Premio Amalia Solórzano de Cárdenas 2017
Palacio de Minería
Ciudad de México, 12 de octubre del 2017
Cuauhtémoc Cárdenas

 

Una distinción y una satisfacción saludar a todos, en esta tarde en la que se entrega el Premio Amalia Solórzano de Cárdenas 2017 al antropólogo Abel Barrera y al Centro de Derechos Humanos de la Montana Tlachinollan. Esta fue la decisión del Consejo del Premio, y nos congratulamos por ello.

El Centro Tlachinollan nace en 1993, bajo la dirección de Abel Barrera. De entonces para acá; en estos 24 años transcurridos; encabezado por su director; el equipo del Centro ha librado una desigual lucha por la defensa de los derechos de la gente, de la Montaña de Guerrero en primer lugar, pero también de los derechos de todos los mexicanos, enfrentando la bandera de la ley, con valor; firmeza y dignidad, a autoridades corruptas, insensibles socialmente y al dolor humano, violadoras de la justicia y de los derechos de todos a vivir, a ser y a progresar.

Por esta lucha infatigable, Abel Barrera ha recibido reconocimientos como la presea al mérito civil Nicolás Bravo del gobierno de Guerrero, en 2001; el Premio por Instituciones Creativas y Efectivas de la Fundación MacArthur; en 2007; la Distinción de Derechos Humanos de la Washington Office on Latin America (WOLA), en 2009; el Premio Robert F. Kennedy de Amnistía Internacional, en 2010; en 2011, la rama alemana de Amnistía Internacional le otorgaron su Sexto Premio Anual de Derechos Humanos por sus luchas “en gran riesgo personal por los derechos de la población indígena en el estado de Guerrero”; y en 2016 recibió el Reconocimiento por la Igualdad yo la No Discriminación 2015 del Consejo Nacional para Prevenir la  Discriminación (CONAPRED).

Tlachinollan ha sido denunciante y defensor de innumerables casos de violaciones, asesinatos; desapariciones, en diversas ocasiones el único, y desde el 26 de septiembre de 2014, ninguna institución como este Centro, ha luchado porque se haga justicia y se esclarezca la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa.

En este caso particular, sabemos que existen responsables de la desaparición de los 43, que incluso hay ya inculpados por ello; que se encuentran detenidos; son éstos; en todo caso, autores de delitos ejecutados por ordenes de otros. Se tiene conciencia, por lo tanto, que existen otros responsables, autores materiales o intelectuales a quienes de diferentes maneras, autoridades del Estado han venido protegiendo con impunidad, evitando así que enfrenten la justicia.

En ningún caso puede o debe culparse a instituciones por los delitos cometidos. El o los responsables de cualquier hecho que se trate, son siempre individuos con nombres y apellidos, en todo caso, funcionarios de instituciones que faltan a su deber; a éstos es a quienes indebidamente, en casos como el de los normalistas de Ayotzinapa, se brinda impunidad. Al proceder así, se auto-inculpan los integrantes de las distintas cadenas de mando: Autoridades municipales, estatales y federales; Policías Judiciales y Procuradurías estatales y de la Republica; Secretaria de la Defensa Nacional; hasta llegar al titular del Poder Ejecutivo de la Federación.

Se tiene la certeza de que alguna o algunas personas que están o pasaron por esas instituciones tienen conocimiento amplio y claro de qué y cómo sucedieron los acontecimientos de Ayotzinapa. Quienes mayor interés debieran tener en no mantenerse
como delincuentes, en el mejor de los casos por encubrimiento, y en no cargar con la responsabilidad histórica de complicidades y de brindar protección a los responsables de la desaparición de los 43 normalistas, debieran ser las más altas autoridades de las diferentes instituciones involucradas directa e indirectamente en este caso. De no hacerlo así, seguirán compartiendo la culpabilidad de las hasta ahora 43 desapariciones forzadas, y tarde o temprano conocerá lo sucedido la opinión pública del país y del mundo.

Por otra parte, reclamo nacional es poner fin a toda clase de impunidades: por hechos de corrupción, por violaciones o a derechos de la gente, por asesinatos y desapariciones forzadas, por encarcelamientos políticos, como son, entre otros, los casos de Ayotzinapa, los asesinatos de Tlatlaya, las fosas de Tetelcingo, los injustos encarcelamientos de José Manuel Mireles y Nestora Salgado, etc.

En medio de serios reclamos a autoridades con muy diferentes cargos y de distintas partes del país por violaciones a derechos de la gente y a la ley, que se mantienen vivos en la memoria colectiva, el Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano se honra en entregar hoy el Premio Amalia Solórzano de Cárdenas 2017 al distinguido luchador Abel Barrera y al Centro Tlachinollan de la Montaña de Guerrero.