José Luis Gutiérrez

Como lo ha ido documentando el Buró del Censo en los Estados Unidos de América, la población de origen latinoamericano ha venido creciendo de manera constante a lo largo de los últimos veinticinco años, destacando el crecimiento de la comunidad mexicana. De acuerdo la misma fuente, para el año 2012 la población de origen mexicana consistía de 32 millones de personas residiendo en los Estados Unidos de América (EUA), lo que representa el 10% de la población total de este país. De ese total, 12 millones de personas nacieron en México. La mitad de esta población carece de autorización migratoria, ubicándoles como el grupo nacional más numeroso de esta población.

En los últimos cuatro años 1.5 millones de inmigrantes han sido deportados, dando un promedio de 1,500 personas por día; de acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacio¬nal, el 71% de los 392,000 deportados en el 2010 son de origen mexicano. Cabe mencionar que más de la mitad de las personas deportadas no contaban con historial criminal.

La ley actual de inmigración ha conllevado un costo humano enorme para la población mexicana en los EUA, especialmente en lo referente a la separación forzada de familias. Desde cuando menos 1996, la ley de inmigración ha estado dominada por una lógica de restricción, exclusión y castigo desmedido en relación a la población inmigrante en general y, en particular, en relación a la población extranjera no autorizada. Como ya ha sido mencionado, la mayoría de esta población es mexicana. Sin lugar a dudas, reformar la ley de inmigración actual constituye una de las aspiraciones más importantes para el bienestar de la población mexicana en Estados Unidos. Idealmente, dicha reforma debería estar permeada por una lógica de justicia, generosidad y humanismo.

El ímpetu detrás del empuje en pro de una posible reforma migratoria obedece a varios factores, entre ellos el cambio demográfico de la población anglosajona, que es el grupo racial donde más impacto está teniendo el patrón de jubilación de la generación conocida como los Baby Boomers. Esta fue la generación de las personas nacidas entre 1945 y 1964. A partir del 1 de enero del 2011, 10 mil Baby Boomers han estado alcanzando la edad de jubilación (65 años) CADA DÍA. Este patrón se mantendrá constante hasta finales del año 2030. Cerca de 80 millones de personas se jubilaran durante ese periodo de tiempo. Esta situación hace imperativo el poder asegurar un ingreso generoso de trabajadores jóvenes al mercado laboral estadounidense.

Otra factor clave ha sido el patrón de crecimiento de la población de personas ciudadanas, de 18 años o más, y de origen latinoamericano; aptas para ejercer el derecho al voto en los EUA. Más allá de cuán decisivo fue el rol del votante de origen latinoamericano en las elecciones de noviembre pasado, algo innegable es el hecho de que la comunidad de origen latinoamericano crecerá a un ritmo anual de aproximadamente 500,000 nuevos ciudadanos, que alcanzaran los 18 años, a lo largo de los próximos 10 o 12 años. Además, este crecimiento no será un fenómeno exclusivo de los estados tradicionales de residencia de la población de origen mexicana/latinoamericana (California, Nuevo México, Texas, Florida, Nueva York e Illinois), sino que se comenzara a manifestar en nuevos estados como Iowa, Nebraska, Nevada, Carolina del Norte, Michigan, New Jersey, Massachusetts, Ohio, etc. Por lo tanto, congraciarse con los votantes de origen latinoamericano se vuelve un imperativo político para cualquier partido con aspiraciones de triunfo electoral.

Sin embargo, el factor “poder electoral latinoamericano” no es algo que se expresara de manera contundente en el corto plazo. Esta realidad hace que muchos legisladores y dirigentes del Partido Republicano sigan siendo renuentes a la idea de favorecer cambios inmediatos en cuanto a política de inmigración, aun cuando acepten la naturaleza imperativa de mediano y largo plazo en torno a este tema y sus prospectos de apoyo para su partido del creciente número de votantes de origen latinoamericano.

Otro factor clave es la notable diversificación de los actores sociales que han sido persuadidos por la cúpula dirigente del esfuerzo de reforma a la política de inmigración bajo el esquema denominado “Reforma Migratoria Comprensiva” (CIR, por sus siglas en ingles) para que se movilicen a favor de dicho esfuerzo. Desde la Cámara de Comercio de los EUA, hasta la federación laboral AFL-CIO, pasando por las múltiples comunidades de fe, las organizaciones ambientalistas, etc., hay un alineamiento sin precedentes en apoyo a una reforma a la política de inmigración bajo el concepto denominado CIR.

Finalmente, la activa movilización de grandes sectores corporativos que ya ha ido lucrando generosamente en la medida en que la política de inmigración se ha venido implementando al menos desde 1996. El hecho que, de aprobarse el tipo de reforma que ha sido propuesta seguramente se verían altamente beneficiados es algo sin precedentes. La industria del encarcelamiento privado (especialmente las compañías Correctional Corporation of America y el GEO Group), la industria de defensa y seguridad, la industria de la alta tecnología informática, la agro-industria, y las múltiples ramas de la industria de servicios han desplegado su reconocido poder de influencia a favor de una reforma a la política de inmigración como la que está bajo consideración del Senado estadounidense actualmente. Dado el demostrado poder de conseguir la aprobación de grandes y pequeñas leyes federales favorables a sus intereses, el rol de los grandes intereses corporativos es quizás el más decisivo factor en cuanto a las posibilidades de que lo que ahora es una propuesta llegue a convertirse en ley.

LOS SENTIMIENTOS ANTI-INMIGRANTES SIGUEN PESANDO

Desdichadamente, todo lo anterior no es sinónimo de un cambio sustantivo en lo referente la narrativa que ha dominado la discusión nacional y legislativa en cuanto a inmigrantes se refiere, y en particular en cuanto al inmigrante mexicano y demás latinoamericanos. La idea que el inmigrante de hoy, especialmente los mexicanos, son una carga publica, violadores de la ley, roba empleos, etc. sigue estando muy presente en la forma como es debatido el tema de la inmigración. En pocas palabras, la idea que el extranjero de hoy es una amenaza para los EUA sigue vigente. Consecuentemente, buena parte del público estadounidense, y buena parte de los legisladores federales consideran que los migrantes deben ser tratados de acuerdo a lo como son percibidos, independientemente de lo que verdaderamente representamos para el país. En el mejor de los casos, los migrantes somos vistos como un “algo” que el mercado laboral necesita, pero no como un sujeto social querido o deseable.

Por lo tanto, y más allá de los prospectos de aprobación de una reforma a la política de inmigración de este año, seguirá siendo de extrema importancia trabajar de manera rigurosa y consistente para educar al público estadounidense acerca de lo que las personas migrantes realmente somos, tanto desde nuestra dimensión como seres humanos llenos de sueños, aspiraciones y valores muy similares a los de ellos, como también acerca de las múltiples maneras en que nosotros contribuimos a la generación de riqueza, al crecimiento económico, a la base tributaria, a la generación de empleo y a la cambiante realidad electoral del país.

La mejor evidencia de cuanto peso siguen ejerciendo los sentimientos anti-inmigrantes es la revisión del contenido fundamental y el lenguaje especifico que está contenido en la tan mencionada propuesta de reforma a la Política de Inmigración presentada el pasado 17 de abril en el Senado de Estados Unidos. Contrario a la narrativa que comenzó a surgir la noche del 6 de noviembre del año pasado a efecto que el voto de origen latinoamericano había cambiado la lógica electoral a partir del abrumador apoyo (71%) brindado al esfuerzo de re-elección del presidente Obama y a otros candidatos del Partido Demócrata; y que por añadidura el momento de tratar bien a la comunidad de origen latinoamericano, especialmente en un tema de tanta importancia para esta comunidad como el de Política de Inmigración, finalmente había llegado, los hechos desde entonces nos sugieren una realidad muy diferente.

LA “PANDILLA DE LOS OCHO”

Seguido de las elecciones de noviembre pasado se conformó un grupo de ocho senadores, cuatro Demócratas (Bennet de Colorado, Schumer de Nueva York, Durbin de Illinois y Menéndez de Nueva Jersey) y cuatro Republicanos (Rubio de la Florida, Graham de Carolina del Sur, y McCain y Flake, ambos de Arizona), con el fin de redactar una propuesta de reforma bi-partidista a la política de inmigración. Con excepción del Senador Rubio, todos estos senadores son veteranos de esfuerzos anteriores que buscaron reformar la política de inmigración y fallaron. La base legislativa fundamental de la que este grupo de senadores ha partido ha sido la fallida propuesta de reforma intentada en el 2007, como también los principios migratorios acordados en el 2009 entre los senadores Graham y Schumer.

Previo a la presentación de la propuesta bipartidista el pasado 17 de abril, la Pandilla de los Ocho llevo a cabo consultas formales con diferentes grupos de interés con el fin de conseguir respaldos políticos de manera anticipada. Una de las consultas más reportadas por los medios de prensa fue la realizada a lo largo de varias semanas con representantes de los sindicatos laborales más importantes, encabezados por la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) y con representantes de la Cámara de Comercio de los EUA en torno al tema de visas para trabajadores extranjeros temporales futuros. Como lo mencioné anteriormente, han sido los grandes sectores corporativos quienes han ejercido el mayor grado de influencia en los contenidos y el lenguaje específico contenido en la versión presentada finalmente ante el Senado por la Pandilla de los Ocho.

La propuesta trabajada por este grupo de Senadores es consistente con la orientación general que ha tenido el debate legislativo sobre cómo concebir una reforma a la política de inmigración al menos desde finales de la década de los noventa, en el marco jurídico migratorio post-1996. Específicamente, la propuesta de la Pandilla de los Ocho no busca revertir de ninguna manera fundamental el marco altamente restrictivo, excluyente y punitivo aprobado en 1996 por un Congreso dominado por el Partido Republicano y un Presidente Demócrata (Clinton).

Además, la misma propuesta busca cuando menos dar inicio a una redefinición fundamental de la política de inmigración de los EUA, dejando atrás el concepto de la unidad familiar como la piedra angular de la política de inmigración y sustituyendo tal principio por un sistema basado en las destrezas y conocimientos de los extranjeros, conjugados con las necesidades del mercado laboral estadounidense. En términos fundamentales, estos son los aspectos más destacados de la propuesta presentada el pasado 17 de abril.

El representante demócrata más importante en la Pandilla de los Ocho es el Senador Charles “Chuck” Schumer, de Nueva York. En los últimos años él ha destacado en repetidas ocasiones la importancia de redefinir la política de inmigración de manera que podamos atraer a los “mejores y más brillantes” extranjeros. Sin embargo, lo cierto es que estas palabras sugieren que los inmigrantes de las décadas recientes (mayormente mexicanos/latinoamericanos), no caemos dentro de esa categoría. Como es de imaginarse, si esta es la visión demócrata, ¿qué se puede esperar de los Republicanos?

RUBROS FUNDAMENTALES DE LO PROPUESTO POR LA PANDILLA DE LOS OCHO

La propuesta de reforma migratoria gira en torno a cuatro grandes ejes. El primero tiene que ver con el precepto de reforzamiento de la lógica de aplicación rigurosa de la ley existente, enfatizando la idea de un control mucho más riguroso de la frontera Sur de los EUA. El segundo eje tiene que ver con el concepto de eliminación de lo que los autores de esta propuesta consideran el factor de mayor atracción de trabajadores no autorizados, es decir, el acceso al empleo. Para ello se propone la adopción obligatoria y a nivel nacional de un sistema electrónico de verificación de elegibilidad de empleo de todas las personas que buscan trabajar en Estados Unidos. El tercer eje tiene que ver con la redefinición y ampliación de los programas de visados para trabajadores extranjeros temporales. En adición a una redefinición de los programas existentes (visas para trabajadores altamente calificados y las visas para trabajadores agrícolas), se propone la creación de una nueva categoría de visas para acomodar trabajadores necesitados por diferentes sectores en la industria de servicios (empacadoras, hoteles, jardinería, restaurantes, etc.). El cuarto y último eje versa sobre la solución al caso de la población extranjera que ya reside en Estados Unidos, pero sin una autorización migratoria. Además de estos cuatro grandes ejes, la propuesta aborda también muchos otros aspectos de la ley actual de inmigración.

¿EN QUÉ PUNTO ESTÁ EL PROCESO DE DELIBERACIÓN LEGISLATIVA?

Después de ser presentada la propuesta el pasado 17 de abril (designada como la propuesta S. 744), se llevaron a cabo audiencias de acopio informativo en el marco del Comité de Asuntos Judiciales del Senado. A partir de los primeros días de mayo, y hasta el pasado 21 del mismo mes, el subcomité antes mencionado recibió y deliberó sobre enmiendas a la propuesta presentada originalmente. Más de 300 enmiendas fueron recibidas, la mayoría de ellas presentadas por legisladores Republicanos dentro de ese comité. Cerca de 200 enmiendas fueron consideradas y el debate dentro del comité llego a su fin el día 21 con un voto de 13 a favor y 5 en contra por medio del cual la propuesta, con las enmiendas aprobadas, se refirió al pleno del Senado. Las más importantes enmiendas aprobadas fueron las presentadas por el Senador Hatch, un republicano de Utah, relacionadas al programa de visas para trabajadores altamente calificados. Dichas enmiendas habían sido gestionadas por la industria de la alta tecnología.

Se espera que a partir del 10 de junio el Senado en pleno dé inicio a la deliberación y consideración de enmiendas a la misma propuesta. Es importante notar que tanto el Presidente Obama, como el liderazgo del Partido Demócrata en el Senado han dejado claro que no va a ser posible aprobar ninguna enmienda que busque hacer la ley más beneficiosa para la población inmigrante, pues tales enmiendas conllevan el riesgo de perder apoyo Republicano. Sin embargo, lo inverso no es cierto. En otras palabras, la bancada Republicana tiene más latitud para empujar sus prioridades, sin que haya una amenaza Demócrata de retirar su apoyo. Lo único que los Demócratas han identificado como inaceptable para ellos es si se busca eliminar el acceso al derecho de solicitar eventualmente la condición de Residencia Permanente, aun así sea un proceso engorroso, económicamente prohibitivo para muchos y de muchos años de espera. La condición de Residencia Permanente es una pre-condición para que un extranjero pueda optar por la ciudadanía por la vía de la naturalización.

Para poder llevar finalmente a voto, por sus méritos, una propuesta en el Senado requiere del respaldo de cuando menos 60 senadores. De lo contrario, un solo senador tiene el poder de empantanar cualquier propuesta en un debate interminable que es sinónimo de muerte a manos de procedimiento. Dando por sentado el mejor de los escenarios, el Senado pudiera aprobar finalmente una propuesta de reforma para finales de junio, antes del receso del día de la independencia (4 de julio).

¿QUE SIGUE DESPUÉS?

Todo lo anterior se refiere únicamente a lo que una propuesta que transita el orden regular del proceso legislativo federal tiene que superar en una de dos cámaras legislativas. En el caso de Política de Inmigración, todo lo descrito anteriormente es la parte más fácil. Lo que sigue es la parte más complicada. La Casa de Representantes, que a diferencia del Senado está controlada por el Partido Republicano, tiene que aprobar una versión propia de reforma a la Política de Inmigración. La esperanza de la Pandilla de los Ocho ha sido que la propuesta en el Senado se apruebe con apoyo robusto (más de 70 votos), de manera tal que se pueda forzar al liderazgo de la Casa a considerar en su seno dicha propuesta.

Sin embargo, el liderazgo de la Casa ha declarado consistentemente que ellos van a formular su propia propuesta de reforma a la Política de Inmigración. Esa posibilidad sugiere que lo que pudiera salir de la Casa de Representantes será significativamente diferente de lo que pudiera salir del Senado. Dadas las opiniones vertidas por el Presidente del Sub-comité de Asuntos Migratorios, como también las emitidas por el Presidente del Comité de Asuntos Judiciales, los Representantes Trey Gowdy (Republicano de Carolina del Sur) y Bob Goodlatte (Republicano de Virginia), respectivamente, no sería sorprendente que una versión de reforma en esta cámara fortalezca significativamente todo lo relacionado a aplicación rigurosa de la ley, reduzca los programas de visas para trabajadores extranjeros temporales y restrinja mucho más lo referente a acomodamiento legal de la población de extranjeros no autorizados que ya residen en el país. Sobre este último punto se ha rumorado que esta propuesta pudiera limitarse a únicamente otorgar permisos de trabajo, sin incluir un momento futuro en que se pueda solicitar Residencia Permanente como un beneficio directo.

POTENCIALES DESENLACES

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es fácil prever al menos los siguientes escenarios de desenlace:

1. A razón de las presiones ejercidas por sectores corporativos muy poderosos, el liderazgo de la Casa es persuadido a considerar la propuesta que pudiera salir del Senado y se logra alcanzar una versión reconciliada de la reforma a la política de inmigración antes del receso de verano (5 de agosto).
2. La Casa aprueba antes del receso de verano una versión similar a la del Senado, pero con importantes diferencias, incluyendo un camino mucho más restringido al momento futuro en que un inmigrante no autorizado pueda llegar a solicitar Residencia Permanente. Esto forzaría un proceso de reconciliación que implicaría que la propuesta tendría que ser objeto de reconciliación entre ambas cámaras después del receso de verano. Una versión reconciliada de la ley pudiera ser finalmente aprobada por ambas cámaras y enviada al Presidente a mediados/finales de septiembre.
3. Algo inesperado sucede en el Senado y la propuesta se empantana en dicha cámara, efectivamente posponiendo indefinidamente una reforma a la política de inmigración.
4. La Casa aprueba una versión de propuesta que no incluye la opción de poder solicitar Residencia Permanente para la población no autorizada y ofrece únicamente un permiso de trabajo y el derecho a viajar fuera del país, sin restricciones, mientras un permiso de trabajo esté vigente. El liderazgo Demócrata considera esto inaceptable y se retiran del esfuerzo, iniciando con ello una campaña publicitaria culpando al liderazgo Republicano por el fracaso y reorientando sus esfuerzos en función de las elecciones legislativas del 2014 y las presidenciales del 2016.
5. De haber un fracaso total del enfoque denominado CIR, es previsible que surjan propuestas de reforma, mucho más acotadas y específicas, sobre temas diversos, que busquen ser aprobadas de manera indirecta utilizando maniobras legislativas que permiten evadir el orden regular de una propuesta de ley.

INDEPENDIENTEMENTE DEL DESENLACE, ¿QUÉ COSAS QUEDARÍAN PENDIENTES?

Es importante entender que independientemente de lo que el Congreso Federal pudiera aprobar este año, se tratara de un resultado parcial en la complicada empresa de equipar a los EUA con una nueva ley de inmigración que verdaderamente establezca un equilibrio entre los intereses económicos, el sentido común, la responsabilidad compartida en cuanto a la creación de verdaderas oportunidades económicas, sociales, políticas y culturales en los países de origen de las personas migrantes y finalmente, la central importancia de la unidad familiar. Los seres humanos somos entes sociales. Funcionamos mejor cuando contamos con el beneficio de las redes familiares de apoyo.

Dada la toxicidad del trasfondo de opinión pública y el ambiente legislativo federal, debemos estar claros de que la lucha por del respeto, el reconocimiento y el aprecio de las contribuciones de las comunidades inmigrantes tendrá que seguir siendo un trabajo constante más allá de un potencial cambio en la ley que cuando menos alivie la condición de vulnerabilidad de los millones de personas migrantes, mayormente mexicanos, que viven y trabajan en los EUA son contar con la autorización migratoria debida.

Sabemos que el solo hecho de tener “papeles” implica superar un flanco de vulnerabilidad que afecta a la población de extranjeros que viven en el país sin autorización migratoria. La superación de dicho flanco ofrece condiciones menos adversas para la búsqueda de un mejor nivel de vida y una mayor participación en la sociedad estadounidense. Independientemente de si hay una opción de poder en un momento futuro solicitar Residencia Permanente, debemos seguir fortaleciendo la capacidad organizativa que nos permita mayor capacidad de incidencia política.

Las demandas en torno a la urgencia de abordar las causas de la migración en el mundo de hoy hechas por diferentes sectores a lo largo de muchos años entre los que destacan académicos, centros de estudio e investigación, migrantes organizados en clubes, federaciones, y sus organizaciones sombrillas como la Red Mexicana de Lideres y Organizaciones Migrantes (Red MX) la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC) entre otros, deberán continuar.

Más allá del tema de autorización migratoria, hay muchos desafíos por delante para la comunidad inmigrante mexicana en los EUA. Un ejemplo de esto es que a pesar de las buenas noticias sobre el incremento de la participación de personas de origen latinoamericano en las universidades, existe aún una desventaja desproporcional respecto a las poblaciones blanca y asiática.

Otro gran desafío tiene que ver con la exclusión de quienes pudieran beneficiarse de cuando menos un permiso de trabajo del derecho de acceder a programas gubernamentales de bienestar social. En el caso del acceso al cuidado médico, la Ley para el Cuidado Médico al Alcance (económico), conocida también como “Obamacare,” excluyo totalmente a la población de extranjeros no autorizados. Como una extensión de esa lógica, la reforma migratoria que está actualmente bajo consideración en el Senado, permitiría únicamente a los extranjeros en capacidad de pagar el precio total de una póliza de cuidado médico, la participación en el nuevo sistema de acceso a la salud. A la luz de los costos de dichas pólizas, es previsible que la mayoría de los beneficiados de lo que se proyecta será una condición migratoria provisional bajo una eventual reforma seguramente estarán excluidos del acceso al cuidado médico.

Habrá que analizar detenidamente como se podrá mejorar la condición de marginación económica, social y política que hoy día no está en correlación con la importancia y las contribuciones que las comunidades de origen latinoamericano, en especial los mexicanos hacen a Estados Unidos. Siempre lo hemos dicho, de haber una inversión en la comunidad inmigrante, particularmente la de origen latinoamericano, se abonaría a la construcción de una condición económica más competitiva a nivel global, tan necesario para los EUA. De no haber una integración económica y social inmediata se retrasaría la inclusión y completa participación de una gran parte de la sociedad estadounidense, pero también la capacidad de contribuir al desarrollo de México de una manera más activa dado que la capacidad de solidaridad e inversión se vería disminuida.

LUCES DE ESPERANZA EN MÉXICO

En México un avance de gran relevancia ha sido la creación de una “Agenda Estratégica Transnacional de Migración para el Plan Nacional de Desarrollo- Migración 2013-2018”, esto gracias a la participación de las organizaciones civiles y de migrantes a través del Colectivo PND-migración, el cual tiene por objetivo la inclusión del tema migratorio de manera transversal en el plan Nacional de Desarrollo. Este ha sido un proceso nuevo con un gran impacto, debido a las recomendaciones consensadas de este grupo amplio y plural de organizaciones que trabajan el tema de la migración desde los enfoques de derechos humanos, género, desarrollo sustentable e interculturalidad.

El PND-migración ha sido un espacio único donde convergen una gran diversidad de organizaciones y actores incluyendo al migrante organizado, este colectivo ha construido en forma histórica confianza política en torno al tema de migración y derechos de los migrantes, que incluyen grupos como población de origen, migrantes en retorno, destino y tránsito, la diáspora y personas refugiadas, el acceso de las personas migrantes a la vida social del país, y mecanismos que garanticen la protección de sus derechos independientemente de su status migratorio.

Se concluyó que los problemas que impiden al Estado mexicano entender la migración y el desarrollo desde una perspectiva integral de derechos son:
 La ausencia de mecanismos de coordinación intersectorial que permitan una articulación efectiva de las instancias a cargo de la gestión pública del fenómeno migratorio;
 La impunidad e ineficacia derivadas de la falta de mecanismos de rendición de cuentas en los órdenes federal, estatal y local;

Los objetivos principales de la Agenda Transnacional tienen que ver con:

A) Articular una visión integral y multidimensional de la relación entre migración, desarrollo y seguridad humana con los mecanismos que integren la migración de forma transversal en los lineamientos del PND;
B) Incorporación explícita del fenómeno de la migración, la vinculación entre migración y desarrollo, así como las funciones y obligaciones de la administración pública federal para garantizar derechos en un sistema nacional de rendición cuentas, con sustento en indicadores de gestión, acceso amplio y exhaustivo a información en materia migratoria, mecanismos de control eficaz y sanciones claras;
C) Creación de una estructura de vinculación interinstitucional entre los diferentes órdenes de gobierno en materia migratoria, en el que participen la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil y académicas;
D) Creación de una estrategia nacional para la protección, promoción y plena realización de los derechos de las personas migrantes y sus familias.

La estrategia debe incluir acciones para concientizar a las autoridades en los tres órdenes de gobierno sobre sus obligaciones en relación con los derechos de las personas migrantes; y establecer mecanismos de coordinación adecuados. Se deben ampliar las condiciones de acceso a la justicia, considerar explícitamente el derecho a la identidad, salud y educación, y establecer acciones para combatir la impunidad y fomentar una cultura de respeto a los derechos de las personas migrantes.

Por otra parte, es necesario sensibilizar a las autoridades en todos los niveles respecto a los derechos de las personas migrantes, así como deliberadamente promover el acceso a la justicia, identidad, salud y educación. Los migrantes organizados tenemos claro que para que podamos avanzar es urgente tener una representación y representatividad en los mecanismos de gestión y coordinación de política migratoria integral.

Hoy como nunca se tiene la oportunidad de construir una política de Estado que reivindique de la injusticia, la invisibilidad y la marginación a los mexicanos radicados en Estados Unidos así como a todos aquellos migrantes en tránsito y retorno.

La apuesta es que el Programa Nacional de Desarrollo-Migración, que por Ley debe formular la nueva Unidad de Planeación de la Secretaría de Gobernación, retome la transversalidad e integridad como política de Estado sobre migración y desarrollo con enfoque de derechos, lo cual reflejaría realmente cuán importante es la problemática migratoria para la agenda Nacional mexicana y sus tomadores de decisiones. De no ser así, seguiremos con una política utilitaria del tema donde lo único que importa obtener del migrante son sus remesas, dando paliativos con programas inoperantes y mal financiados que nada tiene que ver con la retórica de los políticos en turno.

Para consolidar nuestra presencia como ciudadanos binacionales, avanzar en el reconocimiento de nuestros derechos humanos y construir mejores alternativas de desarrollo regional, es necesario potencializar el papel del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) convirtiéndolo en Secretaría de Estado o en un espacio de alto rango que dependa directamente del ejecutivo como un ente coordinador de programas de atención a los mexicanos en el extranjero; además de que funja como un centro de planeación de estrategias para políticas públicas hacia México.

Por otra parte es indispensable que se diseñe creativamente un plan de incidencia y diálogo con los tomadores de decisiones en Washington D.C, en colaboración con los Estados, espacios como la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), legisladores y la iniciativa privada, (México necesita tener una mayor presencia en DC).

En la actualidad las Cámaras de Comercio más grandes en EUA son las hispanas;
Cada vez hay más congresistas, alcaldes y miembros del gabinete de origen mexicano en los diferentes niveles del gobierno de los Estados Unidos, pero no existe por parte del Gobierno mexicano una estrategia para educarlos sobre la estructura y necesidades de México y la importancia que tiene para las dos naciones el trabajar en forma conjunta no solos como vecinos, sino como socios.

Es por ello que se considera de vital importancia que se creen más oportunidades de diálogo para aprender a vernos no como extraños sino como paisanos, esto permitirá multiplicar los puentes naturales para potenciar el desarrollo que ambas sociedades requieren y merecen.