Por: Sebastián Valdomir*

Los estudiantes de la Escuela Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, procuraban movilizarse hacia el Distrito Federal de México para la conmemoración de la masacre de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.
Para la movilización se recurrió a una práctica habitual del movimiento estudiantil en zonas rurales, que es retener autobuses y utilizarlos para desplazarse a los lugares donde se llevan a cabo las manifestaciones, para luego regresarlos al servicio. Incluso los trabajadores tienen acordado con las empresas de transporte que en estos casos se mantienen en los buses retenidos y reciben la paga por los días que no se cubren los servicios.
El 6 de septiembre de 2015 se divulgó el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en acuerdo con los familiares de las víctimas y el Estado mexicano. El primer informe reúne testimonios, contextualiza los hechos e identifica posibles respuestas, ante la insuficiencia, falsedad y parcialidad de las investigaciones oficiales realizadas por el Estado mexicano con el objetivo de develar lo sucedido con los 43 estudiantes desaparecidos esa noche en Iguala.
Dicho informe, que se encuentra disponible en internet, analiza como fueron realizadas las investigaciones por el Estado mexicano, así como los intereses creados que limitaron sus conclusiones y encubrieron responsables.
La Normal de Ayotzinapa sería el punto de reunión de las delegaciones de las 17 escuelas rurales del país, integrantes de la Federación Estudiantil de Campesinos Socialistas de México (FECSM), para luego iniciar la marcha hacia el Distrito Federal. Según los testimonios obtenidos, se planificó la movilización en función de una cantidad estimada de cien estudiantes por cada escuela, que llegarían a Ayotzinapa entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre. Se requerían unos 15 autobuses para la marcha a la capital.
El 26 de setiembre de 2014, una centena de estudiantes se desplazaron en dos buses desde Ayotzinapa hacia Iguala, distante unos 250 kilómetros, procurando conseguir más autobuses para la movilización de la semana siguiente. Llegaron a Iguala cerca de las 20 horas. En su mayoría eran estudiantes de primer año.
Antes de llegar a Iguala, los dos buses se separaron para tener más oportunidades de lograr los autobuses extra. Los testimonios de agentes de seguridad y estudiantes coinciden en reconocer que desde la salida de Ayotzinapa hasta la llegada a Iguala, los buses estaban siendo monitoreados por patrullas de la Policía Federal y por los Centros de Control de la Policía Estatal (C4) de Iguala y de Chilpancingo. Un agente de Inteligencia entrevistado por el GIEI reconoció haber realizado acciones de vigilancia en las afueras de Iguala a los estudiantes de uno de los buses, vestido de civil en una motocicleta particular.
Uno de los grupos de estudiantes logró detener un tercer autobús; siete estudiantes se subieron y acordaron con el conductor en trasladar a los pasajeros hasta la Terminal de Iguala y luego sumarse a los buses ya secuestrados para regresar a Ayotzinapa. Sin embargo, al llegar a la Terminal, los siete estudiantes son retenidos. Se comunican con sus compañeros, que abandonan los dos puntos en los que se ubicaban en las afueras de Iguala para ir en ayuda de los estudiantes retenidos en la Terminal. Ya eran alrededor de las 21 horas.
Una de las versiones oficiales indica que los estudiantes fueron a Iguala con el propósito de manifestarse contra una actividad prevista para ese día a las 18 horas en la Plaza Central, en la que María de los Ángeles Pineda, esposa del Alcalde, daría un informe de gestión. Esa actividad se realizó sin ningún contratiempo ni manifestación; concluyó a las 19.30 horas, cuando los estudiantes ni siquiera habían ingresado a la ciudad.
Ya en la Terminal de Iguala, los estudiantes se reunifican y secuestran otros tres buses. En el intento de salir de la ciudad, se desata el caos. Tres buses van en un sentido y otros dos salen de la Terminal en direcciones diferentes. Patrullas de la Policía Municipal siguen a los cinco buses controlados por los estudiantes, con disparos al aire de fusiles de asalto en primera instancia. Los estudiantes responden con piedras. Finalmente los buses no superan los bloqueos dispuestos por las patrullas y los disparos se concentran sobre los buses. En el convoy de tres buses -ya detenido- cae herido el primer estudiante, Aldo Gutiérrez, por un disparo en la cabeza. Está en coma hasta hoy. En otro retén, los estudiantes se refugian en un cerro cercano a la autopista.
En los enfrentamientos participan directamente policías municipales de Iguala y Cocula, y en la coordinación operativa participan el Ejército, Policía Federal y la Policía Estatal.
Los ataques se suceden: pasada la medianoche se organiza una conferencia de prensa en el lugar de la primera balacera con apoyo de docentes del Estado de Guerrero y otro contingente de estudiantes llegados de la Normal de Ayotzinapa. Luego de culminada la conferencia, el grupo de estudiantes y docentes es atacado a quemarropa por la Policía Municipal; hay varios heridos y mueren dos estudiantes: Daniel Solís y Julio César Ramírez. En la desbandada aparece muerto otro estudiante: Julio César Mondragón. Otro autobús que trasladaba un equipo de fútbol y que nada tenía que ver con los estudiantes, es confundido y baleado por la Policía Municipal: tres personas muertas y decenas de heridos.
Ese nivel de violencia se mantuvo con el grupo de 43 estudiantes desaparecidos. Las versiones concuerdan en que fueron detenidos y trasladados a diversos establecimientos y “casas de control”. Luego, sobre qué fue de ellos, hay por lo menos cinco versiones distintas. La versión del asesinato, quema de los cuerpos en el basurero de Cocula y posterior ocultamiento de las cenizas por parte de un grupo narcomafioso es puesta en duda científicamente por el Informe del GIEI. Esta es una de las versiones oficiales divulgadas por la investigación de la Procuraduría General de la República.
Hasta la fecha, solo uno de los análisis de ADN en restos humanos encontrados en las fosas comunes localizadas en la región coincidió con uno de los estudiantes desaparecidos. Luego de un año de ocurridos los hechos, las respuestas oficiales son totalmente insuficientes y la “verdad histórica” se derrumbó. En el comunicado de la Secretaría de Gobernación que anuncia la reunión del presidente Peña Nieto con los padres de los desaparecidos, por segunda vez, el próximo 23 de septiembre, se subraya que “La Presidencia (…) continuará con la investigación hasta llegar al esclarecimiento de los hechos”.
*Sebastián Valdomir es Sociólogo, diputado Suplente por Montevideo del Espacio 609 MPP – Frente Amplio y coordinador de la Bancada Progresista del Parlamento del Mercosur.
Publicado en: Diario La República / tomado de mpp.org.uy