Una vez más, Venezuela atraviesa por momentos de graves amenazas al orden constitucional y a sus autoridades democráticamente establecidas. Registrado su inicio de manera formal el pasado 12 de febrero de 2014, las violentas protestas callejeras constituyen un episodio más de una ya larga ofensiva que la derecha venezolana inició desde que en 1998, el hoy fallecido comandante Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales, e inició un proceso de profunda transformación política, económica, social y cultural, conocida como Revolución Bolivariana.

Dentro de esta estrategia de fuerza y golpeteo a las instituciones, permanentemente apoyada y financiada por Estados Unidos, destaca en 2002 un golpe de Estado que desplazó de su cargo al presidente Chávez por 72 horas, un paro petrolero entre 2002 y 2003, un fracasado referéndum revocatorio en 2004, un boicot a las elecciones legislativas en 2005 y un sinnúmero de protestas y manifestaciones que generalmente han derivado en actos violentos y en la pérdida de vidas humanas.

Tras el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales extraordinarias de abril de 2013, organizadas para sustituir a Chávez tras su muerte el 5 de marzo de ese mismo año, la oposición ha continuado con un patrón de ataques multidimensionales tanto en las calles, como en los medios de comunicación que controlan en un 80%, así como a través de acciones de saboteo y acaparamiento de artículos de primera necesidad por quienes detentan el poder económico.

El antecedente inmediato de la presente coyuntura, se deriva del rechazo de la oposición al resultado de las últimas elecciones presidenciales y las acciones de corte terrorista que culminaron con el asesinato de una docena de militantes del chavismo en abril del año pasado, así como una campaña mediática nacional e internacional contra la institución electoral, planes e intentos de magnicidio, desabastecimiento de productos básicos, fuga de capitales, y ataques a la industria eléctrica y petrolera, llamada por el gobierno de Maduro como una “guerra económica”.

Las actuales protestas, que ya han cobrado la vida de 31 personas, una buena parte de ellas asesinadas por francotiradores ubicados en las retaguardias de las llamadas guarimbas (barricadas de los opositores), siguen el patrón del llamado “golpe suave”, expuesto en detalle por el politólogo estadounidense Gene Sharp, en el cual se delinean los pasos para derrocar a un gobierno buscando, en última instancia, la intervención extranjera.

Las demandas de los golpistas, en su mayoría, se contradicen con la realidad, pues exigen “libertad de expresión”, cuando además de controlar la mayoría de los medios masivos de desinformación, cuentan con el abierto apoyo de las grandes cadenas internacionales, que han establecido una campaña mundial contra el régimen de Maduro. Demandan “respeto a los derechos humanos”, cuando los cuerpos de seguridad sólo han contenido las protestas. Expresan sentidas quejas sobre la inseguridad, cuando precisamente las ciudades con mayores problemas sobre este rubro son aquellas gobernadas por la misma oposición. La derecha venezolana, en realidad, deja al descubierto que su verdadera intención es derrocar a un gobierno electo democráticamente bajo una rigurosa observación internacional.

Al no lograr vencer en el terreno político-electoral, sobre todo por la evidente ausencia de un proyecto de nación, la oposición opta por el enfrentamiento fuera de los cauces legales. Se encuentra acorralada. Basta recordar que el estrecho margen por el cual Maduro ganó las elecciones presidenciales en abril de 2013, 1.59% de diferencia sobre Capriles, fue ampliado a un 10% en diciembre pasado, cuando se celebraron comicios regionales en el país sudamericano.

Además, es importante señalar que en esta coyuntura la derecha ha quedado momentáneamente dividida entre un pequeño sector encabezado por Leopoldo López, la diputada Machado y algunos alcaldes, principales incitadores de la violencia, y el bloque mayoritario de la oposición, aglutinado en torno a Capriles, que no ha hecho eco de ese nivel de violencia de las manifestaciones, enfatizando la vía electoral. Incluso, una parte del sector empresarial ha asistido a los diálogos de paz convocados por el Presidente Maduro.

La actual ofensiva ha resultado contraproducente, pues sin duda una gran mayoría de la población rechaza la violencia. Como ejemplo de ello, destaca la reciente difusión en Telesur de un estudio de opinión aplicado por la encuestadora International Consulting Services (ICS), en el que revela que si el pasado jueves 20 de marzo se realizara una elección presidencial, Nicolás Maduro ganaría los comicios con el 55.8%, frente a un 33.7% que recibiría un candidato opositor.

La muerte de Hugo Chávez, el 5 de marzo de 2013, cimbró no sólo al pueblo venezolano y a los protagonistas de la Revolución Bolivariana de esta nación suramericana, sino, en general, a la izquierda latinoamericana y caribeña ante los alcances de la teoría y acción que desarrolló durante el proceso de transformación que encabezó en los últimos 15 años.

Los desafíos que dejó Chávez en Venezuela son muy grandes. Se trata de la consolidación de los pilares básicos de la transición hacia el socialismo frente a problemas básicos, como el combate frontal a la corrupción dentro del Estado, la estabilidad económica, el control de la inseguridad y la contención de las acciones golpistas de la oligarquía opositora.

Para avanzar, sin duda, Maduro tendrá que fortalecer el poder popular, esto es, las Comunas y las Misiones Bolivarianas; radicalizar el proceso socialista, como lo hizo Chávez, ante cada golpe de la derecha; profundizar el denominado gobierno de calle; corregir errores en la conducción económica y superar por completo el modelo rentista.

Venezuela está sufriendo el acecho del sector más reaccionario de la derecha y del permanente intervencionismo de Estados Unidos y sus aliados regionales. No sólo está en juego el futuro y la consolidación de la Revolución Bolivariana, sino también la propia estabilidad regional y el fortalecimiento de mecanismos de integración como ALBA, UNASUR, CELAC y MERCOSUR, que finalmente representan buena parte del legado de Chávez en su visión de construir la multipolaridad para alcanzar un mundo en el que las relaciones entre los países estén basadas en el derecho, el respeto y la igualdad.