicio de su soberanía en los poderes del Estado. Con esas reglas se desarrolló la minería en la República durante varias décadas, incluyendo aquellas en las que empezó a realizarse la explotación comercial del petróleo. Cuando ésta cobró importancia y atrajo, entre otros, el interés de negociantes extranjeros, las leyes se modificaron. En diciembre de 2013 se hicieron cambios en nuestra legislación que bien pueden compararse en sus propósitos a los del porfiriato.

El Código de Minas de 1884, expedido por el gobierno de Manuel González, estableció que el dueño de la superficie sería también el dueño del subsuelo –ya no la Nación- y que podría “explotar y aprovechar las sales que existan en la superficie, las aguas puras y saladas, superficiales y subterráneas, el petróleo y los manantiales gaseosos o de aguas termales y medicinales”, sin necesidad de denuncio o adjudicación especial.

Porfirio Díaz derogó en 1892 ese código para expedir una ley, más orientada a los hidrocarburos, que señalaba, tal como la disposición derogada, que sin necesidad de concesión especial, el dueño del suelo podría explotar “los combustibles, minerales, los aceites y aguas minerales”.

El porfiriato no paró ahí: en 1901 la Ley del Petróleo autoriza al Ejecutivo a conceder permisos para explorar “los terrenos baldíos o nacionales y los lagos, lagunas y albuferas que sean jurisdicción federal con el objeto de descubrir las fuentes o depósitos de petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno que en él puedan existir”, así como exportar “libres de todo impuesto los productos naturales, refinados o elaborados que procedan de la explotación”, liberando de todo impuesto federal, salvo el del timbre, todo el “capital invertido en la explotación del petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno”. Y todavía en 1905 se decreta que serán de exclusiva propiedad del dueño del subsuelo “los criaderos o depósitos de combustibles minerales bajo todas sus formas y variedades”, al igual que “los criaderos o depósitos de materiales bituminosos”. Hoy, con las contrarreformas de 2013 nos encontramos prácticamente en las mismas condiciones.

Y para poner las cosas más difíciles, el recientemente firmado Acuerdo de libre comercio México-Canadá-Estados Unidos, que esperemos no ratifique el Senado, impide en los hechos los acuerdos comerciales con China y eventualmente también con otras naciones, impide la elaboración de fármacos biotecnológicos preparados a partir de células vivas –proteínas y azúcares- y, lo más grave, cancela a México la posibilidad de modificar en el futuro inmediato las regulaciones que rigen las industrias de las telecomunicaciones, el transporte, la infraestructura y los hidrocarburos, esto es, los representantes dizque mexicanos han cedido a las presiones norteamericanas y han hecho una descarada cesión de soberanía: la entrega a grandes consorcios internacionales del futuro petrolero, inmediato y mediato.

De regir la Constitución de Apatzingán, quienes han negociado el Acuerdo, con la encomienda de defender los intereses de México, serían acreedores a que se les declarara delincuentes de lesa Nación, como lo establece el Art. 10 de esta carta histórica.

Si queremos honrar a José María Morelos y a los héroes de nuestra independencia, la lucha por poner, como lo hizo la Revolución Mexicana, nuestros hidrocarburos al servicio del interés público, como base fundamental del desarrollo independiente, del crecimiento económico y la industrialización del país, debe ser nuestro compromiso y nuestra lucha prioritaria.

Una nación que no es dueña de sus destinos, como hoy sucede a la nuestra, carece de capacidad para poner en práctica medidas de mejoramiento social, de crecimiento económico, de convivencia social equitativa y fructífera. Cambiar esa situación, rompiendo las ataduras de la dependencia y pudiendo ejercitar sin trabas la soberanía, nos encauzaría por rumbos de progreso y bienestar para la Nación y para el pueblo. Ahí está la tarea.