La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación son los instrumentos de política económica más importantes del gobierno mexicano. De la misma manera, la tarea de estudiar, modificar y aprobar finalmente estas disposiciones legales es uno de los asuntos más relevantes en la agenda del Congreso. Para ello, el gobierno entrega a los legisladores el llamado paquete económico que contiene, de manera especial, el documento de Criterios Generales de Política Económica en el cual se explica la estrategia del gobierno, se hace un análisis de la situación económica internacional y doméstica, y se detallan tanto las medidas como las metas adoptadas para el próximo año.
Se trata pues de un documento que aspira no sólo a comunicar o informar el contenido de los presupuestos, sino sobre todo a señalar con claridad cómo y por qué el gobierno propone tomar decisiones tan importantes que afectarán la vida de todos los mexicanos.
En esta ocasión, los Criterios, junto con el paquete económico fueron entregados a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre. De la lectura de este documento se puede desprender con claridad que la propuesta del gobierno para 2016 está basada principalmente en un fuerte recorte del gasto público. El gasto programable del gobierno federal se reduciría en 6% y al mismo tiempo se prevé un aumento, principalmente, en el pago de la deuda pública (14.4%) y en menor medida a las participaciones federales a estados y municipios (8.5%). En otras palabras, la inversión pública y el gasto del gobierno en renglones tan fundamentales como la salud y la educación se reducirían para aumentar la partida destinada al pago de la deuda. Es una estrategia que, según el gobierno, pretende darle prioridad a la estabilidad económica.
Por ello, para 2016, si esta propuesta es aceptada por el Congreso, la vida de los mexicanos se verá afectada de dos maneras: porque seguramente afectará el crecimiento económico de manera negativa, y porque se reducirá el gasto relacionado con su calidad de vida.
Algunas cifras pueden ilustrar lo anterior: la inversión del gobierno se reduce en 21% en términos reales. Los rubros más importantes, Comunicaciones y Transportes (-25%), Pemex (-14.2%) y CFE (-7.6%). El recorte para el conjunto de las empresas productivas del Estado es de casi 12%. La magnitud y la importancia de estas mermas afectarán sin duda y de manera directa la creación de empleos, la productividad y el crecimiento de la economía mexicana. Se trata entonces de un Presupuesto que frenará el desarrollo en aras de pagar más deuda pública. Esta es quizás la característica más importante de la estrategia económica para 2016.
Por su parte, los recortes del gasto por ramos administrativos son: en educación disminuirá en casi 5%, en salud casi 7% y en desarrollo social más de 5%. En agricultura y desarrollo rural casi 20% y en medio ambiente casi 18%. Ello, sin duda, afectará la calidad de vida de los mexicanos.
A pesar de la contundencia de estas cifras, el gobierno considera que nada de esto va a suceder. Al contrario, según los Criterios, el crecimiento del PIB será para 2016 de alrededor del 3.1%, superior al que hemos tenidos en los últimos años. Para sostener esta afirmación, se basan en la expectativa de un mayor crecimiento en Estados Unidos y por lo tanto de las exportaciones mexicanas. Aún más, el gobierno confía en un fortalecimiento de la demanda interna motivada por un crecimiento del empleo y los salarios. Y argumenta que ello “es resultado de las reformas estructurales que se están implementando”.
Los Criterios también dicen que con las partidas presupuestales se “fortalecerán las políticas públicas orientadas a elevar la calidad y cobertura de los servicios de educación y de salud; avanzar en la lucha contra la pobreza extrema y las condiciones de marginación, entre otras acciones”.
Pero la verdad es que no hay una argumentación seria en ninguna de estas previsiones: la economía norteamericana según los pronósticos, no va a crecer tanto, apenas 2.6% frente al 2.5% proyectado para este año. Y sobre todo, la demanda interna de nuestro país, sigue y seguirá bastante deprimida. Los empleos que se han creado son, en su mayor parte, precarios, de bajos salarios. Éstos, según el Inegi han crecido menos del 1% este año. Y, sin embargo, los Criterios se basan en cifras de la ANTAD (Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio) que registran un crecimiento de las ventas del 6.3%, lo que es muy cuestionable pues representaría el avance en el mercado minorista de este tipo de establecimientos y no necesariamente del consumo de los mexicanos. En cambio los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que dan cuenta de un avance de la pobreza y una caída de los ingresos no son tomados en cuenta, en absoluto, a pesar de que se trata de una institución pública.
Tampoco puede entenderse ni se argumenta al respecto, cómo un menor gasto en los ramos correspondientes puede mejorar la calidad y cobertura de la educación y la salud. Parece un desafío al sentido común.
Los escenarios optimistas de los Criterios no son sólo buenos deseos que pueden ser contradichos por la realidad debido a riesgos imprevistos. No se trata tampoco de escenarios que pueden no cumplirse por un conjunto de variables no cuantificadas correctamente. Se trata de algo más grave: de crear escenarios sin bases sólidas que muy probablemente no van a ocurrir. Ello tiene una consecuencia: dejar de buscar otras alternativas para compensar el daño que la estrategia del gobierno va a causar en el nivel de vida de la mayoría de los mexicanos.
En realidad, el problema más serio de la economía mexicana, hoy, se desprende de la caída del volumen de producción y de los precios del petróleo mexicano. El boquete en los ingresos del gobierno por esta causa ha sido mayúsculo. En este 2015 ha significado una reducción de los ingresos públicos de 384.5 miles de millones de pesos (mmp) y para 2016 sería de 370 mmp. Para compensar la pérdida, había otras dos posibilidades, además de reducir el gasto: un mayor endeudamiento y una nueva reforma fiscal. Ambas se descartaron.
El otro problema es la balanza de pagos. También por el asunto del petróleo, México tiene un problema que se puede agravar si se confirma un alza en las tasas de interés de Estados Unidos. El gobierno asegura que el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos “estaría sanamente financiado, en gran medida, a través de los ingresos por inversión extranjera directa” y por un “crecimiento de las remesas familiares provenientes de Estados Unidos.”
Pero depender enteramente de estos ingresos no parece ser una buena política de financiamiento. Antes, durante años, la industria petrolera cumplió ese papel, pero eso ya no va a ser así.
Frente a esta realidad ¿hay otras alternativas? A corto plazo, los recortes en la inversión y en rubros estratégicos como la educación y la salud no son el único camino para compensar la caída de los ingresos petroleros. La Cámara de Diputados puede acordar un déficit público similar al del año pasado, hay un colchón equivalente al 0.5% del PIB al que puede recurrir para evitar afectaciones en los renglones del gasto más importantes para el desarrollo y la calidad de vida de los mexicanos.
En el largo plazo, una nueva reforma fiscal y un programa de inversiones públicas en Pemex y la CFE tendría que ser el punto de partida de una nueva estrategia nacional. Pero se tendría que reconocer que las reformas estructurales en materia energética fueron un error.
Es difícil que el gobierno haga esta rectificación. Por el contrario, el optimismo que aparece en los Criterios trata de convencernos de que las reformas han sido exitosas y que México tiene un futuro de crecimiento y de avances en las políticas sociales. Pero sus argumentos y razones no son consistentes. Lo malo es que la política ficción en materia económica tiene costos muy altos que luego tenemos que pagar la mayoría de los mexicanos.

Twitter: @saulescoba

Artículo publicado en El Sur